En un reciente escándalo que sacude las estructuras de vigilancia y control de Colombia, se ha destapado una controversia que involucra directamente a Francisco Barbosa, que está a pocas horas de dejar la Fiscalía General de la Nación, y a Carlos Mario Zuluaga, contralor en funciones.

Según las investigaciones reveladas por Cambio, se señala que Zuluaga habría facilitado las acciones para que Barbosa ocultara detalles sobre el manejo de los gastos reservados de la Fiscalía correspondientes al año 2022, ascendiendo a la cifra de 51.888 millones de pesos, lo que representa un incremento del 171% en comparación con el período anterior, en el que se encontraron gastos por 19.119 millones de pesos.

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De hecho, desde inicios de 2023, la Contraloría General de la República inició una auditoría especial para investigar los gastos realizados por la Fiscalía durante el 2022. Sin embargo, enfrentó múltiples obstáculos orquestados por Barbosa, que se negaba a compartir información bajo la excusa de que estaba protegida por “seguridad nacional” y su fuero especial que impedía su investigación.

Esta resistencia se tradujo en una medida extrema: la orden de no entregar los discos duros que contenían los registros financieros, una acción que eventualmente cedió, permitiendo la revisión, pero únicamente dentro de las instalaciones de la Fiscalía para evitar la filtración de cualquier documento.

El fiscal también enfrenta otra polémica por la instalación de placas con su nombre para destacar los arreglos locativos de varias sedes de la Fiscalía – crédito red social X

Como parte de las auditorías realizadas, se descubrió un uso particularmente controvertido de estos fondos reservados: la instalación de un sistema de blindaje en la residencia de Barbosa en Bogotá, con fondos destinados originalmente para mejorar la seguridad del fiscal.

Este hallazgo sugería que una parte significativa de estos recursos no solo se destinó a la medida de protección mencionada, sino también a otros mejoramientos de su propiedad privada, bajo la justificación de la seguridad personal de Barbosa, según reveló el medio citado.

Dicha investigación fue adelantada por el grupo élite de la contraloría, encabezada por el contralor delegado para la Defensa, Justicia y Seguridad, tal como estaba establecido desde el año 2015, cuando se emitió una resolución para investigar los fondos privados de algunas entidades, especialmente de las Fuerzas Militares de Colombia y la Fiscalía.

Sin embargo, la situación escaló cuando en noviembre de 2023, justo en el momento que se preparaba la publicación de los hallazgos preliminares de la auditoría realizada a la Fiscalía, el contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga intervino directamente, emitiendo una resolución en la que se hacía el cambio del grupo encargado de las investigaciones de carácter confidencial, aunque en su momento se estableció que las investigaciones en curso podrían terminarse.

El contralor en funciones Carlos Mario Zuluaga emitió una resolución para cambiar al grupo auditor de la Fiscalía – crédito Contraloría.

Pero, el 26 de diciembre, el contralor dio otro golpe para, presuntamente, favorecer la auditoría a la Fiscalía. La resolución 1607 emitida cuatro días antes de terminar el año, implicó que la supervisión de estos recursos se entregara a la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (Diari), liderada por Juan Camilo Zuluaga, que sería un recomendado por el Partido Conservador y que tendría un amplio poder dentro de la entidad, a pesar de su anonimato; un cambio que algunos analistas interpretan como un intento de enterrar el informe contra Barbosa.

El problema radica en que, con la decisión, el tiempo para entregar los resultados ya habría terminado, lo que implicaría que se tendrían que archivar los hallazgos y abrir una nueva indagación de la mano de Zuluaga. Sin embargo, causó controversia que el movimiento se hiciera justo cuando el equipo élite de la Contraloría iba a adelantar un encuentro con la Fiscalía para que explicara los movimientos encontrados en los gastos reservados de la entidad.

Por su parte, Cambio reveló también la respuesta que se emitió desde la Contraloría, donde aseguraron que la decisión se tomó para garantizar la seguridad de Francisco Barbosa, pues su integridad estaba en peligro por las amenazas que recibió y cualquier filtración de información podía ser perjudicial para la Contraloría.

Además, aseguró que su decisión se tomó por una presunta desobediencia del equipo auditor, pues se había pedido que los archivos fueran revisados dentro de las instalaciones de la Fiscalía para evitar que los datos salieran del lugar. Sin embargo, aseguró que el grupo élite insistió en que se entregaran las copias digitales del polémico contrato para mejorar la vivienda del fiscal.

“Pese a que el contralor había dado la instrucción de realizar la auditoría de esa manera, el equipo insistió en tener copia digital del contrato y hacer inspección donde estaban las características del tipo de blindaje. Frente a este hecho el contralor decidió cambiar la delegación”, aseguró la entidad al medio.

Esta explicación, sin embargo, no ha sido suficiente para aplacar las críticas y los cuestionamientos acerca de la transparencia y la integridad en la vigilancia de los recursos públicos.

INFOBAE