También formulará cargos al hijo del excandidato, David Zuluaga, y a la exministra Cecilia Álvarez; además, el ente investigador informó que fue archivada una investigación en contra de la exministra de Educación, Gina María Parody D’echeona
En la mañana de este 13 de junio, la Fiscalía General de la Nación dio a conocer que tras una larga investigación imputará cargos al excandidato presidencial del Centro Democrático Óscar Iván Zuluaga Escobar; a su hijo, David Zuluaga Martínez, quien fungió en la campaña como gerente; y la exministra de Transporte, Cecilia Elvira Álvarez Correa-Glen, por el caso de corrupción de la empresa brasileña Odebrecht.
En su comunicado, el ente judicial mencionó que la decisión se da: “En atención al abundante material de pruebas obtenido”, en este sentido señala que durante la campaña política que lideró el político de derecha se habría dado un aporte aproximado de 1′610.000 dólares por cuenta de la compañía extranjera, luego de varias reuniones que sostuvo Zuluaga Escobar con Eleuberto Antonio Martorelli, exdirector de Odebrecht en Colombia y quien ya fue sancionado por la Procuraduría por delitos en el marco de este caso, en el apartamento que tiene el excandidato del Centro Democrático en su apartamento de Bogotá durante el 2014.
“Con esta actuación se habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extrajeras para campañas electorales”, explicó la Fiscalía y agregó que con lo anterior se puede determinar que Zuluaga tenía conocimiento de los aportes ilícitos que habrían entrado para su campaña presidencial y que fueron omitidos en la rendición de cuenta que debían presentar ante el Consejo Nación Electoral (CNE).
En cuanto al hijo del político, teniendo en cuenta lo anterior y su papel en la campaña, sus funciones habrían sido fundamentales en el ocultamiento de la entrada del dinero a la campaña electoral y es por esto que ambos deberán responder por los delitos de falsedad en documentos privados, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Exministra de Transporte, Cecilia Álvarez – Exministra d Educación Gina Parody.En cuanto a la exministra Álvarez, su relación con el ‘caso Odebrecht’ radica en que entre el 2012 y 2014, cuando ejercía su cargo en el Gobierno de Juan Manuel Santos, mediante una resolución desde la cartera de Transporte, favoreció los intereses de la multinacional permitiendo que bajo la concesión de la Ruta del Sol se instalaran dos nuevas estaciones de peajes y se subiera el cobro a cinco estaciones que ya estaban en funcionamiento sin previo estudio o aval de otras entidades importantes en el proceso como el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis) y el Consejo Nacional de Política Económica (Conpes).
“Es evidente el interés particular en el caso que le impedía a la señora Álvarez Correa-Glen participar en la adición del tramo Ocaña-Gamarra, pues antes de asumir el Ministerio de Transporte hizo parte de la junta directiva de varias sociedades vinculadas a la construcción del citado proyecto portuario con enfoque multimodal”, agrega el ente, que finalmente determina que la exfuncionaria deberá responder por el delito de interés indebidos en la celebración de contratos.
Finalmente, la Fiscalía explicó que en el caso de Gina Parody se decidió archivar el caso por las acusaciones que la relacionaban con el caso debido a que al valorar los elementos probatorios no se encontró ningún tipo de prueba que pudiera relacionarla con un delito de interés ilícitos en la celebración de contratos, pues, cuando fungió como ministra de Educación en su cargo no tenía poder alguno sobre las contrataciones que estaba haciendo el Gobierno en cuanto a la construcción de la Ruta del Sol ni relación alguna con el objetivo que tenía este proyecto.
Además, “la Fiscalía no ha encontrado evidencia que muestre que la exministra Parody D’echeona aportó al posible actuar ilícito de su pareja (Cecilia Álvarez Correa) en la comisión de conductas contra la administración pública”.
