El suboficial Daniel Palma recibió dos disparos en su cabeza la noche del 5 de abril, mientras realizaba un operativo en el centro de Santiago, convirtiéndose en la tercera víctima fatal de la policía chilena en menos de un mes.

El caso consternó al país y vino a agravar una crisis de seguridad que se ha ido profundizando en los últimos años en Chile.

Uno de los elementos que más preocupa es el incremento del narcotráfico, de la violencia y de los homicidios que, según cifras oficiales, aumentaron un 33% en 2022 con respecto del año anterior.

Para enfrentar este problema, en los últimos días el parlamento chileno aprobó una serie de leyes que le entregan una mayor protección a los policías que utilicen sus armas para su propia defensa y que elevan las penas para quienes atenten contra ellos.

El gobierno de Gabriel Boric, en tanto, está bajo presióny ha tenido que orientar gran parte de su agenda política a este tema que, por lo demás, es la mayor preocupación de los chilenos, según todas las encuestas.

Cox fue nombrado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para indagar la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos en Ayotzinapa, en septiembre de 2014. Para eso, tuvo que ir al fondo del mundo criminal, de la violencia y de las redes de corrupción que golpean al país que hoy preside Andrés Manuel López Obrador.

Desde esa experiencia, hoy mira el caso de Chile y reconoce estar preocupado por cómo está escalando el problema. Aunque, agrega, aún se está “lejos de México”.

En esta entrevista, el abogado habla del avance del narcotráfico en el país sudamericano, de las medidas que se están tomando para combatirlo y de lo que se puede aprender de la experiencia de otros países latinoamericanos en la lucha contra el crimen organizado.

¿Qué está pasando con la seguridad pública en Chile? ¿Cuál es la dimensión del problema?

Chile sigue siendo un país seguro si lo comparas con América Latina. Hay otros países, como Uruguay o Costa Rica, que tienen mejores niveles. Pero si tú comparas a Chile con México, Colombia, Perú o Ecuador, sigue siendo un país seguro.

Pero hay un germen de crimen organizado que no se puede negar. No nos podemos desentender del problema pues hay motivos para estar preocupados.

¿Qué motivos?

Últimamente hemos tenido una escalada fuerte de los homicidios.

En Chile era característico que los homicidios fueran con imputado conocido, es decir, entre personas que tenían algún vínculo o se conocían. Y ahora lo que está ocurriendo es que son con armas de fuego e imputado desconocido. Eso te da cuenta de que estamos pasando al sicariato o ajuste de cuentas o dinámicas que antes no eran frecuentes en este país y que generan temor.

La alerta es mayor en regiones del norte, donde la tasa de homicidios es más alta y donde se han incorporado organizaciones como el Tren de Aragua.

Además, un informe reciente de las Naciones Unidas dio cuenta de que el puerto de San Antonio (ubicado en la región de Valparaíso) era el puerto de origen de las mayores importaciones de cocaína en Europa, lo que claramente es otra alerta importante.

¿Qué rol está jugando el narcotráfico en el recrudecimiento de la violencia en Chile?

Está jugando un rol bastante importante porque es una forma de acceder a dinero, de obtener poder adquisitivo. Y rápidamente mutan de un negocio a otro.

Por eso, yo constantemente digo que el foco tiene que estar en la recuperación territorial, porque si tú ves la experiencia comparada, especialmente en México, te das cuenta de que los grupos narcos terminan controlando todo el territorio y la economía del territorio.

Entonces fijan los precios del agua, del pollo, de cosas que parecen menores pero que en la vida cotidiana de las personas son muy significativas. Y se pasan al delito de extorsión.

¿Eso ya está ocurriendo en algunas zonas en Chile?

Creo que sí. Lo que yo veo es que hay zonas claramente bajo el control de bandas.

