Durante la investidura de la consejera de Estado Gloria María Gómez Montoya, el presidente Gustavo Petro subrayó la necesidad de preservar el derecho a elegir, ser elegido y participar en igualdad de condiciones con el Estado, enfatizando que este derecho es fundamental para toda la sociedad.

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Sin embargo, fue en sus declaraciones sobre María Corina Machado donde sus palabras resonaron con mayor fuerza. Petro destacó el caso de Machado en Venezuela como ejemplo de la vulneración de los derechos políticos. Mencionó que ella fue inhabilitada para participar en campañas electorales por autoridades administrativas, situación que comparó con la que él enfrentó en Colombia.

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Con vehemencia, el presidente manifestó que lo que ocurrió con María Corina Machado es una manifestación clara de la vulneración de los derechos políticos. Expresó su preocupación por cómo las autoridades en Venezuela tomaron medidas para silenciarla, lo que interpretó como un intento de coartar su participación en el ámbito político.

Además, hizo una comparativa entre la inhabilidad de Leopoldo López para participar en política y -a su parecer- lo que “casi” le sucede a Petro en Colombia cuando se iba a lanzar por tercera vez a la presidencia.

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Foto de archivo del opositor venezolano, Leopoldo López. Crédito: EFE/Mariscal

Petro resaltó que la situación de Machado refleja una realidad latente en muchos países de la región, donde se ha utilizado la administración pública para restringir los derechos políticos de los ciudadanos. Enfatizó que estos actos socavan los principios democráticos fundamentales y afectan no solo a los individuos, sino también a toda la sociedad.

Además, hizo un llamado a reflexionar sobre la doble moral en el tratamiento de estos casos. Señaló que si se critica la vulneración de los derechos políticos en Venezuela, también se debe reconocer y abordar los problemas similares que existen en Colombia y en otros países de la región.

En medio de sus palabras, Petro instó a defender los derechos políticos en toda su plenitud y a ampliar la discusión para incluir otros aspectos fundamentales, como los derechos de la mujer, la protección del medio ambiente y los derechos sociales y culturales.

El 26 de enero se conoció que a María Corina Machado, principal opositora del régimen de Maduro, se le ratificó su inhabilidad por 15 años para ejercer cargos públicos por parte del Tribunal Supremos de Venezuela.

Bajo esta premisa, Machado decidió delegar la responsabilidad a la historiadora Corina Yoris, postulándola como aspirante a candidata a enfrentar al chavismo; no obstante, la candidata ha denunciado trabas para inscribirse a las elecciones:

“Hemos agotado todos los medios a nuestro alcance para que esto se pueda resolver (…). Fuimos incluso presencialmente al Consejo Nacional Electoral (CNE) y no hemos podido”, expresó Yoris, en medio de una rueda de prensa.

La líder de la oposición María Corina Machado, que enfrenta una prohibición gubernamental para postularse para un cargo, ofrece una conferencia de prensa en Caracas, Venezuela, el martes 26 de marzo de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos)

Ante estas presuntas irregularidades en los comicios de julio, las opositoras y diferentes líderes políticos de Latinoamérica han pedido el pronunciamiento masivo de los Gobiernos y comunidad internacional para ejercer presión en el régimen chavista:

“(…) deseamos hacer un llamado a los presidentes y líderes de los países democráticos de América para que, por las vías diplomáticas a su alcance, contribuyan a que el gobierno venezolano -que se dice popular- no le niegue al pueblo de Venezuela la oportunidad de que su candidata Corina Yoris se inscriba para competir en las próximas elecciones presidenciales”.

Por ello, diferentes mandatarios han expresado la “preocupación” de la situación política y democrática en Venezuela; entre ellos el presidente de Colombia Gustavo Petro:

“Colombia expresa su preocupación por los recientes acontecimientos acaecidos con ocasión de la inscripción de algunas candidaturas presidenciales, particularmente en lo relativo a las dificultades que enfrentaron sectores mayoritarios de oposición —como la Plataforma Unitaria Democrática y el Movimiento Vente Venezuela, entre otros—, lo cual podría afectar la confianza de algunos sectores de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral que culminará con las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio”, se lee en el comunicado publicado por la Cancillería de Colombia, y que provocó una ola de reacciones, entre ellas la del mismo presidente Maduro y su canciller Yván Gil.