Una de las razones que provocó el descontento social en Colombia durante los últimos dos años del gobierno del expresidente Iván Duque y que desembocó en el paro nacional fue la poca efectividad para proteger la vida y la integridad de los líderes sociales y los defensores de Derechos Humanos, y aunque con el cambio de mandatario se esperaba que este flagelo parara, lo cierto es que con la administración de Gustavo Petro, que ha mostrado intención de frenar el exterminio de estas personas, la grave situación humanitaria permanece igual.

De acuerdo con el informe anual de la organización Somos Defensores, en 2022 hubo un incremento del 42 % en los homicidios de estas personas que trabajan por los mínimos humanitarios de quienes habitan en el territorio nacional, con 197 crímenes más con respecto al 2021.

Esta cifra, que es similar a la reportada por otros organismos como la Defensoría del Pueblo (215) o Indepaz (189), “casi iguala la cifra del 2020 cuando se registraron 199 asesinatos, el número más alto de personas defensoras asesinadas en un año confirmado por nuestro sistema de información”, destacaron en la ONG.

“Para el Programa Somos Defensores sigue siendo de suma preocupación la persistencia de la violencia contra las personas defensoras de derechos humanos y liderazgos sociales y en especial el incremento de un 42 % de los asesinatos en el 2022 en relación con el 2021″, afirmó Lourdes Castro, coordinadora de la organización.

En 2022 se confirmó “una tendencia de persistencia de la violencia selectiva en el país”, ya que además de los asesinatos se produjeron “840 agresiones de diferente tipo que muestran la diversidad de hechos violentos a los que se enfrentan los liderazgos sociales y las personas defensoras de derechos humanos”.

“Se reconoce que todas las formas de violencia son graves y generan afectaciones a las vidas de quienes defienden los derechos”, afirma el informe, que pone especialmente su preocupación en los asesinatos.

“Que este tipo de casos siga incrementándose preocupa porque decenas de personas siguen siendo asesinadas cada año y los procesos sociales de los que hacían parte se ven seriamente afectados sin que existan medidas efectivas para frenar esta situación”, se extrae del documento.

Año de transición

El año pasado fue un año de transición o “cambio de partitura” como lo denomina el informe, donde el Gobierno del uribista Iván Duque, cuyo partido se opuso al acuerdo de paz con las FARC, dio paso al primer presidente de izquierdas de Colombia, Gustavo Petro, lo que no ha supuesto, como resaltan, una bajada en la muerte de defensores.

Somos Defensores aseguró que Duque dejó un legado que “no pudo ser peor” con el “crecimiento y expansión de las estructuras armadas al margen de la ley durante su gobierno”, por lo que cuando Petro cogió la batuta lo hizo con “un panorama de reconfiguración de las dinámicas de conflicto armado con una geometría variable territorial compleja”.

El Gobierno de Petro tomó este panorama “a ritmo de jazz”, recuerda Somos Defensores, como una forma de mostrar los “giros inesperados y desafíos que implica explorar con todas las estructuras armadas al margen de la ley posibilidades para que dejen de serlo, con miras a desescalar el conflicto y así disminuir en lo inmediato las agresiones que sufren las comunidades”.

“Nos encontramos así en un interludio en el que la melodía es diferente a la que sonaba en años anteriores, más calmada, más esperanzadora”, asegura el informe, pero eso no quita que, como recogen las palabras de Hernando Toro, fiscal encargado de la Unidad Especial de Investigación (UEI), 2022 “fue el más cruel para los líderes sociales en cuanto a cantidad de asesinatos”.

Castro reconoció “la voluntad política del actual Gobierno para hacer frente a la situación”, con políticas como el plan de emergencia para la protección para personas defensoras, liderazgos sociales y firmantes de paz.

Estas políticas, según Somos Defensores, no se han trasladado a los órganos de control e investigación. La Fiscalía, por ejemplo, no avanza lo suficiente en la investigación de los asesinatos y otros órganos, como la Procuraduría “continúan en deuda con la situación”.

Pero consideró necesaria una evaluación conjunta entre organizaciones y el Gobierno del “impacto real de su implementación para hacer los ajustes y cambios que se estimen pertinentes” en el marco de la paz total.

(Con información de EFE)

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