Son extensiones territoriales más chicas de lo que uno ve en México porque el poder de fuego de estas bandas, si bien es importante, no alcanza a la de los carteles como Jalisco Nueva Generación, que es casi un ejército. Y eso tiene que ver con la vecindad con Estados Unidos, que es algo que generalmente se omite. La cantidad de armas que envía Estados Unidos a México y que terminan en manos de los carteles es un tema muy preocupante y que afortunadamente Chile no lo tiene.

En ese sentido, Chile todavía está lejos de México. No obstante, el problema del crimen organizado está escalando.

Los funerales narco son un fenómeno que preocupa en Chile y que antes no se veían con tanta frecuencia. ¿Son una señal del control de territorio por parte de las bandas?

Lo que llama la atención de estos funerales -y puede ser una estrategia de contención o de no generar más violencia- es que incluso se resguardan con policías. Se crean cordones policiales que los van acompañando.

Es bastante llamativo y es quizás una señal un poco desalentadora para los miembros de la comunidad que ven cómo a vista y paciencia de carabineros (policía de Chile) se dispara, se cometen delitos y no hay intervención. Eso genera una sensación de que hay un poder muy fuerte ahí.

Es claramente una señal y lo que yo siempre digo es que hay que tener cuidado con cómo se llega a ese acuerdo de darle resguardo policial a un funeral narco. En esos contactos hay que tener ojo porque se pueden fraguar acuerdos de otro tipo entre las fuerzas policiales y el crimen organizado.

Eso es algo que pudiste ver en México…

Exactamente. Vimos la cooptación en todos los niveles de distintas autoridades -la policía federal, la policía estatal, los miembros del ejército- que les dan resguardo y empiezan a convivir juntos y las fuerzas policiales terminan siendo parte de los servicios del narcotráfico.

Se habla de que en Chile hay una “nueva criminalidad” más violenta asociada a la llegada de delincuentes desde el extranjero. ¿Cuánto tienen que ver realmente las mafias internacionales con la crisis de seguridad que hoy afecta a Chile?

Aunque el porcentaje total de detenidos extranjeros sigue siendo bastante menor a la de los chilenos, no se puede negar que las dinámicas de la violencia de algunos de los extranjeros están aumentando.

Tampoco se puede negar que hay bandas extranjeras que explotan a sus propios connacionales. Es el caso de usurpación de inmuebles abandonados que estas bandas se los toman y los convierten en lugares para arrendar habitaciones.

Además, ha ocurrido que en los eventos recientes de asesinatos a carabineros ha habido venezolanos involucrados y eso obviamente genera una mayor preocupación y ayuda a la estigmatización de los extranjeros.

El parlamento chileno aprobó recientemente una ley (llamada Naín-Retamal) que le otorga más protección a las policías que utilicen su arma de servicio para su defensa. Hay algunos sectores que la han criticado pues, dicen, podría abrirle la puerta a excesos por parte de los uniformados. ¿Crees que esta es una medida que ayudará a la solución del problema?

Me parece que esa ley tiene poco o nada que ver con el combate a la delincuencia.

En Chile, los funcionarios policiales siempre han tenido la facultad de proteger su vida y la de un tercero. Tienen incluso la posibilidad de disparar en caso de fuga de un detenido.

Por lo tanto, creo que se creó una sensación de que con esta ley se estaba dando una solución que, en mi opinión, no es real porque no viene a cubrir un déficit que tenían los policías en el combate a la delincuencia.

La debilidad de carabineros tiene que ver con sus instrumentos. Se deben destrabar temas administrativos, se les debe dar apoyo, capacitación, conocimiento y técnicas para la investigación. También herramientas tecnológicas y mejor equipamiento.

Entonces ¿crees que la clase política no está respondiendo de forma correcta?

Se hacen muchas declaraciones estridentes sin que se ponga el foco en los problemas reales. Hay mucha emotividad en todo esto.

Hay sectores que culpan al gobierno de Gabriel Boric por el recrudecimiento de la violencia pues, dicen, él no la condenó con fuerza en el pasado ni tampoco respaldó a la policía en el contexto del estallido social de 2019.

