Pereira, 15 de agosto de 2023.
En el marco del segundo Consejo ordinario de Política Social de este año fue aprobada la Política Pública para el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada de Risaralda, un paso fundamental para tener la sanción legal de la Asamblea Departamental.
Así las cosas, en las próximas semanas se consolidaría este proceso que inició a finales del año 2020 como uno de los propósitos del gobierno Sentimiento de Todos y que da respuesta a una de las mayores preocupaciones del gobernador Victor Manuel Tamayo.
Luis Felipe Giraldo, nutricionista adscrito a la secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social explicó el proceso que ha surtido dicha política para que hoy sea una realidad “luego de un trabajo conjunto con la comisión intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, el ICBF, las Universidades Nacional, Libre de Pereira, Tecnológica de Pereira y UNISARC de Santa Rosa de Cabal permitió la construcción de insumos técnicos para el desarrollo de mesas de participación con todas las poblaciones, se realizaron 25 mesas de participación, un sondeo virtual y un diagnóstico que permitió conocer el estado de seguridad alimentaria y nutricional del departamento”.
De igual forma, el funcionario preciso que con la aprobación esta política pública que tendrá 10 años de vigencia el departamento trasciende del concepto de asistencialismo a incorporar la soberanía y autonomía alimentaria, dos temas que permiten impactar el campo agrícola y pecuario del departamento, articulando los programas sociales con la producción y los circuitos cortos de comercialización de alimentos desde perspectivas convencionales y alternativas.
De esta manera, se estaría cumpliendo con los 4 objetivos específicos de cada una de las líneas de acción de la Política Pública: disponibilidad, accesibilidad, consumo y fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Finalmente, y con el apoyo de la secretaría de Planeación Departamental, en los siguientes días se radicará en el documento en la Asamblea Departamental para su respectiva sanción.
Pereira, 15 de agosto de 2023.
En el marco del segundo Consejo ordinario de Política Social de este año fue aprobada la Política Pública para el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada de Risaralda, un paso fundamental para tener la sanción legal de la Asamblea Departamental.
Así las cosas, en las próximas semanas se consolidaría este proceso que inició a finales del año 2020 como uno de los propósitos del gobierno Sentimiento de Todos y que da respuesta a una de las mayores preocupaciones del gobernador Victor Manuel Tamayo.
Luis Felipe Giraldo, nutricionista adscrito a la secretaría de Mujer, Familia y Desarrollo Social explicó el proceso que ha surtido dicha política para que hoy sea una realidad “luego de un trabajo conjunto con la comisión intersectorial de seguridad alimentaria y nutricional, el ICBF, las Universidades Nacional, Libre de Pereira, Tecnológica de Pereira y UNISARC de Santa Rosa de Cabal permitió la construcción de insumos técnicos para el desarrollo de mesas de participación con todas las poblaciones, se realizaron 25 mesas de participación, un sondeo virtual y un diagnóstico que permitió conocer el estado de seguridad alimentaria y nutricional del departamento”.
De igual forma, el funcionario preciso que con la aprobación esta política pública que tendrá 10 años de vigencia el departamento trasciende del concepto de asistencialismo a incorporar la soberanía y autonomía alimentaria, dos temas que permiten impactar el campo agrícola y pecuario del departamento, articulando los programas sociales con la producción y los circuitos cortos de comercialización de alimentos desde perspectivas convencionales y alternativas.
De esta manera, se estaría cumpliendo con los 4 objetivos específicos de cada una de las líneas de acción de la Política Pública: disponibilidad, accesibilidad, consumo y fortalecimiento de las capacidades institucionales.
Finalmente, y con el apoyo de la secretaría de Planeación Departamental, en los siguientes días se radicará en el documento en la Asamblea Departamental para su respectiva sanción.
