“Ya sabemos todos los movimientos que haces, dónde vas, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Ya sabemos dónde tomas trago en Montelíbano. Mejor dicho, sabemos todo de ti. No te vamos a perdonar lo que estás haciendo”.

El periodista colombiano Rafael Moreno recibió el pasado mes de julio una nota con esta amenaza y una bala en su interior. Llevaba años documentando y denunciando la corrupción que, según sus investigaciones, asolaba el departamento de Córdoba, en el norte de Colombia.

Moreno, sin embargo, no estaba dispuesto a achantarse, y en un video en sus redes sociales se dirigió a aquellos que lo amenazaban, según él, políticos locales: “Si me van a matar, mátenme. Pero les digo de frente: no me van a silenciar”.

A Moreno lo mataron el pasado 16 de octubre.

Un hombre con la cara cubierta entró en Rafo Parrilla, el local de comida rápida que el periodista de Voces de Córdoba regentaba y le disparó tres tiros.

Sin embargo, tal y como había pronosticado él mismo, no fue silenciado.

Tres horas antes de ser asesinado, Moreno publicaba en su cuenta de Facebook que en unos días tenía previsto viajar a Bogotá para reunirse con otros miembros de Forbidden Stories, una red de periodistas que busca proteger y continuar el trabajo de reporteros víctimas de amenazas.

“Con la red SafeBox Network”, explicaba la captura de pantalla que acompañaba el mensaje de Moreno, “los periodistas amenazados mantienen a salvo su información sensible, compartiéndola con Forbidden Stories. En caso de ser secuestrados, encarcelados o asesinados, Forbidden Stories y sus socios podrán continuar sus investigaciones y difundirlas a nivel internacional“.

Una treintena de periodistas internacionales de esta red han tenido acceso a sus documentos, salvaguardados mediante ese mecanismo, y han podido seguir con las investigaciones que él había iniciado.

Enemigos

Nadie ha sido detenido, por ahora, por su asesinato, aunque Rafael Moreno tenía muchos enemigos.

En su objetivo se encontraban a menudo funcionarios públicos, cargos electos y empresarios que Moreno acusaba de embolsarse millones de pesos a través de comisiones fraudulentas.

Nacido en Puerto Libertador, Moreno no tenía formación académica como periodista, pero sí un instinto afilado y un deseo de denunciar todo aquello que no funcionaba a su alrededor.

Para ello, había desarrollado un método concienzudo y muy eficaz: buscaba los contratos de obra pública del departamento, accesibles en las páginas web de la administración, y se dedicaba a analizar los presupuestos y los planes ejecutivos. Luego visitaba las obras y se entrevistaba con vecinos para comprobar si se habían llevado a cabo como estipulaba el contrato, o si se habían producido retrasos o irregularidades.

Sin haber pasado por una facultad de periodismo ni por ningún medio de comunicación tradicional, Moreno entendía a la perfección la esencia del reporterismo: pisar calle y verificar datos.

Fundó en 2018 el medio digital Voces de Córdoba, que hoy cuenta con más de 56.000 seguidores y que se centra en el periodismo de investigación, fundamentalmente en las localidades de San José de Uré, Puerto Libertador y Montelíbano.

La región, una zona corredor en la que opera el narcotráfico, es especialmente peligrosa y está dominada por el Clan del Golfo, uno de los cárteles más peligrosos del mundo.

Según la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), una organización colombiana que hace un seguimiento de los atropellos contra los informadores en el país, Rafael Moreno fue uno de los primeros periodistas que empezó a investigar sobre la corrupción en el sur de Córdoba.

“Su liderazgo periodístico inspiró a más colegas, desafió a los poderosos y a los violentos, y lo convirtió en una de las voces principales de su región“, señalaba la organización en un comunicado poco después de su muerte.

En Voces de Córdoba, pero también en su página personal, Moreno publicaba a menudo videos en los que mostraba sus investigaciones, como el que grabó en el estadio municipal de Puerto Libertador, “uno de los elefantes blancos más grandes que tiene el sur de Córdoba”, denunciaba el periodista, que lo había bautizado como “Estadio la eternidad”, porque nunca llegó a inaugurarse.

