En diálogo con Infobae Colombia, el director ejecutivo de la entidad, Luis Fernando Mejía, indicó que cerca de 600.000 colombianos perderían su empleo con la iniciativa del Gobierno de Gustavo Petro, por lo que espera que el Senado de la República haga modificaciones a varios artículos ya aprobados por la Cámara de Representantes
Sin duda alguna, Colombia pasa por un momento decisivo en lo que tiene que ver con la economía. Esto, debido a que en el Congreso de la República se debate el proyecto de reforma laboral del Gobierno de Gustavo Petro, cuyo articulado ya fue aprobado en más de 40% por la Cámara de Representantes (el debate se retoma el 7 de octubre), aunque debe surtir trámite en el Senado.
Pese a que sigue adelante, los gremios productivos se muestran en contra de la iniciativa, ya que esta, según la misma ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, no genera empleo ni combate la informalidad del país, sino que busca garantizar los derechos laborales, con lo que se concluye que habrá sobrecostos para las empresas, sobre todo, por la modificación a la jornada laboral (la jornada nocturna empezará a las 7:00 p. m. y no a las 9:00 p. m., como en la actualidad).
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Además de eso, el Ministerio de Hacienda presentó a la corporación un nuevo proyecto de reforma tributaria o ley de financiamiento que buscará recaudar hasta $12 billones, gracias a la modificación del impuesto de renta, que hará que más personas naturales declaren ingresos y egresos, así como cambios en el impuesto al carbono, lo que generará nuevas alzas en el precio de los combustibles.
También, empezó a hablarse del aumento del salario mínimo para 2025, otro posible dolor de cabeza para las empresas, pues un aumento desmesurado puede hacer que cada trabajador salga más costoso y haya menos oferta de empleo.
Sobre el posible alza para el próximo año ya hay varias proyecciones. Una de ella la dio el director de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez Álvarez, quien indicó que se espera que pueda subir cerca del 8% y pasar de $1.300.000 a $1.400.000.
Otro asunto tiene que ver con el precio del dólar, que sigue por encima de los $4.000 (cerró en $4.173,64 el 4 de octubre) y no deja de generar presiones a la economía colombiana, en la que se perciben productos y servicios cada vez más caros, pese a que la inflación viene en un notable descenso (cerró en 6,12% anual n agosto de 2024, según el Dane).
A estos asuntos se refirió el director ejecutivo de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo), Luis Fernando Mejía. En diálogo con Infobae Colombia, el también ex director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) dios sus previsiones sobre lo que viene para los colombianos en este sentido.
¿Qué análisis hace de los recientes movimientos del dólar y qué se espera para el resto de 2024?
El dólar ha tenido un ligero aumento relacionado, especialmente, con factores externos. La noticia de lo que es una recuperación de la actividad productiva en Estados Unidos, con muy buenos datos en materia del mercado laboral, muestra que la economía de dicho país continúa muy resiliente. Eso hace más atractivo, en términos relativos, a la moneda estadounidense y, en general, puede aumentar el precio del dólar, es decir, una depreciación que ha sido pequeña, pero al final de cuentas el alza es por una depresión de la moneda colombiana.
También, en ese movimiento estuvo involucrado el comportamiento de la percepción del riesgo fiscal en Colombia, en especial, lo que tiene que ver con la discusión del Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2025, el comportamiento del recaudo en lo corrido del año hasta agosto, que ha sido muy negativo y registra una caída de 14,9% en términos reales.
Además, está lo que tiene que ver con la nueva ley de financiamiento, que generó algo de incentivo al alza, así que hay, principalmente, factores externos, pero también internos que llevaron a una depreciación de nuestra moneda.
¿Cuál es la conclusión que hace del hecho de que el Presupuesto General de la Nación para 2025 se expida por decreto y que no haya tenido consenso en el Congreso de la República?
No es una buena noticia. Desde la Constitución del 91 es la primera vez en más de 30 años en donde un Gobierno no logra de manera exitosa aprobar ese PGN que se presenta siempre en agosto. Eso, naturalmente, está relacionado con el riesgo que hay frente al financiamiento de ese presupuesto.
Se analizó y, desde Fedesarrollo y otros analistas, se pusieron ciertas alertas sobre la mesa sobre componentes relacionados, primero, con la ley de financiamiento. Es una ley, o una reforma tributaria, que no tiene mucho ambiente político y, técnicamente, consideramos inconveniente.
Ahí hay unos recursos de cerca de $12 billones y, al menos, $14,6 billones adicionales que el Gobierno incorporó como recursos que vendrían de una mejor gestión de la Dian, una cifra que es mucho más alta de lo que con normalidad son los recursos que provienen de la gestión de la entidad.
Esa inquietud, sobre el monto del presupuesto y la capacidad del Gobierno para financiarlo, generó una reticencia del Congreso de la República para aprobar el monto del PGN este año y vamos a terminar en el escenario donde el Gobierno tendrá que expedirlo vía decreto, un acto administrativo. Sin embargo, si la ley de financiamiento no se aprueba, eso implicaría que el Gobierno tendría que hacer una aplazamiento de ese presupuesto, es decir un recorte, para compensar esos mejores ingresos que no vendrían de esa ley de financiamiento.
Así que no es una buena noticia. Idealmente, hubiera sido importante llegar a acuerdos entre el Gobierno y el Congreso, pero no se logró y eso es algo atípico en el ordenamiento legal del país.
