Sobre el pacto firmado entre el Gobierno y la extinta guerrilla de las FARC, un avance importante es la inclusión de su implementación en un capítulo específico, una obligación incumplida en 2019 por la administración de Iván Duque. Además de quedar aprobados más recursos para su puesta en marcha, el plan trae cambios en el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), mecanismos para coordinar entidades como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, entre otras.

Plan Nacional de Desarrollo: lo que le hundió el Congreso al gobierno Petro | El Espectador

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En la recta final se hundió el artículo que instaba a que las entidades del Estado se comprometieran a implementar las recomendaciones del Informe Final de la Comisión de la Verdad. A pesar de esto, expertos en el tema afirman que lo aprobado en temas de paz supera con creces los primeros borradores del PND que apenas tocaban puntos específicos. “En el avance de la inclusión se evidencia la inclusión de artículos que dan más responsabilidades para el Estado, por ejemplo en aspectos donde la implementación va muy atrasada. Ahí está el tema de reincorporación, los temas de reforma rural integral y de las políticas públicas del Acuerdo de Paz, para ser más preciso, los planes nacionales sectoriales”, explicó a Colombia+20 David Cárdenas, asesor de paz de la Corporación Viva la Ciudadanía.

Cárdenas agrega que también hubo algunos que nunca se abordaron, a pesar de la incidencia que hubo para que se acogieran, como la financiación del Acuerdo Final.

Aquí las claves y alcances de lo aprobado:

Recursos para la paz y para las víctimas del conflicto

Lo que más se destaca es que los recursos comprometidos en esta materia pasaron de 43,5 billones (Gobierno Duque) a 50,4 billones, lo que supone un aumento del 16%. “El problema es que no se precisó si esa plata será para proyectos, programas, planes del Acuerdo Final o si es que es el desarrollo de políticas públicas del Estado que van a tener el título de Paz y que van a hacer en territorios PDET, pero que no son esenciales del Acuerdo. De hecho, podrían ser parte de Paz Total”, detalla.

La financiación de proyectos, políticas y programas para la construcción de la paz quedó en el artículo 7, pero afirma que su cumplimiento quedará en el Plan Plurianual de Inversiones para la Paz -del que no se conoce aún su versión final-. “Como no quedó tan detallado en el PND cómo se harán esas inversiones y cuánta plata quedó destinada, sino que se estableció en las bases del plan plurianual, entonces esos elementos están sujetas a un criterio de interpretación”, dice.

Este punto es especialmente importante dada las afirmaciones del presidente Gustavo Petro en abril pasado cuando afirmó que no había dinero ni para la implementación del Acuerdo de Paz ni para la reparación de víctimas. “Yo sí quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 billones (…) ¿de dónde voy a sacar 150 billones?”, dijo Petro en su momento.

Sobre el plan de acción para acelerar el pago de las indemnizaciones para las víctimas del conflicto, en el artículo 8 quedó contemplado que debe este debe ser adelantado en un plazo de 18 meses y que deben participar la Unidad de Víctimas, el Departamento Nacional de Planeación y el Ministerio de Hacienda. Este artículo comprende que el Gobierno adapte “herramientas y acciones institucionales” para superar las dificultades operativas para esos pagos.

Ese artículo fue una pelea que dieron las curules de paz en el Congreso, sin embargo, para Cárdenas, no es claro de dónde saldrá esa financiación.

¿Qué se hará con el Plan Marco de Implementación (PMI) del Acuerdo de Paz?

Este mecanismo de política pública que se estableció en 2016 a través de un Conpes (Consejo Nacional de Política Económica y Social) permitía que se pudiera hacer seguimiento al cumplimiento del Acuerdo de Paz. Allí se definieron costos y metas que durante cuatro años quedaron detenidas por la administración de Iván Duque. El Gobierno de Petro lo retoma en el artículo 15 del Plan Nacional de Desarrollo para “superar esos rezagos”. En ese punto también da lineamientos para los informes periódicos.

Cárdenas afirma que si bien hay que destacar el destrabe de ese punto del Acuerdo, no se hizo una actualización de los recursos ni del estado actual del PMI. De acuerdo con su análisis, ese plan también dependía de medidas que estaban establecidas en el tiempo de acuerdo con cómo avanzara la implementación y muchas de ellas no se cumplieron.

