En el evento, el defensor del Pueblo Carlos Camargo hizo un análisis de las dinámicas de la violencia por prejuicio en el ámbito sociocultural e institucional y presentar a la ciudadanía Lgbti en el país.

En 2022, la Defensoría del Pueblo atendió 394 casos de violencia por prejuicio, de los cuales 238 fueron por violencia contra personas transgénero, 61 contra mujeres lesbianas, 123 contra hombres gais y 21 contra personas bisexuales. Las principales violencias registradas fueron psicológicas, con 211 casos; física, con 93; violencia intrafamiliar, con 52; violencia sexual, con 27, y fueron acompañados 34 casos de personas migrantes.

Algo de historia

Antes de ahondar en los detalles del informe defensorial es importante conocer la historia de lucha de la población Lgbti en Colombia.

Mientras en el mundo se gestaba un movimiento de liberación y lucha por los derechos de los homosexuales, lesbianas y personas transgénero por el levantamiento que generaron los disturbios de Stonewall en 1967, en Colombia no se podía levantar la voz en contra de la violencia y estigmatización a las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, ya que pertenecer a esa minoría social, para la época era considerado un delito.

De acuerdo con lo establecido por el código penal colombiano de 1890, en el artículo 419: “La persona que abusare de otra de su mismo sexo, y esta, si lo consintiere, siendo púber, sufrirán de tres a seis años de reclusión”. Pese a que la ley criminalizaba el abuso, si la ‘víctima’ confesaba que hubo consentimiento, también se convertía en transgresora y era condenada. Así, por muchos años en Colombia se castigaron las expresiones homoeróticas y demás muestras de amor diverso en el territorio nacional.

A pesar de las múltiples prohibiciones, en el territorio nacional se gestaron movimientos de liberación homosexual a mediados del siglo XIX. Según la Corporación Caribe Afirmativo: “El primer grupo de liberación gay en Colombia nació en los años 40. Estaba compuesto completamente por hombres y era llamado los ‘Felipitos’. Era clandestino y limitado a un pequeño grupo de individuos de las clases altas. Su propósito era simplemente crear un espacio para socializar. Los primeros bares gay aparecieron también durante este periodo”.

En Medellín, el antioqueño León Zuleta y el bogotano Manuel Velandia dieron origen al ‘Movimiento por la Liberación Homosexual’, entrando a la historia colombiana por ser los organizadores de la primera marcha del orgullo gay en el país.

En la foto se ve uno de los carteles exhibidos en la primera marcha. En la imagen se ve a uno de los pioneros del movimiento: León Zuleta

Por otra parte, según pudo establecer la Alcaldía de Bogotá, para 1972 en la capital colombiana se dio: “La apertura de los primeros sitios de encuentro y socialización de hombres gay, eran lugares clandestinos donde estos ciudadanos se podían conocer y crear redes de apoyo y amistad. Los más famosos eran conocidos como Arlequín, el Farol y Yango”.

Aunque ya se gestaban movimientos de lucha por los derechos de la población Lgbti en Colombia, no fue hasta el 23 de enero de 1980 que el Gobierno de Julio César Turbay Ayala, a través del Ministerio de Justicia, expidió el Decreto-Ley 100 con el que se despenalizaron los actos afectivos/sexuales en personas del mismo género. Ese logro fue alcanzado gracias a las acciones jurídicas de Manuel Antonio Velandia junto con otros abogados.

En entrevista con Infobae Colombia, Manuel Velandia dijo que la captura de los homosexuales y trans dependía de los dueños de los bares, ya que, si ellos pagaban extorsiones a los policías, estos no arrestaban a nadie. “Parqueaban la entrada del camión en la puerta del bar, de tal manera que no había forma de huir. Cobraban prebendas en especie: o se la mamábamos a los policías, o les dábamos plata”, dijo.

Pese a esos actos de discriminación y violencia, el Movimiento por la Liberación Homosexual siguió con su activismo y el 28 de junio de 1983 convocó a la primera marcha Lgbti de Colombia, que se llevó a cabo en Bogotá con la participación de 30 personas aproximadamente.