El estadio había costado una fortuna en una región pobre y falta de recursos e infraestructuras, y sus denuncias causaron la indignación de los vecinos.

Tras la firma de los acuerdos de paz entre el Gobierno y las FARC, en 2016, el Estado ha destinado casi US$100 millones para proyectos en el departamento, particularmente afectado por el conflicto armado, que debían de ser destinados a programas educativos, infraestructuras y vivienda.

Pocos escapaban a su escrutinio, ya fueran políticos, empresarios o incluso amigos.

Uno de los primeros investigados fue, de hecho, el hombre que había sido su mentor.

Interesado desde joven por la política, Moreno se involucró en la campaña de un político local, Espedito Duque, para alcanzar la alcaldía. En 2015 finalmente lo consiguió y Moreno empezó a trabajar para el nuevo regidor.

Pero al cabo de los meses, Moreno quedó decepcionado al no ver producirse los cambios que deseaba para la localidad y ver cómo se repetían, según él, esquemas del pasado.

Abandonó la política y se puso a investigar a la administración de Duque y, posteriormente, a la de su sucesor, Eder John Soto.

El periodista intentó demostrar que una red de clientelismo se había apoderado, según sus investigaciones, del municipio, con la que un puñado de empresarios cercanos al alcalde lograban hacerse con la mayoría de los contratos públicos.

Entre sus denuncias se cuentan carreteras que no llegaron a terminarse, el uso de canteras ilegales para la construcción o transportes escolares en los que se hacinaba a los niños o incluso que los llevaban en el techo de los vehículos a pesar de que el municipio había pagado supuestamente una fortuna por el servicio.

Moreno también puso en el punto de mira al clan Calle, una de las seis familias políticas que se disputan el poder en Córdoba, y a varias empresas mineras que operan sin permiso, según el reportero, en la región.

Tras su muerte, la red de periodistas de Forbidden Stories, que tiene su sede en Francia, ha retomado sus investigaciones y han seguido sacando a la luz, a veces con nuevas pruebas, las irregularidades que Rafael Moreno destapó. Lo han llamado “Proyecto Rafael”.

Según el consorcio, cuyos reporteros cotejaron la documentación conseguida por Moreno y se desplazaron a diferentes comunidades para hablar con sus vecinos, las empresas mineras “extraían recursos sin permisos ambientales, sin consultar a las comunidades indígenas o causando daños ambientales y a la salud de las poblaciones aledañas”.

También han ahondado sobre los millones de dólares de dinero público desviados, aseguran, en el departamento de Córdoba, donde la presunta corrupción masiva “ha revelado un sistema de favoritismo en la adjudicación de contratos públicos”.

“Matar al mensajero no matará el mensaje“, ha asegurado el director de Forbidden Stories, Laurent Richard, para quien la continuación de las investigaciones de los periodistas asesinados no es una “cuestión de reflejo fraternal, sino de nuestro deber de informar a la opinión pública sobre estos grandes temas -ya sean delitos medioambientales, corrupción, violaciones de los derechos humanos- que amenazan cada vez más a los periodistas”.

Rafael Moreno empezó a recibir amenazas en 2019, un año después de abrir Voces de Córdoba. Entre mayo de 2020 y julio de 2022 hubo seis intimidaciones más, según la documentación recogida por FLIP. “Ninguna de esas agresiones fue esclarecida, pues no se supo quiénes estaban detrás de ellas, ni los intereses que tenían para querer censurar el trabajo de Rafael”, afirma la organización en un comunicado.

Al periodista se le asignó un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección, que constaba de un chaleco, un botón de pánico y un escolta, que no estaba en Rafo Parrilla la tarde en la que Moreno fue asesinado y al que los familiares y amigos del reportero dijeron no conocer, según FLIP.

La violencia letal contra la prensa, que en Colombia se ha cobrado la vida de decenas de informadores, “se ha ramificado y alcanzado a reporteros y reporteras en distintos rincones del país”, dejando un vacío de información allí donde los periodistas han sido acallados, según la Fundación para la Libertad de Prensa.

“El silencio, como lo saben quienes permanecen en las zonas más violentas, no es una opción, sino la única posibilidad para sobrevivir“.

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