Se mencionan a alrededor de veinte personas que tienen el mismo ‘modus operandi’ del fallecido Mario Castaño
Al parecer un grupo de senadores de la República habrían calcado el modelo de corrupción por el que fue condenado a 15 años de cárcel el poderoso exsenador Mario Castaño Pérez, que murió hace unos días mientras pagaba su pena en una celda de la cárcel La Picota, en Bogotá.
Según la Fiscalía, un grupo especializado de fiscales anticorrupción tiene bajo su poder un extenso expediente en el que se evidencian las maniobras que habrían desplegado congresistas, funcionarios públicos y particulares para reducir los recursos estatales.
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Lo anterior deja en evidencia que esa misma práctica de irregularidades en la contratación no era exclusiva del grupo de ‘las Marionetas’, como era conocida la cuadrilla de Castaño Pérez, sino que los congresistas que aparecen en la investigación habrían creado su propia red con tentáculos en diferentes entidades públicas.
De acuerdo con la Fiscalía, el objetivo de los políticos es aumentar su volumen electoral en las regiones en las que se tiene previsto realizar obras con plata de la paz. Por el lado de los contratistas, su propósito es aumentar sus riquezas y el de los funcionarios, conseguir réditos en ‘las organizaciones ilegales’ a las que pertenecían para ascender en estas y en el futuro escalar en sus aspiraciones políticas.
En este caso está vinculada Katherine Rivera Bohórquez, integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) del congresista Ciro Ramírez, y el contratista Anderson González. En días pasados Infobae informó sobre la imputación de cargos de ambas personas. Allí la Fiscalía mencionó a otros políticos que estarían involucrados en presuntas irregularidades por más de 70.000 millones de pesos.
Por otra parte, según El Tiempo, en la investigación no solo se menciona al fallecido exsenador Mario Castaño, sino también a los congresistas Samy Merheg, Carlos Abraham Jiménez, Ciro Ramírez Cortés, Juan Felipe Lemos Uribe, Miguel Ángel Barreto, Carlos Fernando Motoa y el excandidato a la Cámara de Representantes Julio César García.
Según El Tiempo, se advierte que así como Castaño tenía como ficha clave a Juan Carlos Martínez Rodríguez, quien era el encargado de articular y transmitir las instrucciones a otros integrantes de su red criminal, los otros congresistas tendrían sus propios enlaces. Por ejemplo, en el caso de Ciro Ramírez sería Katherine Rivera, quien fue imputada recientemente, mientras que el enlace del congresista Barreto sería Óscar Humberto Leyton; el del legislador Motoa sería Giancarlo Storino, y para el candidato García su principal conexión sería Jhon Jairo Tejada García.
Además, según dijo El Tiempo, la investigación de la Fiscalía indica que cada senador al parecer tiene un grupo de operaciones para obtener beneficios ilícitos. Allí se relacionan los nombres de otros exfuncionarios que al parecer eran claves en el organigrama para viabilizar la contratación irregular, se habla entonces del subdirector de programas del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y excandidato a la Cámara de Representantes, Pierre Eugenio García Jacquier; la funcionaria de esa entidad Tatiana vuelvas Ramos y el gerente de Proyecta Quindío, Pablo César Herrera Correa, quien ahora es testigo de la Fiscalía.
Además, también se dieron a conocer nombres de contratistas como Anderson González, Raúl Cardozo Ordóñez, Raúl Cardozo Nuncira, Raúl Cardozo Navas, Andrés Ospina Rosales y Alejandro Noreña Castro, quien ya tiene un proceso de colaboración y los otros fueron judicializados.
La platica que obtuvieron
Si bien la Fiscalía no puede investigar a los legisladores, porque es trabajo de la Corte Suprema, en la investigación que se adelanta contra los funcionarios y contratistas se afirma que todos ellos se organizaron en un grupo criminal que funcionó desde 2021 y se extendió a este año, el objetivo era “direccionar contratación pública para dar beneficios a senadores y un candidato a la Cámara”.
Se calcula que las irregularidades hasta ahora detectadas superan los 70.000 millones de pesos, y los intentos de apropiarse de contratos públicos se habrían extendido hasta hace unos meses. Por lo anterior, la Fiscalía mantiene la investigación de nuevos procesos licitatorios. Tanto así que en interceptaciones telefónicas a algunos de los investigados se escucha sobre citas con el alcalde de Sincelejo en 6 de octubre para la adición de un contrato con el Invías y de un contrato de parque automotor de Bogotá.
“Son presuntos servidores públicos corruptos (…), el senador Ciro Ramírez sigue en su cargo y sigue instrumentalizando esas conductas punibles. Se está hablando de corrupción en dos ramas del poder –el Ejecutivo y el Legislativo– para desviar contratos financiados con plata del Estado”, anotó la Fiscalía.
Además, el ente investigador tiene documentados los contratos 501 de 2021 y 670 de 2021, suscritos entre el DPS y Proyecta Quindío, en los que se buscaba “direccionar” proyectos de obra para los departamentos del Tolima, Quindío y Valle del Cauca. Allí habría injerencia de los congresistas para entregarlos a ciertos contratistas.
Asimismo, indican que Proyecta Quindío se interesó en el contrato 670 de 2021, por 49.000 millones de pesos; el contrato 013 de 2022 en Purificación, Tolima, por 1.600 millones; el contrato 039 de 2022, por 114 millones; el 011 de 2022 en Mariquita, Tolima, por 1.900 millones, entre otros. En el contrato adjudicado a Andrés Ospina Rosales por 8.900 millones de pesos para el desarrollo de placa huella en el Tolima, según la Fiscalía, al parecer estarían interesados Pierre Eugenio García, el senador Barreto y Óscar Layton. Y en otros cuatro contratos entregados a Raúl Alfonso Cardozo, ya procesado y ficha del senador Ciro Ramirez.
En una conversación conocida por El Tiempo un hombre de nombre Hugo le dice a Raúl que acaba de hablar con Pedro Barriga, y que él habló con Kike, “que pidió una cita con el presidente que se encargó de esa mierda”; y que luego llamó a Kate (ficha de Ciro Ramírez), quien le dijo que “amigos de Ciro hay seis que puede traer para ese lado, que son Julieth Sánchez, de Antioquia; Edward Triana, de Bogotá; Andrés Forero, de Bogotá; Juan Espinal, de Antioquia, y Óscar Pérez, de Antioquia, que son representantes a la Cámara, y hay uno que se llama Juan Felipe Corzo, de Norte de Santander, que Kate dijo que son los nombres de esos que Ciro puede traer”.
Finalmente indican que “la directriz de la Gobernación era ayudarle a Carlos Osorio, póngale cuidado, eso nos había dicho hace unos días, pero la llamaron ayer que los reunió el burgomaestre allá y que la orden de toda la Gobernación y todo el equipo era ayudarle a Hugo”, posteriormente celebran que ya hay acuerdos con “James para ayudarle” y añaden que se tienen que poner las botas “para no dejar quitarse eso”.
INFOBAE