Primero fueron Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay, Perú, la República Dominicana y Uruguay el día 25. En un comunicado conjunto, sendas cancillerías expresan su “preocupación” ante los persistentes obstáculos en la inscripción de candidatos presidenciales. Se refiere al impedimento de Corina Yoris, así como a “inhabilitaciones previas”—o sea, la de María Corina Machado—todo lo cual afecta “la integridad y transparencia del proceso electoral en su totalidad”.

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Al día siguiente fue el comunicado de Brasil. Itamaraty se expresó en términos similares: “preocupación” por el desarrollo del proceso electoral en el país caribeño y señalando que el obstáculo para la inscripción de la candidatura de Corina Yoris “no es compatible con los acuerdos de Barbados”.

El mismo día, un comunicado de la Cancillería de Colombia abordó el tema llamando a las partes en Venezuela al “cumplimiento de lo establecido en el Acuerdo de Barbados”. Expresó “preocupación” por las dificultades que enfrentaron “sectores mayoritarios de la oposición” en ocasión de la inscripción de candidaturas, reiterando la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo”.

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El presidente de Guatemala Bernardo Arévalo, a su vez en Washington, se manifestó en consonancia. “Es preocupante el proceso electoral en Venezuela. El bloqueo constante a la candidatura unitaria de la oposición ante el acoso y persecución del oficialismo consolida un sistema antidemocrático”.

Por medio de su embajada en Venezuela, el día 27 Canadá también expresó “preocupación acerca de los candidatos bloqueados en el registro de candidatos”. Formuló un llamado a las autoridades para que garanticen elecciones justas y creíbles, respetando el Acuerdo de Barbados.

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Finalmente, en la noche del 27 se pronunció el Departamento de Estado de Estados Unidos, fue a través de un tweet de su vocero. Para enunciar lo obvio: “la decisión del CNE de impedir la inscripción de un candidato opositor amenaza (¿’amenaza’ o liquida por completo?) la posibilidad de tener elecciones libres y justas”. Y además es un truismo, lo dice el artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969 relativo a los derechos a elegir y ser elegido.

La repetición del vocabulario tal vez sea una muestra de consenso, pero tanta “preocupación” no afecta a la dictadura venezolana. Excepto que la preocupación de hoy incluye a Brasil y Colombia, dos aliados. Y el abandono de Lula y de Petro, aunque más no sea temporal, discursivo y leve, o aún simulado, sí le afecta y le duele, pues lo aísla de gobiernos elegidos legítimamente, que no es el caso de Cuba y Nicaragua, ni de Irán y Rusia, sus otros aliados. El pasivo es en reputación.

De ahí que ese mismo día Maduro se despachara con un verdadero delirio persecutorio en forma de monólogo. Acusó a Vente Venezuela de ser una organización terrorista que atenta contra su vida, y acusó a los “gobiernos de derecha y la izquierda cobarde por callar y ser incapaces de condenar los golpes contra la paz y la revolución”.

La referencia a los gobiernos de Brasil y de Colombia es obvia. De hecho, al mismo tiempo la Cancillería venezolana repudiaba “el gris e injerencista comunicado redactado por funcionarios de la Cancillería brasileña que pareciera haber sido dictado desde el Departamento de Estado de los Estados Unidos”.

Inhabilitada María Corina Machado, imposibilitada de inscribirse Corina Yoris y vencido el plazo este lunes 25, la unidad ha propuesto un tercer candidato: el reconocido diplomático de carrera Edmundo González Urrutia, aunque más no sea para conservar el lugar. Así están estas elecciones competitivas y con derechos humanos y libertades fundamentales, según se había firmado en Barbados.

Pero nadie puede decir que Maduro no avisó. En enero de este año ya había dicho que “los acuerdos de Barbados están heridos de muerte. Los declaro en terapia intensiva. Ojalá podamos salvarlos hoy, pero sin planes siniestros para atentar contra mi vida”. Maduro siempre adelanta las primicias de sus guiones. Su soledad bien puede ser temporal. Sus delirios siempre le dan resultado.

El gran desafío es para la Administración Biden: cómo desandar el camino recorrido desde la liberación de Alex Saab y el levantamiento de sanciones. Y decidir involucrarse o, por el contrario, dejar que Maduro haga lo que quiera y no perturbe este año electoral. Maduro lo sabe bien, tan bien que adelantó la fecha de sus elecciones.

Maduro está ante la “opción Daniel Ortega”, con un aislamiento total y completa irracionalidad. O regresar a 2018, con una elección fraudulenta, sin reconocimiento internacional y seguida de una usurpación del poder; poder que no puede abandonar. En cualquiera de los dos casos condenado a vivir entre la soledad y el delirio.

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