La Procuraduría General de la Nación anunció en las últimas horas la investigación disciplinaria contra el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán, y el secretario general del Ministerio, José Antonio Salazar Ramírez, por la suspensión del proceso de licitación de pasaportes.

A través de un comunicado, el organismo investigador busca determinar si los funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad, al momento de tomar la decisión de declarar desierto el proceso de licitación público para la expedición del documento.

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De esta manera, la Procuraduría solicitó la práctica de pruebas, y espera determinar la ocurrencia de la conducta para establecer “si es constitutiva de falta disciplinaria y definir si se actúo o no al amparo de una causal de excllusión de responsabilidad”, concluyó la entidad.

El organismo investigador busca determinar si los funcionarios pudieron vulnerar los principios de transparencia, economía y responsabilidad crédito ilustración Jesús Áviles de Infobae Colombia

La decisión del ente investigador llegó luego de declarar desierta la licitación para la expedición de pasaportes y visas en Colombia y decretar urgencia manifiesta.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que abrió un nuevo proceso licitatorio para escoger a la empresa que asumirá dicha responsabilidad. De acuerdo con la Cancillería, el “Fondo Rotatorio del ministerio se propone contratar directamente y de inmediato el suministro, la formalización, la custodia y la distribución de libretas de pasaportes y etiquetas de visas a precios fijos unitarios sin fórmula de reajuste”.

La medida se tomó luego de que el pasado 14 de septiembre la Cancillería, a través de la resolución ministerial número 7541, declarara urgencia manifiesta por 12 meses, medida con la cual el Ministerio de Relaciones Exteriores puede hacer la contratación de manera directa sin necesidad de contar con oferentes.

Lo anterior se tomó después de las denuncias constantes de los oferentes en el proceso licitatorio, los cuales aseguraban que los requerimientos del Ministerio buscaba favorecer a Thomas Greg & Sons, la empresa que ha estado al frente de ese millonario contrato desde 2006.

Citando la jurisprudencia, Leyva explicó que se declaró desierta la licitación por 599.000 millones de pesos no solo porque no se tuvieron en cuenta las observaciones de otras firmas interesadas, sino también porque se exigían requisitos que algunas compañías no podían cumplir.

Las denuncias alrededor de la licitación

Desde 2006, Thomas Greg & Sons tiene el contrato para la expedición e impresión de pasaportes en Colombia. Para septiembre de 2023, esta fue la única firma oferente para quedarse con la licitación. De hecho, esta pertenece a la Unión Temporal Pasaportes 2023, integrada por Thomas Greg Express, Seguridad Movil de Colombia, Thales DIS Finland Oy y Thales Colombia S.A.

Sin embargo, en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) aparece un segundo proponente: la Unión Temporal Libretas 2023, conformada por Cadena S.A, Cadena Courrier S.A.S y la portuguesa Imprensa Nacional Casa da Moeda. Esta última denunció que no presentaron muestras, por lo que tampoco habría material para evaluación.

La Cancillería a través de la resolución ministerial número 7541, declarara urgencia manifiesta por 12 meses – crédito Archivo

Sumado a eso, alegaron irregularidades al interior de la licitación. De acuerdo con el recurso, Cadena cuestionó “tanto las especificaciones técnicas como el pliego de condiciones del certamen por contener requerimientos y fijar plazos excesivamente estrechos”.

Esto, para la firma, generó dificultades para la participación de otras firmas en igualdad de condiciones y libre competencia, de acuerdo con lo estipulado en las normas de contratación estatal.

Al respecto, la Cancillería analizó más de 100 observaciones hechas por las empresas ofertantes en el proceso que debió suspenderse para su revisión. Además, aseguró que sí había garantías para “un proceso democrático, participativo, transparente, con plena garantía para todos los interesados, que tendrá como resultado el mayor beneficio para la administración pública al menor costo posible”.

INFOBAE