No hay ninguna vinculación entre las críticas que hizo en su momento el presidente Boric respecto de abusos policiales -que además fueron documentados por organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos- con el crimen organizado.

Ver ese vínculo me parece que no es entender el problema y es tratar de sacar una ventaja política.

Lo que produjo la desconfianza hacia la policía chilena no fueron las declaraciones sino los hechos: hubo un fraude millonario, luego hubo muchas personas con daño ocular durante las protestas de 2019, y también casos como la Operación Huracán, donde se fabricaron pruebas para inculpar a personas.

Por otra parte, la crisis de seguridad viene ocurriendo desde hace tiempo. El fenómeno del sicariato ya se estaba viendo de antes y también se veían ocupaciones territoriales como murales de personas vinculadas al narcotráfico que han muerto y que no se pueden tocar por temor a las represalias.

El problema ha sido arrastrado por distintas autoridades y antes no se le dio la importancia suficiente. No se capacitó ni entregaron las herramientas a las policías.

Me parece que es una mala señal el que no se pueda criticar ni fiscalizar los excesos policiales en determinados procedimientos. Es una exigencia que uno tiene que hacerle a los funcionarios para que cumplan con su deber.

Has dicho que esa falta de fiscalización es lo que puede llevar a las policías a pactar con bandas criminales…

La experiencia mexicana de lo que ocurrió con este súper policía Genaro García Luna te demuestra que, si no tienes una policía a la cual puedes cuestionar o fiscalizar, muchas veces termina siendo cooptada por algunos de estos grupos.

Los que están más expuestos son los que están en contacto permanente, los que investigan, los que persiguen al narcotraficante.

Por ejemplo, en un principio los Zetas fueron fuerzas especiales del ejército mexicano que los mandaron a combatir el narcotráfico en el norte.

Y en este contacto cotidiano en zonas alejadas lo que sucedió es que terminaron prestándole servicios al Cartel del Golfo y luego hicieron un nuevo cartel. Y ahí es cuando empezó la escalada sanguinaria.

Entonces hay que tener controles permanentes. Que la ciudadanía también pueda cuestionar. Y que no se vea como que están avalando al crimen organizado sino que justamente estás evitando que se produzca una situación de corrupción.

El gobierno de Gabriel Boric ha dicho que está evaluando la construcción de otra cárcel de máxima seguridad. ¿Eso va en línea con la solución del problema?

Es necesario mejorar las cárceles en Chile para que no terminen siendo el centro de operación de los grupos criminales, que es algo que suele ocurrir.

Pero la sola construcción de una cárcel, sin la implementación de elementos que mantengan el control hacia afuera, no va a resolver el problema.

También han anunciado la renovación de la flota vehicular de los policías, el mejoramiento de su sistema de comunicaciones y el fortalecimiento de su equipo…

Me parece que son medidas que van en la línea correcta, es el enfoque que se debe hacer.

Lo importante es que haya un análisis del fenómeno delictual más que el caso a caso. Esto tiene que ver con centralizar la información para dirigir estratégicamente las investigaciones. La dotación de implementos necesarios a los policías sin duda que es necesario y muy importante.

¿Qué puede aprender Chile de otros países latinoamericanos a la hora de combatir el crimen organizado?

Es difícil porque hay muchos autores que dicen que la famosa guerra contra el narco ha sido muy poco efectiva.

Pero lo que sí se puede aprender es que se debe tener una mirada más estratégica, más de contexto, usar los implementos, usar herramientas de colaboración eficaz de manera inteligente y así poder desarticular.

¿Es El Salvador, en su lucha contra las maras, un ejemplo?

El Salvador no es un ejemplo pero es algo de lo que hay que hacerse cargo. Simplemente condenar sin entender cuál es el problema de fondo -que es que la ciudadanía no podía salir de su casa ni ejercer sus derechos-, es un error.

Pero no es una solución de fondo. No se puede mantener a un país con estado de excepción para siempre ni tampoco puedes seguir encarcelando a miles de personas, no da.

BBC MUNDO