El presidente rechazó lo ocurrido en el municipio de Córdoba, donde varios uniformados intimidaron y amenazaron a campesinos de la zona
Luego de conocerse lo ocurrido en el municipio Tierralta (Córdoba) durante el martes 12 de septiembre y las amenazas de integrantes del Ejército Nacional a campesinos y líderes sociales de la zona, el presidente Gustavo Petro rechazó este hecho y condenó un supuesto retorno de incursiones paramilitares al país.
:quality(85)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/infobae/Q4I3CJ3ND5BTLEL64HYE7WRCNU.jpg){kind=small}
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública”. De igual manera, sostuvo que este tipo de hechos no pueden presentarse en su Gobierno y exigió a las Fuerzas Militares adelantar las investigaciones correspondientes en conjunto con el Ejecutivo.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
“Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, agregó Petro. Dicho mensaje fue publicado sobre una declaración del general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, en la que anunció el despliegue de una comisión de alto nivel para verificar lo ocurrido en Córdoba.
El presidente rechazó cualquier incursión que sea entendida como un retorno del paramilitarismo en el país – crédito @petrogustavo/XSin embargo, el alto mando no confirmó la versión de que quienes incursionaron los terrenos y amenazaron a los campesinos sean efectivos adscritos al Batallón de Infantería No. 33 ‘Junín’. Por ese motivo dio a conocer la orden entregada a la Inspección del Comando General de las Fuerzas Militares.
También precisó que el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, se desplazará hasta la zona donde ocurrió esta situación para agilizar las labores de indagación.
Asimismo, “se puso en conocimiento de la autoridad competente, como lo es la Fiscalía General de la Nación, quien también en cumplimiento de sus funciones, está verificando los hechos para precisar si hubo o no participación directa de integrantes del Ejército Nacional”, según la declaración del general Giraldo.
En ese orden, la Fiscalía también comunicó que fue destinado un equipo de delegados e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos que también estará presente en el territorio.
Duro rechazo de la ONU
También durante el miércoles 13 de septiembre, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas rechazó el ataque contra los civiles a manos de integrantes de la fuerza pública e indicaron que tendrán presente el comunicado entregado por el Ejército y las demás instituciones estatales relacionadas con las indagaciones anunciadas.
De paso, instaron al Gobierno nacional a tomar acciones concretas para evitar más ataques de este tipo contra las poblaciones a manos de agentes del Estado. En esa línea, la Defensoría también llamó la atención de las autoridades civiles para que haya mayor celeridad en estas averiguaciones.
“Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta”. A su vez, dieron a conocer que un equipo de la regional Sur de Córdoba se reunió directamente el miércoles con la comunidad residente en Bocas del Manso, que viven a cinco horas de la cabecera municipal.
“Resulta muy grave que, además de los hechos de amenazas e intimidaciones, los líderes de la comunidad también denuncian un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena. Por lo tanto, las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, expresó el defensor Carlos Camargo.
El funcionario sostuvo al respecto que estas agresiones configuran una afrenta al derecho internacional humanitario y fracturan la confianza entre civiles y la fuerza pública, especialmente en esta zona del país, donde hay alta presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo).
“Seguiremos acompañando a las comunidades de esta región del país y buscando los mecanismos necesarios para que el Estado, en su conjunto, les garantice que este tipo de situaciones no se repitan”, enfatizó el defensor.
INFOBAE
El presidente rechazó lo ocurrido en el municipio de Córdoba, donde varios uniformados intimidaron y amenazaron a campesinos de la zona
Luego de conocerse lo ocurrido en el municipio Tierralta (Córdoba) durante el martes 12 de septiembre y las amenazas de integrantes del Ejército Nacional a campesinos y líderes sociales de la zona, el presidente Gustavo Petro rechazó este hecho y condenó un supuesto retorno de incursiones paramilitares al país.
A través de su cuenta de X, el jefe de Estado aseguró que “volver al paramilitarismo y al despojo de tierras sería el peor error militar de la fuerza pública”. De igual manera, sostuvo que este tipo de hechos no pueden presentarse en su Gobierno y exigió a las Fuerzas Militares adelantar las investigaciones correspondientes en conjunto con el Ejecutivo.
Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Google News.
“Es el mismo ejército quien debe presentar públicamente, al lado del gobierno, su propia investigación en estos hechos”, agregó Petro. Dicho mensaje fue publicado sobre una declaración del general Helder Giraldo, comandante de las Fuerzas Militares, en la que anunció el despliegue de una comisión de alto nivel para verificar lo ocurrido en Córdoba.
El presidente rechazó cualquier incursión que sea entendida como un retorno del paramilitarismo en el país – crédito @petrogustavo/XSin embargo, el alto mando no confirmó la versión de que quienes incursionaron los terrenos y amenazaron a los campesinos sean efectivos adscritos al Batallón de Infantería No. 33 ‘Junín’. Por ese motivo dio a conocer la orden entregada a la Inspección del Comando General de las Fuerzas Militares.
También precisó que el comandante del Ejército, general Luis Mauricio Ospina, se desplazará hasta la zona donde ocurrió esta situación para agilizar las labores de indagación.
Asimismo, “se puso en conocimiento de la autoridad competente, como lo es la Fiscalía General de la Nación, quien también en cumplimiento de sus funciones, está verificando los hechos para precisar si hubo o no participación directa de integrantes del Ejército Nacional”, según la declaración del general Giraldo.
En ese orden, la Fiscalía también comunicó que fue destinado un equipo de delegados e investigadores de la Dirección Nacional de Derechos Humanos que también estará presente en el territorio.
Duro rechazo de la ONU
También durante el miércoles 13 de septiembre, la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas rechazó el ataque contra los civiles a manos de integrantes de la fuerza pública e indicaron que tendrán presente el comunicado entregado por el Ejército y las demás instituciones estatales relacionadas con las indagaciones anunciadas.
De paso, instaron al Gobierno nacional a tomar acciones concretas para evitar más ataques de este tipo contra las poblaciones a manos de agentes del Estado. En esa línea, la Defensoría también llamó la atención de las autoridades civiles para que haya mayor celeridad en estas averiguaciones.
“Solicitamos a las autoridades civiles y militares adelantar con la mayor celeridad las investigaciones relacionadas con lo sucedido en Tierralta”. A su vez, dieron a conocer que un equipo de la regional Sur de Córdoba se reunió directamente el miércoles con la comunidad residente en Bocas del Manso, que viven a cinco horas de la cabecera municipal.
“Resulta muy grave que, además de los hechos de amenazas e intimidaciones, los líderes de la comunidad también denuncian un hecho de abuso sexual cometido contra una mujer indígena. Por lo tanto, las autoridades deben esclarecer esta situación a la brevedad y garantizar la seguridad para la población”, expresó el defensor Carlos Camargo.
El funcionario sostuvo al respecto que estas agresiones configuran una afrenta al derecho internacional humanitario y fracturan la confianza entre civiles y la fuerza pública, especialmente en esta zona del país, donde hay alta presencia de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo).
“Seguiremos acompañando a las comunidades de esta región del país y buscando los mecanismos necesarios para que el Estado, en su conjunto, les garantice que este tipo de situaciones no se repitan”, enfatizó el defensor.
INFOBAE
