El gobierno ecuatoriano iniciará las gestiones para la repatriación de presos de nacionalidad extranjera que se encuentran condenados en ese país. La medida aplicaría también para los 1.500 colombianos que el presidente Daniel Noboa le ha pedido a Colombia recibir.

El presidente de Ecuador emitió el decreto No. 139 del 29 de enero de 2024, con el que busca implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reducir la violencia en las cárceles. En el informe de 2022 se estableció que el Estado debía tomar acciones urgentes para retomar el control de los centros de privación de la libertad.

En el documento emitido por el gobierno ecuatoriano se señala que la repatriación es una figura jurídica que debe respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, “que redunda en su beneficio y puede ayudar a reducir la violencia y el hacinamiento en los centros de privación de libertad en el Ecuador”.

En ese sentido, se establecen algunas de las condiciones bajo las que se daría la repatriación y que cumplen las solicitudes que había hecho el Gobierno de Colombia para cumplir con el proceso. Como por ejemplo se hará de manera individual, para personas ya condenadas.

En el decreto, el presidente Noboa ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores para que se encargue de “los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado”.

En la normativa también se establece que los procedimientos se harán bajo el cumplimiento de las normas para tal fin, tanto de Ecuador como del país de origen. Además, “todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos”, dice el decreto.

También se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, serán los encargados de coordinar los procesos de repatriación y las gestiones con los demás países.

Ecuador tiene más de 31.300 presos de los cuales 3.245 son extranjeros. De ellos, aproximadamente 1.500 serían de nacionalidad colombiana, según ha dicho el propio presidente Noboa públicamente, que serían parte de los repatriados durante la vigencia de la medida.

Uno de los reparos que había formulado el presidente Gustavo Petro respecto al anuncio de su homólogo para repatriar a los reclusos colombianos en Ecuador, era que se debían seguir los procedimientos establecidos, con el fin de que las autoridades nacionales pudieran hacerse cargo.

La idea inicial de Noboa era “dejarlos en la frontera”. Sin embargo, en esas condiciones las autoridades colombianas no podrían realizar la captura ni enviarlos a prisión, debido a que la sen

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El gobierno ecuatoriano iniciará las gestiones para la repatriación de presos de nacionalidad extranjera que se encuentran condenados en ese país. La medida aplicaría también para los 1.500 colombianos que el presidente Daniel Noboa le ha pedido a Colombia recibir.

El presidente de Ecuador emitió el decreto No. 139 del 29 de enero de 2024, con el que busca implementar las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reducir la violencia en las cárceles. En el informe de 2022 se estableció que el Estado debía tomar acciones urgentes para retomar el control de los centros de privación de la libertad.

En el documento emitido por el gobierno ecuatoriano se señala que la repatriación es una figura jurídica que debe respetar los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, “que redunda en su beneficio y puede ayudar a reducir la violencia y el hacinamiento en los centros de privación de libertad en el Ecuador”.

En ese sentido, se establecen algunas de las condiciones bajo las que se daría la repatriación y que cumplen las solicitudes que había hecho el Gobierno de Colombia para cumplir con el proceso. Como por ejemplo se hará de manera individual, para personas ya condenadas.

En el decreto, el presidente Noboa ordenó al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores para que se encargue de “los procedimientos administrativos necesarios para la repatriación de personas extranjeras privadas de la libertad por sentencia emitida en el Ecuador, a fin de que su sentencia sea ejecutada en el país de origen o nacionalidad de la o del sentenciado”.

En la normativa también se establece que los procedimientos se harán bajo el cumplimiento de las normas para tal fin, tanto de Ecuador como del país de origen. Además, “todo procedimiento será singularizado, quedando prohibida cualquier repatriación de colectivos”, dice el decreto.

También se dispone que el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Gobierno, serán los encargados de coordinar los procesos de repatriación y las gestiones con los demás países.

Ecuador tiene más de 31.300 presos de los cuales 3.245 son extranjeros. De ellos, aproximadamente 1.500 serían de nacionalidad colombiana, según ha dicho el propio presidente Noboa públicamente, que serían parte de los repatriados durante la vigencia de la medida.

Uno de los reparos que había formulado el presidente Gustavo Petro respecto al anuncio de su homólogo para repatriar a los reclusos colombianos en Ecuador, era que se debían seguir los procedimientos establecidos, con el fin de que las autoridades nacionales pudieran hacerse cargo.

La idea inicial de Noboa era “dejarlos en la frontera”. Sin embargo, en esas condiciones las autoridades colombianas no podrían realizar la captura ni enviarlos a prisión, debido a que la sen

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