El analista político, afín al Centro Democrático, explicó los motivos por los cuales, en caso de comprobarse que se habrían violado los topes de la campaña electoral, tanto el jefe de Estado como su fórmula no podrían seguir en sus cargos
Ante las revelaciones de Nicolás Petro Burgos existe incertidumbre sobre lo que podría suceder con el actual Gobierno, pues el exdiputado del Atlántico indicó que, a la campaña de su padre, el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, habría ingresado recursos de origen ilícito, con lo que no solo se habrían violado los topes electorales si no que se habrían cometido conductas penales.
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En caso de comprobarse de que entraron dineros calientes a la aspiración del candidato del Pacto Histórico, quien ganó los comicios el 19 de junio de 2022, en las investigaciones que adelanta la Fiscalía General de la Nación, su caso podría causar un fuerte “temblor” en el Ejecutivo; que no solo tendría en riesgo la estabilidad del mandatario sino de su fórmula, la vicepresidenta Francia Márquez Mina.
Al menos así lo considera el abogado constitucionalista y analista político, Rafael Nieto Loaiza, quien en una columna de opinión, publicada en el portal La Linterna Azul, explicó los alcances jurídicos que tendría este escándalo en el Gobierno del Cambio.
¿Qué dijo Rafael Nieto Loaiza del escándalo que salpica a Gustavo Petro?
Nieto Loaiza, quien fue viceministro del Interior y de Justicia durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez y precandidato a la presidencia por el Centro Democrático en las elecciones de 2018, indicó que, en caso de que se comprueben estos delitos de tipo penal y electoral, no solo Petro abandonará el Gobierno; sino también su vicepresidenta.
“Responsabilidad penal de Gustavo Petro: habría que probar que sabía de los aportes no reportados. En ese caso, la Comisión de Acusaciones de la Cámara tendría que acusarlo ante el Senado. Admitida públicamente la denuncia, el Presidente quedaría suspendido de su cargo y deberá ser puesto a disposición de la Corte Suprema, a quien le corresponde el juicio criminal”, advirtió el constitucionalista.
Rafael Nieto Loaiza, exprecandidato presidencial del Centro Democrático en 2018. Foto Diego Pineda/ColprensaAsimismo, recordó que el Código Penal Colombiano, debido a la Ley 1864 de 2017, establece nuevas reglas. Entre ellas, señaló, es delito que los gerentes y los candidatos reciban recursos de lo que denominó “fuentes prohibidas” para financiar las campañas y que se excedan los topes o límites de gastos establecidos por la autoridad electoral.
“Las penas son de 4 a 8 años. También tiene la misma pena el que no informe de sus aportes a las campañas electorales. Podría también incurrirse en falsedad en documento privado (las cuentas de la campaña), en fraude procesal (al buscar inducir a error al Consejo Nacional), y, si se prueba que los distintos responsables se han puesto de acuerdo para realizar esas conductas delictivas, habría concierto para delinquir”, manifestó Nieto.
A su vez, recordó el artículo 109 de la Constitución, en el que se menciona que “la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de la investidura o del cargo”.
La relación entre el presidente Gustavo Petro Urrego y su hijo Nicolás Petro Burgos atraviesa por su peor momento. El exdiputado se negó a recibir a su padre en el búnker de la Fiscalía. Foto @NicolasPetroB/Twitter¿Por qué Francia Márquez también se iría del Gobierno?
En su exposición, Rafael Nieto enfatizó que, en caso tal de que no hubiera responsabilidad penal, en el sentido de que no se pueda comprobar que el jefe de Estado tenía conocimiento del ingreso de dichos recursos; pero queda evidenciado que existiría violación de los topes, no solo él (Gustavo Petro) perdería su puesto.
“Además, como los dineros recibidos que entraron a la campaña y los gastos no reportados beneficiaron no solo a Petro, sino también a su fórmula vicepresidencial, en caso de que fuera suspendido o destituido, no cabría que Francia Márquez se hiciera cargo”, resaltó el abogado en su escrito.
Pero lo más impactante, en caso de que se den los demás escenarios, es quien asumiría la presidencia de la República sería el presidente del Congreso: el recién elegido Iván Name, del partido Alianza Verde, quien ejercerá en el cargo hasta el 20 de julio de 2024; o, si se da después, quien lo suceda en el mismo.
¿Cuáles eran los topes en las elecciones de 2022?
De acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), los límites para la primera vuelta presidencial, que se llevó a cabo el 29 de mayo de 2022, eran de $28.536.520.492 por candidato; mientras que Petro habría reportado ingresos, según Nieto Loaiza, por $28.384.680.001; es decir, solo 152 millones de pesos por debajo del tope fijado.
Llama la atención, según expuso el abogado en su columna, que en cuanto a las donaciones individuales solo se haya reportado una: por $2 millones, hecha por Camilo Ramón Mejía.
Por su parte, para la segunda vuelta presidencial, que se efectuó el 19 de junio de 2022, el tope fue $13.347.457.427; en tanto que la campaña Petro Presidente reportó gastos de $13.199.709.794; solo 148 millones debajo del límite, y manifestó Nieto Loaiza, con solo una donación individual: la de Luis Gabriel González, por $30 millones.
“En resumen, ninguno de los aportes de Santander Lopesierra e (Alfonso) Hilsaca y los demás de los cuales habla Nicolás Petro fueron reportados. Con esos ingresos (o con los gastos relacionados con testigos y asesores internacionales) se violarían los topes”, remarcó el letrado, uno de los aliados del expresidente Álvaro Uribe.
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