El 9 de septiembre, al finalizar la Cumbre Latinoamericana y del Caribe sobre las drogas, se conoció la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro: Sembrando vida desterramos el narcotráfico, que tendrá vigencia por los próximos 10 años. Entre los objetivos para 2026 está la reducción de 90.000 hectáreas de coca de uso ilícito, que se traducirá en una disminución del 43% en la producción de cocaína, y la eliminación de 11.823 millones de dosis del mercado.

La política de drogas, elaborada por el Ministerio de Justicia y que se conoció en El Espectador y W Radio, tendrá dos frentes de ataque, si se quiere, uno que dará oxígeno a los campesinos cultivadores de coca, amapola y cannabis, mientras se asfixia a los narcotraficantes, a través de la reducción de la producción de drogas y de su disponibilidad en los mercados internos y externos; la desestructuración de redes criminales. También se busca identificar y afectar las rentas ilegales, persiguiendo el lavado de activos.

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En el componente de asfixia de la política de drogas se advierte que se busca afectar a los actores estratégicos y de alto valor del sistema del narcotráfico al impactar la infraestructura destinada a la producción de drogas ilícitas de origen natural y sintético; el fortalecimiento de la interdicción marítima, fluvial, aérea y terrestre; la persecución de las finanzas ilegales y del lavado de activos; el uso estratégico y eficiente de la erradicación de cultivos; concertar los esfuerzos judiciales en la lucha contra el microtráfico; y combatir la corrupción asociada a la implementación de la política de drogas.

Así las cosas, el Gobierno nacional priorizará la destrucción de laboratorios de producción de cocaína y heroína, así como los de sustancias sintéticas como el fentanilo; además se busca fortalecer el sistema de registro, inspección y control a empresas de metalurgia que provean equipos para la producción de estas sustancias; así como a los insumos químicos utilizados en la producción de drogas.

La política de drogas también busca fortalecer el control a la comercialización de los insumos químicos utilizados en la producción de cocaína y heroína – crédito Rodrigo Abd/AP Foto

También se vigilará con mayor rigor la comercialización de cemento, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, permanganato de potasio, sustancias de corte y anhídrido acético, que son empleados en la producción de cocaína y heroína, pues se advierte que las políticas y regulaciones existentes han fracasado. Para esto se busca actualizar las normas existentes, mejorar las capacidades técnicas y tecnológicas, fortalecer los controles aduaneros, operativos, administrativos, judiciales y forenses.

En lo que tiene que ver con la interdicción e incautación, la nueva política de drogas contempla una actualización tecnológica con la adquisición de radares modernos, drones de alta autonomía, sistemas de detección de drogas, vehículos de patrulla marítima y fluvial, y equipos de inspección terrestre. A lo que hay que sumarle que se quiere fortalecer la cooperación internacional para establecer acuerdos de intercambio de información en tiempo real y la coordinación de operaciones conjuntas para mitigar el tráfico de estupefacientes.

La lucha contra el lavado de activos es otro de los puntos centrales de la política de drogas con lo que se busca asfixiar las economías ilegales identificando personas o empresas, bienes, activos o entidades que, “que, debido a su naturaleza, volumen o características, pueden ser instrumentalizados por grupos delictivos para ocultar o canalizar fondos ilícitos y así lavar el dinero proveniente de actividades delictivas”.

En materia de erradicación de los cultivos ilícitos, la política de drogas del Gobierno de Gustavo Petro advierte que se priorizará solamente la erradicación forzosa cuando estos excedan la medida establecida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, bajo la categoría de “cultivo de pequeño cultivador”.

Sobre esto el documento advierte: “La erradicación forzosa aplicará en los cultivos que: no se encuentren dentro de la categoría “pequeño cultivador”, expandan su área, sean sembrados después de la publicación de esta política (independientemente de su área), tengan infraestructura para la producción de base y clorhidrato de cocaína, incumplan compromisos de sustitución y otros mecanismos de tránsito a economías lícitas”.

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, le dijo a EFE que la nueva política de drogas crea “un abanico de posibilidades para el tránsito de economías ilegales a economías legales”, y que se busca apoyar negocios y otros cultivos y ofrecer terrenos de la reforma agraria comprados por el Estado, a pago por servicios ambientales para que “una vez arranquen la mata de coca, se dediquen a ser guardabosques” o al uso de hoja de coca para fines no narcóticos como fumigantes, comida y textiles, entre otros.

INFOBAE