Los exfuncionarios Olmedo López y Sneyder Pinilla y el contratista Luis Eduardo López se habrían
apropiado de cerca de 9 mil millones de los 14.163 millones de pesos a los que ascendió el
sobrecostos en la compra de 40 carrotanques para el suministro de agua potable para La Guajira.
Bogotá, D.C., 7 de agosto de 2024.
Al revelar la gravedad y gran parte de los alcances de la organización criminal de la que habrían
sido protagonistas, la Fiscalía General de la Nación sustentó ante el Juez 35 con Función de Control
Garantías de Bogotá la urgencia y necesidad de imponer una medida privativa de la libertad en
centro de reclusión, contra los tres primeros judicializados por el desfalco a la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD.
La petición, formulada por la Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, afecta al
exdirector de la UNGRD, Olmedo de Jesús López Martínez; al exsubdirector de Manejo de
Desastres, Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, y el contratista Luis Eduardo López Rosero.
“La solicitud no se basa en simples sospechas carentes de respaldo. Por el contrario, existen
suficientes elementos de juicio que, sometidos al criterio de la razonabilidad, sirven al propósito
de fundamentar la medida de aseguramiento solicitada” aseguró la fiscal del caso.
Durante la audiencia, el grupo de fiscales a cargo de la investigación presentó los elementos
probatorios que respaldan la medida de aseguramiento, de acuerdo al rol y grado de participación
en el entramado delincuencial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés
indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado, falsedad en
documento privado y falsedad ideológica en documento público.
“En lo relativo al elemento subjetivo dolo de las conductas punibles endilgadas a Olmedo López,
Sneyder Pinilla y Luis Eduardo López Rosero, se tiene que dichos ciudadanos conocían que estaban
conectándose, a través de una clara división de roles y funciones para cometer delitos contra la
administración pública” afirmó la Fiscalía.
“Los imputados tenían pleno conocimiento del comportamiento exigible a aquellos quienes
manejan recursos públicos, contratación pública y a quienes el Estado les ha confiado la ejecución
de obras, de suministros, de servicios, mucho más aquellos dirigidos a la protección de la
población en condiciones de vulnerabilidad”, agregó la Fiscal.
La bancada de la Fiscalía dejó claro que pese a que se pueda aplicar un principio de oportunidad o
preacuerdo, es necesario que se dicte una medida privativa de la libertad.
“(…) Ante el supuesto de no concederse el principio de oportunidad, o de no lograrse un
preacuerdo, los procesados al verse compelidos a afrontar plenamente su responsabilidad en los
delitos imputados y las elevadas penas que para los mismos se consagran, podrían intentar
destruir, modificar, dirigir, impedir, ocultar o falsificar la evidencia física o los elementos materiales
probatorios”.
La investigación desarrollada en una primera fase advierte cómo se creó una banda delincuencial
que, se habría apoderado de los contratos de la UNGRD para ser direccionados a contratistas
específicos que adquirían el compromiso de entregar a cambio millonarias coimas. Los
judicializados López Martínez y Pinilla Álvarez, al parecer, direccionaron 21 órdenes de
contratación por valor de 228.884 millones de pesos.
La contratación, presuntamente amañada, se ejecutó en tres grandes eventos. El primero consta
del acuerdo entre los exfuncionarios y el contratista López Rosero para recibir 6 contratos. Uno de
ellos firmado el 12 de octubre de 2023 para la compra de 40 carrotanques por valor de 46.800
millones de pesos, vehículos en los que se llevaría agua potable a las comunidades indígenas
vulnerables en la Alta Guajira. Según la investigación, en este contrato se presentó una
defraudación de 14.163 millones de pesos.
En un segundo evento se habrían entregado contratos a unos amigos de Sneyder Augusto Pinilla
Álvarez, por 24.238 millones de pesos, suscritos entre el 5 y el 23 de febrero de 2024. En un tercer
evento se trasladaron 100 mil millones de pesos de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) a la
UNGRD para ejecutar siete contratos.
Mientras continúa el avance de esta y otras líneas de investigación de la Fiscalía General de la
Nación dirigidas a desarticular la “organización criminal” que se habría apoderado de la
contratación en la UNGRD, el Juzgado 35 con Función de Control Garantías de Bogotá adoptará la
decisión que corresponda ante la solicitud de medida de aseguramiento formulada contra los
imputados López Martínez, Pinilla Álvarez y López Rosero.
La audiencia iniciada este miércoles fue suspendida y continuará el próximo sábado 31 de agosto.
Esta información se publica por razones de interés general.
LAGP/MRC/JMSV/LMF/GGR/
fiscalia
