El caso del robo de lingotes de oro a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) tomó un nuevo rumbo: un juez confirmó la ilegalidad de la incautación inicial.

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La orden judicial dicta la devolución de los bienes retenidos, incluyendo una valiosa colección de relojes, pero la restitución se ve obstaculizada por la desaparición de los mismos. La situación ha llevado a una investigación en profundidad de varios funcionarios de la SAE, fiscales y miembros de la Policía Judicial.

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Según informó Caracol Radio, el juez Segundo Especializado de Bogotá ha instruido tanto a la Fiscalía como a la SAE para que procedan a devolver los diez lingotes de oro y la colección de sesenta y nueve relojes de lujo, valorada en más de 1.300 millones de pesos, además de 218 millones de pesos en efectivo que fueron confiscados a el narcotraficante Carlos Felipe Toro, conocido como ‘Pipe Montoya’. Sin embargo, estos activos, que estaban bajo la custodia de la Fiscalía y la SAE, han sido sustraídos en circunstancias aún por esclarecer.

El juez ordenó que los vienes incautados fueran devueltos – crédito SAE

El fallo judicial subraya que, a pesar de que la incautación fue declarada ilegal por un juez de control de garantías en su función constitucional, la Fiscalía no debió ignorar tal decisión. En consecuencia, en virtud del numeral 4 del artículo 112 del Código de Extinción de Dominio, se ha decretado la ilegalidad de las medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro, que fueron impuestas por la Fiscalía 74 con el apoyo de la Fiscalía 35 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio.

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“En virtud de lo expuesto, EL JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCIÓN DE DOMINIO DE BOGOTÁ, resuelve declarar la ilegalidad tanto formal como material de las medidas cautelares de SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO Y SECUESTRO adoptadas respecto de la suma de doscientos dieciocho millones cien mil pesos ($218.100.000.00) m/cte., sesenta y nueve (69) relojes y diez (10) lingotes dorados, en la Resolución de 2 de marzo de 2020 emitida por la Fiscalía 74 en apoyo de la Fiscalía 35 de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio DEEDD, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

Además, el fallo ordena el “levantamiento y cancelación de las medidas cautelares de SUSPENSIÓN DEL PODER DISPOSITIVO, EMBARGO Y SECUESTRO, así como su correspondiente devolución a quien acredite su propiedad, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

El tercer mandato dice que como “consecuencia de lo ordenado la Fiscalía y la Sociedad de Activos Especiales S.A.S. deberán realizar las gestiones pertinentes para restablecer el statu quo, en lo que tiene que ver con esos bienes, mientras se adopta una decisión definitiva por parte del Juzgado competente, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia”.

La exvicefiscal Mancera había delegado un fiscal especial debido a la trascendencia del caso – crédito Fiscalía General Colombia

En los últimos días de diciembre de 2019, la Fiscalía detuvo a Carlos Felipe Toro junto con su esposa y su veterinario en una propiedad rural en la ruta Suba-Cota, Cundinamarca. No obstante, la jueza 80 de garantías de Bogotá invalidó la incautación de bienes valorados en millones, ya que la operación se realizó frente a dos menores sin la presencia requerida de la policía de infancia y la Procuraduría.

A pesar de la declaración de ilegalidad, dos fiscales de Extinción de Dominio y uno de Lavado de Activos decidieron mantener la incautación. El caso está plagado de anomalías. Según investigaciones internas de la Fiscalía, antes del robo de los bienes a la SAE, la fiscal de Lavado de Activos en ese entonces, María del Rosario Reina, entregó los lingotes, los relojes y el dinero al fiscal de Extinción de Dominio, Carlos Nicolás Sotomonte.

Solo se verificó la autenticidad del dinero incautado, mientras que la legitimidad de los lingotes y la colección de relojes no fue confirmada. Caracol Radio reveló a finales de 2023 que la Fiscalía no había formalizado títulos judiciales ni establecido depósitos de custodia para los artículos incautados.

Los artículos permanecieron bajo la custodia del intendente Sergio Sánchez, perteneciente al grupo Dijín Graos II, durante aproximadamente tres meses, según la resolución que asignó la investigación de manera especial. La nueva fiscal de Extinción de Dominio, al percatarse de las irregularidades, solicitó una evaluación pericial. El análisis reveló que los diez lingotes eran en realidad latas pintadas de dorado y los sesenta y nueve relojes eran falsificaciones.

A pesar de que a finales del año 2023, la vicefiscal de ese entonces, Martha Mancera, había asignado el caso como de especial importancia debido a su relevancia nacional y la seriedad de los hechos, el fiscal 103, delegado ante el Tribunal y parte de la dirección anticorrupción, parece haber detenido el progreso de la investigación.

En marzo del 2024 el Tribunal de Bogotá instruyó a este fiscal a proporcionar información a las presuntas víctimas del caso, identificadas como Carlos Felipe Toro, alias ‘Pipe Montoya’, y su esposa. Curiosamente, son las mismas personas a quienes se les confiscaron los lingotes, los relojes y el dinero. Mientras que el fiscal inicial los había reconocido como víctimas, el fiscal 103 ha revocado esa condición y, hasta la fecha, no ha presentado avances significativos sobre los responsables del robo de los lingotes.

Se conoció que los lingotes eran en realidad latas pintadas de dorado. Imagen de referencia – crédito Policía

El caso se complica aún más con la alteración de informes de la Policía Judicial. Una analista de comunicaciones de la Dijín informó en abril de 2023 que su firma fue falsificada en los documentos. Según la resolución de la Fiscalía, se sospecha que los funcionarios de la Dijín, incluyendo al intendente Luis Alejandro Millán, el intendente Alfreth Libarguer Correa y el Patrullero Francisco Javier Morales Molina, son los responsables de la falsificación.

Además, la investigación ha enfrentado intentos de sabotaje cibernético, con intentos de hackeo dirigidos al proceso judicial para identificar a los culpables de la desaparición de los bienes incautados. Documentos oficiales de la Fiscalía han registrado intentos de comprometer la información protegida por la Policía Judicial.

INFOBAE