La Corte Constitucional llevará a cabo una audiencia el 22 de agosto en la que se examinarán tres demandas en contra de la Ley 2272 de 2022, conocida como ‘Paz Total’, promulgada por el Gobierno Nacional bajo la presidencia de Gustavo Petro. Esta legislación ha sido objeto de críticas debido a los recurrentes ataques de grupos armados ilegales contra las fuerzas de seguridad.

La ponencia estará a cargo de los magistrados Natalia Ángel y Antonio José Lizarazo. Su objetivo es que los demandantes, las autoridades involucradas en la elaboración de la ley cuestionada, así como expertos y organizaciones en el tema, respondan a preguntas planteadas por la Corte sobre aspectos técnicos cruciales para resolver las demandas presentadas.

Durante la audiencia se discutirán cuatro puntos clave:

• Analizar el contexto de los agentes responsables de violaciones masivas a los derechos humanos, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Colombia.
• Examinar negociaciones pasadas con estos grupos armados.
• Evaluar la reincidencia y su impacto en las dinámicas de violencia en el país.
• Considerar las implicaciones del incumplimiento de acuerdos de paz anteriores y negociaciones.

La audiencia se transmitirá a través de las redes sociales de la Corte Constitucional (Facebook, Instagram, Twitter y Youtube), así como en la página web www.corteconstitucional.gov.co, comenzando a las 8:00 a. m..

El segundo punto se enfocará en profundizar en la constitucionalidad de la facultad de llevar a cabo conversaciones o acercamientos con “estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto”, y la de suspender las órdenes de captura en su contra. El tercer punto abordará la constitucionalidad de la facultad presidencial de designar como voceros a integrantes de organizaciones sociales y humanitarias privadas de la libertad, y las posibles consecuencias de tal designación.

El cuarto punto se relaciona con la constitucionalidad de llevar a cabo conversaciones y acercamientos con exmiembros de grupos armados ilegales, desmovilizados a través de acuerdos con el Estado, con el objetivo de lograr su sometimiento a la justicia y su desmantelamiento.

La audiencia contará con tres grupos de participantes: los demandantes, las autoridades (incluyendo al Gobierno Nacional, el Fiscal General de la Nación y el Ministerio Público) y organizaciones y expertos en temas de paz y negociación con grupos armados ilegales. Cada participante deberá responder a una serie de preguntas, y las autoridades citadas presentarán posteriormente un informe sobre el contenido de sus intervenciones en la audiencia.

“Esto no es Paz Total, sino guerra total”: Ingrid Betancourt

De acuerdo con el más reciente informe presentado por el ministro de Defensa, Iván Velásquez, los casos de secuestro se dispararon en un 90%, pasando de 154 a 293 en el primer año de gobierno de Gustavo Petro.

Igualmente, el balance del ministerio evidenció el aumento del hurto en un 24,6% y la extorsión en más del 100%.

Estas cifras, comparadas con los primeros 12 meses de mandato del expresidente Iván Duque, se traducen en más inseguridad para los colombianos, muchos de ellos constantemente expuestos a grupos de delincuencia ordinaria y estructuras armadas ilegales.

Ante el pronunciamiento del ministro Velásquez, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt cuestionó la Paz Total del Gobierno Petro, la cual, según dijo, impulsó el recrudecimiento de la violencia en Colombia.

“¡La ‘paz total’ disparó las cifras de hurto, extorsión, asesinato, y el secuestro aumentó en un 90%! Esto no es ‘paz total’ sino ‘guerra total’”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Petro nos está empujando al precipicio. La Paz Total está sirviendo para crear temor y anarquía”, agregó.

Ingrid Betancourt se refirió al aumento de casos de secuestro en Colombia. Captura de pantalla @IBetancourtCol/Twitter

Otras cifras entregadas en el informe del Ministerio de Defensa reportaron una baja del 54,4% en crímenes contra integrantes de la fuerza pública, y en los casos de lesiones personales (incluyendo delitos sexuales y violencia intrafamiliar).

Según los registros, del 16 de agosto de 2021 al 6 de agosto de 2022 se presentaron 171 hechos de crímenes contra agentes de las Fuerzas Militares y de Policía, número que bajó a 78 entre el 7 de agosto de 2022 y el 27 de julio de 2023.

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