La Defensoría del Pueblo alertó en las últimas horas sobres enfrentamientos entre el clan del Golfo y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que mantiene una tensa situación de orden público en San Miguel, Medio San Juan, del departamento de Chocó.

El fuego cruzado ocasionó que el ELN impusiera un nuevo paro armado, apenas 13 días después de que iniciara el cese al fuego con el Gobierno nacional. “Rechazamos los enfrentamientos entre las AGC – Clan del Golfo y el ELN en San Miguel, Medio San Juan (Chocó), lo que generó un paro armado ordenado por ELN. Las comunidades están en riesgo de desplazamiento y confinamiento”, señaló la Defensoría.

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Según comentó la entidad, a sus funcionarios han llegado varias denuncias de la comunidad que alertan por restricciones a la movilidad para fortalecer sus tropas contra miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, con las que se han disputado las rutas del narcotráfico en el Chocó y el control del territorio.

Foto de archivo. Guerrilleros del izquierdista Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia descansan frente a una casa cerca del río San Juan, en las selvas del departamento de Chocó. Foto: REUTERS/Federico Ríos

Se presume que la orden del paro armado, que representaría una violación al acuerdo de cese al fuego, fue decretada por el frente de guerra occidental Omar Gómez, quien en las últimas horas emitió un comunicado informando de enfrentamientos con el grupo paramilitar.

“El día lunes 14 de agosto de 2023, desde las 9:40 a.m. hasta las 2:20 p.m., unidades guerrilleras del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez combaten contra paramilitares del Clan del Golfo que se encontraban en el caño Cocoperro, corregimiento San Miguel, en el departamento del Chocó. Como resultado de esta acción fueron dados de baja cuatro paramilitares y cuatro más heridos. Entre los muertos está el segundo al mando, alias W o Trilli”, señalan los elenos.

En el documento presentado por el ELN, también se deja en evidencia enfrentamientos con frentes de las disidencias de las Farc en el departamento del Valle del Cauca, además de presentar una dura advertencia a los grupos armados.

“Continúa el contubernio entre los paramilitares del Clan del Golfo, disidencias de las extintas Farc y las Fuerzas Militares en los departamentos del Chocó y Valle del Cauca. Es inocultable el apoyo que les brindan en terreno a estos mercenarios, en todos los combates que se realizan contra estos grupos criminales siempre reciben auxilio del Ejército o la Armada. Con cese al fuego o sin cese, las operaciones militares en conjunto entre paramilitares del Clan del Golfo, Disidencias y las Fuerzas Militares se mantienen y se intensifican”

El frente de guerra occidental Omar Gómez restringió la movilidad de la población civil en el municipio de Medio San Juan, Chocó. Foto: Twitter

El paro armado habría iniciado desde la media noche del 16 de agosto y se desconoce si terminó 24 horas después, como lo anunció el frente de guerra occidental Omar Gómez. “Se suspende el transporte de cualquier medio de transporte durante 24 horas en todo el río San Juan y sus afluentes, (…) todo esto para proteger a la población civil debido a la intensidad de los combates”, señalaron los elenos.

La restricción a la movilidad de la población civil en el municipio de Medio San Juan fue rechazado por la Defensoría del pueblo, quien destacó que ya envió un grupo para revisar las condiciones de la población. “Recordamos a los grupos armados ilegales que deben respetar los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario. Hacemos presencia en la subregión del Medio San Juan y realizamos monitoreo de la situación. Una vez cesen las acciones y se pueda ingresar a la zona, nuestro equipo verificará derechos”, indicó la entidad.

Asimismo, hizo una exigencia al Gobierno nacional para apersonarse de la situación que atentaría contra los acuerdos establecidos en las mesas de diálogo con ese grupo armado. “Solicitamos al Gobierno nacional y sus instituciones que, de manera inmediata, hagan presencia en la región para atender a las comunidades y garantizar sus derechos”, concluyó la defensoría.