El funcionario argumentó que su decisión de adelantar la firma de contrato de la Cancillería con Thomas Greg & Sons fue “un deber que la ley me impone”
Luego de que el presidente Gustavo Petro afirmara que el secretario general de la Cancillería, José Antonio Salazar es “un traidor”, a raíz de la firma de la resolución que adjudicaba la licitación de los pasaportes por 599 millones de pesos a la empresa Thomas Greg & Sons, Salazar se ha defendido de las declaraciones del mandatario, bajo el argumento de que actuó en coherencia con la ley y con sus funciones.
Dicha decisión llevó al mandatario a pronunciarse sobre la insubsistencia de Salazar en su cargo, a través de una notificación que aún está pendiente de formalización mediante un acto administrativo, debido a que solo han sostenido una conversación, según declaraciones del mismo Salazar en entrevista con Blu Radio.
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Mientras tanto, el funcionario de la Cancillería ha estado defendiéndose de los cuestionamientos. Con afirmaciones como “Yo soy un hombre leal, cumplidor del deber, cristiano y obro como manda la constitución y la ley”, tal cual dijo en entrevista con El Tiempo, o “a nadie le pregunté porque tenía la seguridad de que se me iba a entorpecer de la decisión”, como señaló en otro diálogo con Blu, han traído todo el tema de la licitación de los pasaportes al tintero.
En vista de que la movida que realizó el secretario de la Cancillería, a modo de una “solución”, se ha visto como un circuncloquio enrevesado que vuelve a dejar la licitación de la emisión de los pasaportes en manos del mismo proponente inicial, la perspectiva del presidente no ha sido la más positiva, ya que fue él quien destacó la importancia de que la adjudicación incluyera más oferentes.
No usará el recurso de reposición
De tal manera, ante su eventual destitución, Salazar había afirmado que contemplaría el recurso de reposición en contra de la medida que lo cesaría de su cargo. Sin embargo, en nuevas declaraciones indicó que, frente distintas herramientas de impugnación como la tutela o la reposición, “no la tenía intención de nada de eso, pues sería improcedente”, como dijo en el medio radial.
En ese contexto, Salazar ha destacado que las resoluciones que él expidió “no tienen recurso de ninguna clase” debido a la naturaleza del ordenamiento y el procedimiento contencioso-administrativo. Esta afirmación lo llevó a a concluir que cualquier intento por revertir su decisión enfrentará obstáculos legales significativos, incluso la pérdida eventual de su trabajo, el cual aseguró no necesitar.
“Yo podría poner una tutela para que me restablezcan como me restablezcan como mecanismo transitorio, diciendo que me están desconociendo el derecho al trabajo (…) y al final le echo a perder tiempo a la jurisdicción saturándola de trabajo, al señor presidente, preocupado por un tema que no amerita que él le preste interés, y perdiendo el tiempo de los colombianos, y resulta que yo no necesito el trabajo, entonces la tutela sería improcedente”, afirmó en Blu Radio.
Al parecer, su inclinación a solicitar la herramienta se generó por un consejo que tomó en medio de toda la controversia que suscitó la reacción del presidente. Pero rectificó su determinación, y afirmó que “no está acostumbrado al asedio mediático”.
En otro diálogo, con respecto a las palabras que usó el presidente para hacer referencia la firma del contrato, quie fue catalogado por el mismo Petro como “corrupto”, el secretario también indicó que sabía que sus acciones tendrían consecuencuas. Por eso se atrevió a denunciar que “el presidente me está expondiendo, pero yo soy un hombre vaiente, con valor, y asumo las responsabilidades y le pongo la cara a los problemas”, sostuvo a El Tiempo.
Y, en efecto, aunque determinó que “sabía lo que se le venía encima”, decidió enfrentarse a todo el lío que ha encarado la licitación de los pasaportes.
El por qué de su determinación
De acuerdo con Salazar, este proceder no sólo estaba encaminado a cumplir con su deber como funcionario público sino también a “garantizar a los colombianos que tendrán pasaporte” y en atención a la cuantiosa demanda que enfrentaba el Estado por cuenta de Thomas Greg, a razón de una indeminzación que resultó del escándalo inicial.
Por lo tanto, el funcionario, quien también aseguró que habría sido otorgado de las funciones pertinentes por parte del canciller Luis Gilberto Murillo, puntualizó que la adjudicación del contrato a Thomas Greg & Sons se llevó a cabo mediante un proceso “transparente, limpio y claro”, iniciado desde mayo del 2023.
Salazar también hizo énfasis en su independencia y determinación en el proceso, asegurando que no fue presionado por el gobierno en su decisión sobre la licitación de pasaportes: “Yo no soy un hombre presionable de ninguna manera ni en ninguna forma”, afirmó. Su decisión, según sus propias palabras, fue el resultado de una reflexión profunda y solitaria durante el fin de semana, sin consulta previa con el canciller Luis Gilberto Murillo, quien le había restituido la representación legal del Fondo Rotatorio de la Cancillería y lo había dado la instrucción de “terminar ese proceso”.
Además, no tuvo reparos en expresar que el presidente Gustavo Petro tiene “otra percepción” del tema, pues no “conoce los detalles menores de este proceso”, a partir de que es “un hombre muy ocupado”.
infobae