En una entrevista con Infobae Colombia, el activista Manuel Velandia habló del significado de la palabra ‘marica’, de la evolución de la lucha de la comunidad LGBTIQ+ en el país, y de las razones por las cuales es importante seguir visibilizando las problemáticas que aquejan a esta población. Imágenes Archivo Particular Manuel Antonio Velandia Mora

Con la marcha del 83 se marcó un precedente en la larga lucha de la población Lgbti en Colombia, que ha estado manchada de sangre e injusticia, tal y como le pasó a León Zuleta, quien fue asesinado en Medellín en el año 1993. La muerte de Zuleta no se investigó oficialmente, pero se presume que fue un crimen por su activismo homosexual, ya que había recibido varias amenazas por su lucha social a favor de las personas homosexuales en Colombia.

Un panorama actual

Como la muerte de León Zuleta, son muchos los casos de violencia basada en el prejuicio y la discriminación hacia la población LGBTI en Colombia. Según la Defensoría delegada para los Derechos de las Mujeres y Asuntos de Género de la Defensoría del Pueblo: “La violencia por prejuicio es una forma de violencia derivada de percepciones negativas y estereotipos que desencadenan acciones de violencia, entre ellas, la discriminación en contra de mujeres lesbianas, hombres gais, personas bisexuales, mujeres y hombres transgénero y personas no binarias”.

El pasado 17 de mayo de 2023, en Barranquilla, la Defensoría del Pueblo realizó la primera audiencia defensorial exclusiva para la población Lgbti, donde presentó un informe sobre el panorama en materia de violación de derechos hacia esta población registrados a nivel nacional.

En el documento titulado Una radiografía del prejuicio: Informe anual 2022 de derechos humanos de personas OSIGD-LGBTI y balance de la Política Pública Nacional 2019-2022 en Colombia, se detallan los actos de discriminación y violencias por prejuicio contra las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, denominadas Osigd, en la familia, la escuela, las comunidades, la sociedad y el Estado.

El pasado 30 de junio se llevaron a cabo los galardones León Zuleta, en su versión número XV, que congregó experiencias de trabajo con la población OSIGD en el país.

Para desarrollar el trabajo investigativo la Defensoría del Pueblo, a través de su Oficina Delegada para los Derechos de las Mujeres y los Asuntos de Género, se basó en el trabajo de campo de las duplas de género, un modelo de atención en el cual equipos psicojurídicos, conformados por una profesional en derecho y una en ciencias sociales o psicología, ubicado en las defensorías regionales de Colombia.

En su primer apartado, Violencias por prejuicio, la entidad detalló tres ámbitos: de tipo sociocultural, institucional y homicidios o feminicidios. La Defensoría estipuló que los actos violentos son de discriminación y prejuicio de discriminación y prejuicio, que se basan también en el rechazo a la víctima por ser lo que es.

Las duplas de género acompañaron, durante el 2022, 52 casos de violencia en el contexto de la familia, 42 de ellos contra personas con orientación sexual diversa y 10 contra personas con experiencia de vida trans. En el 24% de los casos el agresor fue la pareja, en el 33% la expareja y en el 43% otro familiar.

Por otra parte, el ente garante de los derechos acompañó 31 casos de amenazas contra ejercicios de liderazgo Lgbti en 2022, de los cuales 13 fueron contra hombres gais, 11 contra mujeres transgénero, 3 contra mujeres lesbianas, 3 contra hombres transgénero y 1 contra un hombre bisexual.

Los casos se reportaron en Cundinamarca y Bogotá, con 4 hechos respectivamente; seguidos de Boyacá, Bolívar, Cauca, Magdalena, Magdalena Medio con 3 hechos cada uno; Chocó, Quindío y Norte de Santander con 2 hechos cada uno, y Valle del Cauca y Meta con un hecho cada uno.

La entidad identificó 87 asesinatos de personas Osigd durante el año anterior, que se distribuyeron de la siguiente forma:

De acuerdo con la defensoría, en 20 departamentos del país ocurrieron homicidios o feminicidios contra la población Lgbti.

De acuerdo con la investigación de la Defensoría del Pueblo: “Análisis de la conducta reflejan que la principal causa de muerte se dio a causa de heridas por arma cortopunzante, seguida de arma de fuego, asfixia y 7 casos de tortura”, de los cuales, 31 casos se presentaron en vía pública, 7 en establecimientos de comercio, 25 en lugares de residencia de las víctimas, 2 en los lugares de trabajo de las víctimas y del restante no se tuvo información.

Finalmente, en cuanto a la violencia institucional, la entidad determinó que esta se presenta en cinco ámbitos: salud, educación, laboral, abuso policial, en contextos de prostitución y en centros carcelarios.

