Comentarios en redes sociales y en medio de comunicación han sido la arena de discusión entre el presidente y el fiscal general de la Nación
Hacia el mediodía del martes 9 de mayo de 2023, se tiene previsto una reunión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, con los presidentes de las altas cortes del país; lo que generó controversia, es que el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, no fue invitado –aunque– el jefe del ente acusador no estará para esta fecha en el país.
Al almuerzo asistirán el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Castillo; el presidente del Consejo de Estado, Jaime Rodríguez; la presidente de la Constitucional, Diana Fajardo; el presidente de la Judicatura, Aurelio Rodríguez; la jefa de gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Justicia, Néstor Osuna; y el secretario jurídico de Presidencia, Vladimir Fernández.
Esta es la segunda cita que el jefe de Estado tiene con los presidentes de las cortes; la primera fue cuando se reunieron para hablar de la adición presupuestal del 2023, y la propuesta de la necesidad de 4 despachos judiciales en diferentes puntos del territorio nacional.
Lo que se sabe hasta el momento es que el presidente Gustavo Petro mantendrá una conversación con los presidentes de las altas cortes sobre la acalorada discusión que tuvo con el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, al parecer, la intención es bajar el ‘voltaje’ a la situación con la cabeza visible del ente acusador.
Sobre la discusión entre Barbosa y Petro, el magistrado José Fernando Reyes Cuartas, vicepresidente de la Corte Constitucional, en un evento en Medellín señaló que la Corte desde su creación “ha sido la perfecta guardiana de la Constitución, la soberana protectora de los derechos humanos”.
Además, agregó que: “La Corte estará ahí, y recién ha hecho un pronunciamiento importante, y es que como quiera que en el pasado reciente se han saltado ciertas formas, se ha eludido el control de la Constitución, la Corte se ha tomado en serio su papel y ha advertido que suspenderá las leyes que puedan decirse son grotescamente inconstitucionales”.
El origen de la acalorada discusión
Todo cuando empezó el presidente Gustavo Petro citó un artículo periodístico en el que señalaban a Daniel Hernández (un fiscal designado) de tener vínculos y alianzas con la banda criminal del Clan del Golfo.
“El señor presidente retuiteó una publicación de la Nueva Prensa del supuesto periodista Gonzalo Guillen en la cual manifiesta que yo he patrocinado y coadyuvado más de 200 homicidios del Clan del Golfo, masacres y desapariciones forzadas, una situación que es una total falsedad”, dijo el fiscal Hernández en su acusación.
En dicho artículo, se denunció que Hernández bloqueó las investigaciones en contra del grupo paramilitar en la costa norte de Colombia.
De acuerdo con lo denunciado por el periodista Gonzalo Guillén, Daniel Hernández recibió alertas e informaciones policiales sobre más de 200 homicidios que iban a ser cometidos por el Clan del Golfo en la costa norte, “pero permitió que se cometieran y enseguida comenzó a proteger a los 14 asesinos principales, quienes permanecen libres y continúan delinquiendo”, se lee en la investigación periodística.
“Hernández ha debido citar a comités urgentes de trabajo por estar en juego la vida de seres humanos y asignar tareas y comunicarse con la embajada de Estados Unidos, porque hay narcotráfico, y solicitar órdenes de captura. Pero nunca hizo nada”, le declaró un investigador del caso a La Nueva Prensa.
Después de conocerse la publicación del medio de comunicación, Gustavo Petro utilizó sus redes sociales para comentar el artículo:
“El Estado no puede cruzarse de brazos ante las denuncias tan graves que viene haciendo el periodista Guillén sobre centenares de homicidios y desaparición de ciudadanos por el Clan del Golfo. De ello informó con antelación un funcionario del CTI a altos miembros de la Fiscalía y estos se negaron a actuar, permitiendo las muertes”, trinó el presidente.
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