“El Plan Marco de Implementación de 2016 comparado con el que se tiene que ejecutar ahora es mucho más caro por varias razones, la inflación, por ejemplo. Además, los costos de inversión que se requerían para cumplir con ese plan ya no coinciden en muchos casos por situación territoriales específicas. Por ejemplo, en el tema de reincorporación se tiene en cuenta que hay espacios territoriales en Ituango. Ahí ya no existe esos ETCR. El de Mesetas se va a mover y eso implica actualizaciones que se hicieron”, explica.

Los OCAD-PAZ en el Plan Nacional de Desarrollo

En julio de 2022, se conoció del escándalo de corrupción que señalaba que los recursos de regalías destinados a financiar iniciativas en los municipios más afectados por el conflicto, a través del OCAD-Paz, terminaban siendo usados para pagar coimas y así aprobar proyectos que presentaban los territorios priorizados por el Acuerdo de Paz en los PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial).

Foto: Cathy Juvinao

De acuerdo con la investigación revelada por Blu Radio, se habrían pagado alrededor de $500.000 millones en sobornos a congresistas, funcionarios del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y de la Contraloría.

A pesar de esto, el Gobierno de Petro decidió continuar el mecanismo de OCAD-Paz, denominado en el artículo 16 como Asignación para la paz, lo que para entidades como Viva la Ciudadanía o al proyecto Del Capitolio Al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) significa no atacar el problema principal que es la intermediación de funcionaros en la adjudicación de los proyectos.

“El mecanismo del OCAD-Paz lo creó Duque y Petro lo que hizo fue intentar volverlo menos susceptible a la corrupción, blindarlo. Pero lo que debió pasar era la modificación. Había que volver al origen de la financiación para la paz, que era un mecanismo que asignaba la plata a los Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) por medio de proyectos generales que no tuvieran que depender de la intermediación ni de alcaldes, gobernadore o senadores”, explica Cárdenas, quien agrega que esta continuidad afirma la integralidad del Acuerdo de Paz.

“Con esto quiero decir que si siguiera el plan original del Acuerdo de Paz, los PDET deberían tener todos los planes nacionales de la reforma rural integral. ¿Qué hizo Duque? Desbarató esa integralidad y dijo que se presentaron proyectos y que cada uno de ellos fuera financiado. Eso podría ser una carretera, una escuela, pero eso sacrificó la integralidad del Acuerdo Final”, afirma.

Carolina Varela, coordinadora del proyecto Del Capitolio Al Territorio de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) que hace unos días publicó una serie de alertas sobre el PND, dice que además hay un problema en general sobre de dónde saldrán el dinero para ello.

“De los recursos en general planteados en el Plan Nacional de Desarrollo, pero específicamente del OCAD-Paz, nosotros dijimos que hay una apuesta ambiciosa por subir los recursos y no sabemos de dónde van a salir. Como lo de OCAD-Paz eran unos adelantos lo que pensamos desde el proyecto es que se están agotando. En ese orden, en relación a presupuesto queda lo que esté en el Presupuesto General y en el Sistema General de Participaciones, pero ahí tenemos las mismas dudas de siempre que son si eso dinero sí se implementa en proyectos específicos para la paz o si es lo que generalmente se le da a los municipios sobre educación, salud, saneamiento, etc, que no se hacen exclusivamente por el Acuerdo de Paz”, detalla.

Además Varela, afirma que no solamente en el OCAD-Paz, sino en el resto de los programas, mecanismos y políticas les faltó incluir un buen sistema de rendición de cuentas de cara a cumplir con la transparencia de entrega de recursos.

Restitución de tierras

El primer punto del Acuerdo de Paz es una cuestión de honor para el presidente Petro que ha hecho de eso una bandera de su Gobierno. Prueba de ello es que casi el 83% de los recursos de implementación se destinarán a la Reforma Rural Integral, un punto que estuvo estancado durante la anterior administración.

La polémica de la “expropiación exprés” se llevó el protagonismo de este tema, que sin embargo, logró sacar adelante en los artículos 56 y 31 algunas de las formas para el reconocimiento de segundos ocupantes en el tema de tierras y la compra de tierras para la reforma agraria.

ELESPECTADOR