El presidente Gustavo Petro firmó la resolución que confirma a Salvatore Mancuso como gestor de paz, sin embargo, el exlíder paramilitar aún tiene abiertos varios procesos judiciales y condenas.

El 24 de julio la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bogotá le concedió a Mancuso la libertad condicional por cuatro años como “prueba” ante su sometimiento y voluntad de entregar información a la Justicia Especial para la Paz.

La medida entraría en vigor una vez Mancuso llegue a suelo colombiano, toda vez que se encuentra recluido por delitos relacionados al narcotráfico en el Centro de Detención Stewart de Georgia (Estados Unidos).

A pesar de esa condena en EE. UU., Mancuso tiene dos condenas impartidas por el tribunal de Justicia y Paz en 2014 correspondientes a ocho años por 1.500 delitos relacionados con masacres, homicidio agravado, homicidio en persona protegida, desplazamiento forzado y tortura.

Del mismo modo, también tiene cuentas pendientes con la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el otro sistema de justicia transicional. Mancuso señaló que financió la conformación de grupos armados ilegales e hizo referencias al apoyo que brindó con las denominadas Convivir en los departamentos de Antioquia y Córdoba.

También, ante la justicia ordinaria, el exlíder paramilitar es acusado por la Fiscalía por lavado de activos después de su desmovilización, en alianza con la empresaria del chance Enilce López, alias ‘la Gata’. Según el ente investigador, la alianza superó los 200 mil millones de pesos. Si esto se llegara a comprobar, sería excluido de Justicia y Paz y sometido a condenas de hasta 40 años de prisión.

Otro de los procesos que se abrieron fue originado por las declaraciones que rindió recientemente donde habló de la financiación de los grupos paramilitares y el apoyo a campañas presidenciales. También queda pendiente la entrega de grabaciones donde se habla de supuestos funcionarios del gobierno Uribe y militares que habrían apoyado a los paramilitares.

Orden de captura con fines de extradición

Sin embargo el Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá había dejado en firme el 24 de julio la orden de captura con fines de extradición contra el exjefe paramilitar, luego de estudiar una solicitud que hizo la defensa de Mancuso para desestimar la orden de captura que hay en su contra. De acuerdo con la magistrada del caso, este no cumple con los requisitos para este trámite, ya que aún tiene pendientes varios procesos en Colombia.

“El pasado 6 de marzo, el Juzgado de Instancia dio lectura a la decisión mediante la cual negó la libertad a prueba al postulado Salvatore Mancuso Gómez, bajo el argumento de diferir su propia decisión hasta el momento en el que el postulado sea repatriado a Colombia y dejado a disposición de aquel despacho, donde verificaría si continuó cumpliendo las obligaciones impuestas en los fallos transicionales, como asistir a los actos de desagravio, solicitud de perdón, compromisos de verdad, entrega de bienes, reparación y no repetición”, señaló el documento del Tribunal.

“Compulsar copias disciplinarias a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, para que se investigue las presuntas faltas disciplinarias en las que pudo haber incurrido la titular del juzgado de instancia, al momento de revocar las órdenes de captura con fines de extradición libradas al postulado Salvatore Mancuso”, indica el Tribunal.

El anuncio de Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro hizo el anuncio sobre el nombramiento de Mancuso como gestor de paz a través de Twitter:

“El proceso de paz entre el gobierno de Uribe y los paramilitares aún no ha terminado, aún no se sabe toda la verdad, las haciendas entregadas en parte se han perdido en manos del estado recicladas a nuevos grupos que heredan el paramilitarismo, muchos cuerpos de víctimas aún no han sido encontrados. Para terminar el proceso y lograr la completa paz he decidido nombrar a Salvatore Mancuso como gestor de paz”.

A lo que el exjefe paramilitar le respondió: “Recibo esta decisión con la misma convicción con la que ha sido tomada, la de trabajar por lograr una paz total, integral, absoluta y duradera, que pueda ser heredada por otras generaciones de colombianos que no merecen vivir lo que nosotros torpemente hemos vivido”.

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