En Colombia, la Reforma Pensional propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro ha generado un intenso debate sobre el futuro del sistema de pensiones, poniendo especial énfasis en la disyuntiva entre Colpensiones y los fondos de pensiones privados como Porvenir, Colfondos y Protección.

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Esta reforma, que ha avanzado en el Congreso, plantea cambios significativos en la manera en que los colombianos podrán acceder a su pensión, modificando especialmente las condiciones para cotizar en los fondos privados.

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Según la propuesta actual, los fondos de pensiones privados, que dependen de los ahorros acumulados durante la vida laboral del individuo, podrían no ser tan accesibles como antes. Bajo el esquema de ahorro individual, la cantidad acumulada determina el valor de la pensión mensual, permitiendo a su vez, en algunos casos, una jubilación anticipada.

Sin embargo, este modelo ha sido criticado por ofrecer pensiones potencialmente menores debido a las fluctuaciones en los rendimientos de las inversiones.

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En contraste, Colpensiones, la entidad estatal de pensiones, opera bajo un sistema de reparto en el que el monto de la pensión se calcula con base en los salarios devengados durante los últimos diez años de trabajo.

Este esquema tiende a ofrecer pensiones más altas en comparación con las proporcionadas por los fondos privados, ya que están vinculadas directamente con los ingresos del trabajador en los años finales de su carrera laboral. Además, en ciertos casos, estas pensiones están subvencionadas por el Gobierno.

De ser aprobada, las personas que ganen menos de 2.3 salarios mínimos no podrían elegir donde cotizar – crédito Colprensa.

En el corazón de este cambio se encuentra la decisión de ajustar el requisito de ingreso para cotizar en Colpensiones, pasando de una propuesta inicial de 3 salarios mínimos a 2.3, equivalente a aproximadamente 3 millones de pesos colombianos mensuales.

La modificación al umbral para las cotizaciones ha sido calificada como “determinante” para garantizar el apoyo del Partido Liberal a la iniciativa, estableciendo que los trabajadores con ingresos hasta 2.3 salarios mínimos deben cotizar obligatoriamente en el sistema público, Colpensiones.

Este cambio en la política de cotizaciones se orienta a garantizar un sistema pensional más inclusivo, permitiendo que aquellos con ingresos superiores al nuevo umbral puedan optar por destinar sus aportes a fondos pensionales privados tales como Porvenir, Colfondos, Protección, entre otros.

Se trata de una medida que flexibiliza las opciones para los trabajadores, al tiempo que fortalece el sistema pensional público al asegurar un flujo constante de cotizantes.

El salario mínimo en Colombia quedó en $1.300.000 (sin auxilio de transporte) para 2024, tras el aumento del 12% establecido por el Gobierno de Gustavo Petro – crédito Getty Images

En ese orden de ideas, las personas que ganen menos o hasta los 3.018.100 pesos mensuales, podrán cotizar en el régimen publico. Eso implica que al menos, según datos de 2023 del Dane y Ministerio de Trabajo, 2,24 millones de personas en Colombia reciben un salario mínimo, mismo que en la actualidad ronda los 1.300.000 pesos, este ajuste significa que una proporción significativa de la fuerza laboral quedará englobada bajo el régimen de Colpensiones.

La reciente decisión del Gobierno de reducir el umbral para cotizar en Colpensiones ha generado debate entre expertos del sector pensional. A pesar del acuerdo alcanzado con el Partido Liberal, que buscaba facilitar el acceso al sistema pensional público, diversas voces señalan que la medida sigue siendo insuficiente para atender los desafíos estructurales del sistema.

Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, destacó la necesidad de “persistir en reducir el umbral a 1,5 salarios mínimos” para fortalecer la sostenibilidad y la progresividad de la reforma. Esta posición encuentra eco en Andrés Felipe Izquierdo, gerente de Integral Soluciones Pensionales (ISP), quien argumentó que sin reformas paramétricas complementarias, la reducción “no va a contribuir a una mayor sostenibilidad fiscal del sistema a mediano y largo plazo”.

Uno de los puntos críticos señalados por los expertos es la sustentabilidad fiscal del sistema pensional. César Tamayo, decano de la Escuela de Finanzas, Economía y Gobierno de Eafit, advirtió sobre el impacto económico significativo, indicando que “con un umbral de 2,3 salarios, se reduciría el ahorro nacional en más de 20 puntos del PIB” en comparación con un esquema de cotización de un salario mínimo. Este panorama se traduce en un desafío considerable para las finanzas públicas y el ahorro nacional.

Expertos advierten que el sistema como está planteado afectaría el PIB del país. Imagen de referencia – crédito Gob de México

El presidente del centro de estudios económicos Anif recalcó que con el umbral de 2,3 salarios, “dos tercios de las cotizaciones de los trabajadores terminarían en un sistema público que podría llegar a ser insostenible en el tiempo”. Este análisis sugiere que la medida podría tener efectos adversos en el mercado de capitales y aumentar considerablemente el pasivo pensional del país.

En este contexto, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) también ha recomendado reducir el umbral de cotización, argumentando que esto contribuiría a incrementar el ahorro nacional en el largo plazo y a disminuir los subsidios y las cotizaciones que ingresan a Colpensiones.

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