La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a declarar al fiscal General, Francisco Barbosa y al alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, en audiencia pública de seguimiento al cumplimiento de medidas cautelares centradas en la protección establecidas para los excombatientes de las Farc que se encuentran en proceso de reincorporación.

De acuerdo con la decisión anunciada durante el miércoles 30 de agosto, también fueron llamados el director de la Unidad Especial de Investigación, Hernando Toro, y la encargada de la Unidad de Implementación del Acuerdo Final de Paz, Gloria Cuartas. Los funcionarios también tendrán que entregar un informe de cumplimiento de los mecanismos de seguridad para salvaguardar la vida de los exintegrantes de la antigua guerrilla.

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También fueron convocadas a la diligencia organizaciones sociales, delegados de la sociedad civil, colectivos de mujeres y un representante del partido Comunes para que intervengan en la jornada que se llevará a cabo el miércoles 20 de septiembre en las instalaciones de la JEP, en Bogotá.

Debido al incremento de asesinatos, desapariciones forzadas a excombatientes en proceso de reinserción a la vida civil, la Sección de Ausencia realizó en mayo de 2022 una diligencia de seguimiento a las órdenes elevadas a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía. Allí fue emitido un auto mediante el cual determinó que, en un plazo de 45 días posteriores a esa fecha, debía presentar un plan de acción orientado a mejorar el desarrollo de las investigaciones sobre conductas criminales.

Sin embargo, los crímenes contra firmantes del Acuerdo de Paz continuaron a pesar de que ese llamado fue extendido a la oficina del alto comisionado. En ese sentido, la Sección convocó a una diligencia pública para hacerle seguimiento al ‘Plan de Acción de la Política pública y criminal en materia de desmantelamiento de organizaciones y conductas criminales’.

En la decisión, la JEP reiteró al alto comisionado y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final que deben entregar una política pública y un plan de acción para el desmantelamiento de estructuras criminales con inclusión de enfoques de género, étnico, interseccional y territorial.

De igual manera, reclamó por “estrategias investigativas conforme a lo dispuesto al Decreto-Ley 154 de 2017 y las actuaciones que se han adelantado para que las entidades estatales lo incorporen en su propias políticas públicas institucionales.”

Con respecto a los ejes temáticos, la decisión detalló que la magistratura escuchará a las autoridades citadas sus versiones sobre el avance de las medidas adoptadas a nivel regional y nacional con relación a cinco temas: el Plan estratégico de protección, las garantías de protección y no estigmatización y el esclarecimiento, análisis y diseño de estrategias de investigación penal para la identificación y desmantelamiento de estructuras criminales o conductas que atenten contra defensores de derechos humanos, movimientos sociales y políticos o la misma implementación del Acuerdo Final de 2016.

La jurisdicción también escuchará a los citados sobre el abordaje del Plan Nacional de Desarrollo del actual Gobierno, así como la prioridad que tiene la implementación del Acuerdo y su proyección presupuestal. Como quinto punto, las partes llamadas tendrán que mencionar los adelantos de la política pública y el plan de acción para el desmantelamiento de grupos criminales y el plan estratégico de seguridad y protección.

“La situación de seguridad de los y las firmantes del Acuerdo Final de Paz continúa siendo crítica, con el asesinato del excombatiente el pasado 20 de agosto de 2023 en el municipio de Caldono departamento del Cauca, son 382 las personas en proceso de reincorporación víctimas de homicidio”, manifestó la JEP. De paso, recordó que en lo que va de 23 fueron asesinados 23 excombatientes.

INFOBAE