“La violencia por perjuicio, es perpetrada por parte de las autoridades encargadas de atender y materializar los derechos de esta población y se arraiga por la interiorización de representaciones sociales y estereotipos negativos hacia los mismos, por lo cual se menoscaban sus derechos y libertades”, aseveró la Defensoría del Pueblo.

El estudio sostiene que, en la mayoría de los casos, la respuesta institucional es alejarse de su papel como tercero imparcial y se sitúa del lado del agresor, reduciendo así esta población, humillando, descalificando, culpabilizando, jerarquizando o naturalizando la violencia por prejuicio. Además, las instituciones desconocen sus deberes con la protección integral de esta población, ignorando por completo el enfoque de género y de orientaciones sexuales e identidades de género.

La eficacia de la institucionalidad

En el estudio de respuestas dadas por el Gobierno a los requerimientos de las cifras de violencia contra la población Lgbti, la Defensoría del Pueblo determinó que: “Existen múltiples falencias en los sistemas de información, lo que impide que las problemáticas de las personas Osigd sean visibilizadas, analizadas y atendidas de manera efectiva”.

La entidad indicó que existe la necesidad de redoblar los esfuerzos para mejorar la calidad y cantidad de información registrada y así garantizar la incorporación del enfoque diferencial. Sin embargo, la Defensoría dijo que con el nuevo Gobierno y la instauración de su plan nacional de desarrollo se espera el fortalecimiento de la aplicación estricta del enfoque de género en ministerios, entidades descentralizadas y oficinas misionales, con el propósito de conformar el Ministerio de Igualdad y Equidad.

Al respecto Roberto Quiroga, director del portal web informativo Revista Lgbti, indicó: “El panorama de derechos está mejorando lentamente, con respecto a otros países estamos bien. Se han logrado muchos derechos y bajar la discriminación, no en la medida que se esperaba, pero se nota el trabajo”.

Con el paso de los años, la población Lgbti ha ganado sus luchas y ha hecho visible la obligación del Estado de garantizar sus derechos. REUTERS/Nathalia Angarita

En ese orden de ideas Magda Cárdenas Suárez, integrante del movimiento social Lgbti, dijo: “Hay una gran normatividad gracias a la Corte Constitucional en materia de educación, de salud, derecho a la identidad, niños y niñas Lgbt; sin embargo, todas esas órdenes y sentencias no se han podido materializar principalmente en los territorios, en las ciudades capitales es más fácil hablar de una mediana garantía de derechos”.

Cárdenas indicó que, aunque las instituciones del Estado conocen la normativa, como el Decreto 762 de 2018 de política pública Lgtbi, en los territorios no se conoce y las entidades encargadas de materializar dichos derechos, no la quieren implementar pese a conocerlo. Además, la integrante del movimiento social Lgbti dio a conocer que en lo corrido del 2023 van 30 asesinatos de personas pertenecientes a la población. “El acceso a la justicia sigue siendo menos del 10% en estos casos”, agregó Magda Cárdenas.

Frente a la creación del ministerio de la Igualdad, Roberto Quiroga dijo que desde la población existen muchas expectativas, pero pidió que haya: “Empatía, coordinación e integración, entre ese ministerio y las personas de los sectores sociales Lgbti, no solamente con los líderes, sino que tienen que ir a la base, los que están viviendo la cruda realidad, la persecución, discriminación y asesinatos”.

Por su parte, Magda Cárdenas indicó que el ministerio de la Igualdad es un sueño materializado para muchas organizaciones, que esperan que sea un vehículo de avance que permita concretar los derechos de las personas Lgbti. “Esperamos que haya una transversalidad de este ministerio a través de este ministerio en todos los ministerios del Gobierno. Esperamos que más allá de la imagen, que se realicen las acciones, porque acompañar una movilización es importante, pero si eso solo se ve en mayo o en junio, pero los demás meses no ¿Qué pasa con la garantía de derechos?”.

Finalmente, Cárdenas hizo un llamado a los colombianos para que se promulgue el respeto y la inclusión en la sociedad. “Es una necesidad, un país que ya ha soportado la violencia política, un conflicto armado de más de 50 años necesita volver a creer, necesita esperanza y la paz necesita de las diversidades como las diversidades necesitamos la paz”, puntualizó.