La Procuraduría General de la Nación confirmó el martes 19 de septiembre de 2023 la suspensión de once miembros del Ejército Nacional, quienes estarían, al parecer, involucrados en el hostigamiento a la población civil de la vereda Bocas del Manso del municipio de Tierralta (Córdoba); los cuales fueron denunciados por la propia comunidad y se hicieron virales a través de los medios y las redes sociales.

En su determinación, el Ministerio Público —a través de la comisión especial enviada a la zona— encontró méritos para apartar de sus cargos a un teniente, un sargento viceprimero, un cabo segundo y ocho soldados profesionales, quienes pertenecen al Batallón Junín No. 33 del Ejército, adscrito a la Brigada 11.

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Según la Procuraduría, se logró establecer la identidad de los militares que habrían incurrido en las graves violaciones del derecho internacional humanitario. Lo anterior, al amenazar, intimidar y maltratar a los moradores, en su gran mayoría campesinos e indígenas de la étnica emberá, no solo de manera verbal sino física, como quedó constatado en video.

Conductas que habrían sido cometidas sin identificarse como miembros del Ejército y sin utilizar, de acuerdo a lo que pudo establecer el ente de control, el uniforme reglamentario. Las cuales se produjeron ante niñas, adolescentes e, incluso, una madre con su bebé en brazos.

Y es que al momento de los hechos, los uniformados se presentaron ante los moradores como integrantes del frente 5 de las disidencias de las Farc, que no tiene injerencia en esta jurisdicción, lo que levantó aún más las sospechas.

Tras las respectivas investigaciones, se descubrió que los miembros del Ejército que participaron en el incidente, habrían sido protagonistas, no solo, de tratos crueles, al obligar a los habitantes de la zona a cavar tumbas para sus propios cuerpos, sino de abusar sexualmente de una indígena de la comunidad indígena que habita en la zona.

Abrió investigación contra los implicados

En su determinación, la entidad solicitó nuevas pruebas de los involucrados en este caso, como los antecedentes disciplinarios, al igual que una certificación sobre si el pelotón del que hacían parte tenía a su cargo operaciones de tipo encubierto y, en caso de que así sea, la autorización que indique tenían permitido el uso de estrategias militares de este tipo en esta zona de la costa Atlántica.

Una comisión de la Defensoría del Pueblo recepcionó lo expresado por las comunidades de más de 10 veredas en Tierralta (Córdoba) – crédito Defensoría del Pueblo

En lo que respecta a las decisiones tomadas por la institución tras el escándalo que causó este suceso, se determinó que el comandante de la Brigada 11, coronel José Edilberto Lesmes Beltrán, y el sargento mayor de Comando, Juvenal Mahecha, adscrito también a esa unidad militar, fueron apartados de sus respectivos cargos, mientras se adelantan las respectivas indagaciones.

Aunque en principio fueron once los militares suspendidos por parte de la Procuraduría, las informaciones provenientes de las autoridades indicarían que en total serían 20 los integrantes del Ejército Nacional los que podrán ser apartados por su participación en este caso, el cual causó repudio en los diferentes estamentos del Estado.

Tras estos graves hechos, el comandante de las Fuerzas Militares, general Helder Giraldo, anunció que, para evitar más “escándalos”, se prohibirá el uso de dispositivos móviles para el registro de operaciones; lo que abrió la posibilidad de que la denuncia haya sido producto de una filtración por parte de las mismas tropas.

“Prohíbo estrictamente el uso de dispositivos móviles personales para registrar operaciones de combate. En caso de necesitar registros, deben utilizar cámaras corporales GoPro o similares”, puntualizó Giraldo. Y justificó su instrucción: “No más soldados grabando los combates con sus celulares, se interesan más por posar que por maniobrar”

INFOBAE