¿Entonces no le augura buen futuro a esta ley de financiamiento?
Si el Gobierno, al final expide el presupuesto por decreto, va a ser muy difícil que el Congreso de la República apruebe la ley de financiamiento, tal cual como el Gobierno la presentó.
Es posible un escenario en el que el Congreso pueda discutir algunos elementos, tal vez los menos perjudiciales de esa ley de financiamiento, para compensar una parte de los ingresos, pero realmente va a ser muy complicado que esa ley de financiamiento sea aprobada como la presentó el Gobierno.
La reforma laboral avanza en la Cámara de Representantes, pero falta discutir más de la mitad del articulado y que pase por el Senado, ¿qué le ve de bueno y qué le ve de malo a lo que ya tiene luz vede?
Se puede destacar que el énfasis de esta reforma no es generar nuevo empleo. Tampoco el énfasis es la dinámica de que esos nuevos puestos de trabajo sean formales, puestos de calidad, que es lo que requiere el país. Es una reforma enfocada en proteger a los actuales empleados formales, lo cual suena como una buena intención, pero tendrá la consecuencia indeseada de desincentivar, justamente, la generación de nuevos empleos formales.
Es una reforma que, en nuestros cálculos, podría generar hasta 570.000 empleos perdidos, producto de ese aumento de costo de contratación de los empleados formales.
Hay una discusión muy de fondo en la actualidad en la Cámara sobre algunos artículos que generan mucha polémica. Por ejemplo, la Cámara no aprobó el artículo que aumentaba los costos de indemnización de despido sin justa causa, que era muy perjudicial para los empleados formales y, con seguridad, va a tener una discusión muy difícil también en el Senado de la República, donde también hay voces que ya alertaron sobre los efectos negativos.
Desde Fedesarrollo consideramos que es una reforma inconveniente e inoportuna, en especial, en el contexto de una economía que no crece con dinámica y que continúa con una tasa de desempleo por encima del 10%. En ese sentido, esperamos que esta reforma pueda tener cambios sustanciales durante su discusión en el Congreso de la República.
¿Qué le agregaría o qué le modificaría a los artículos más polémicos de la reforma?
Habría que darle un vuelco completo al enfoque de esta reforma que está pensada para los empleados formales, que son una minoría en el país. Recordemos que la tasa de informalidad laboral (trabajadores que no pagan seguridad social) en Colombia es de 55%, es decir, casi seis de cada diez ocupados en Colombia son informales y hay que pensar es en los formales.
Eso requiere un cambio total, un giro de 180 grados en el énfasis de esta reforma, lo que permita tener una regulación del mercado laboral, acorde con lo que son las nuevas dinámicas del mercado, mucho más flexible y que piense en mecanismos que desincentiven la informalidad, como por ejemplo, a través del seguro de desempleo financiado con recursos públicos, pero aumentarle la carga prestacional a las empresas que hoy en día son formales es el desincentivo más grande para esa generación adicional de empleo formal.
¿Esta reforma podría impactar el crecimiento económico de Colombia si es aprobada tal y como está?
Indudablemente, porque es una reforma que aumenta el costo del empleo formal y eso tiene implicaciones en varios frentes. Primero, desincentiva nuevos proyectos de inversión en donde hay una alta demanda relativa de mano de obra, en especial, formal. Incluso, eso puede inducir a la sustitución del empleo a través de las nuevas tecnologías.
Es una reforma que no solo no fomenta el empleo formal, sino que puede acelerar los procesos de automatización del trabajo, lo que no es una buena noticia en un contexto de una economía con tasas de desempleo de dos dígitos. En ese sentido, no solo el impacto es a través de la demanda de empleo, sino por medio del crecimiento económico y la inversión.
Aquellos sectores, como el de servicios, comercio e industria, que son altamente demandantes en mano de obra, lo pensarán dos veces para ampliar su capacidad productiva en el contexto de una economía que cada vez hace más costosa la contratación del empleo formal.
Ya empezó a hablarse del aumento del salario mínimo para 2025,¿qué proyección tiene Fedesarrollo para la futura decisión que favorece, principalmente, a más de dos millones de trabajadores?
Es muy pronto todavía para tener una cifra sobre la mesa. Lo importante aquí es recordar que hay dos elementos claves en esta discusión. El primer elemento tiene que ver con la inflación que tendremos este año que, seguramente, estará por debajo en 6%. Nuestra expectativa es una inflación cercana al 5,5% al cierre de este año. Por otro lado, está el crecimiento de la productividad laboral que, si bien todavía no se ha sido anunciada por el Dane, no debe ser una cifra muy dinámica en una economía que viene aumentando su tasa de desempleo y que creció por debajo del 2% en los primeros siete meses del año
En ese sentido, la regla técnica debería generar una discusión hacia un aumento del salario mínimo lo más cercano posible a la inflación esperada para este año. Con esto se puede evitar que continúe el encarecimiento del empleo formal y abrirle la puerta a una gran cantidad de personas que hoy en día están en la informalidad laboral.
¿Hay algún estudio análisis sobre cómo impactó a la generación de empleo el alza que tuvo el salario mínimo para 2024, que fue del 12% y ubicó a la remuneración en $1.300.000?
No para este año, pero hay un informe muy detallado del Banco de la República hace dos años. Se hizo un análisis bastante extenso y profundo sobre los efectos de aumentos de salario mínimo muy por encima de la inflación y de la productividad laboral.
Se encuentra, algo que no debería sorprender, que esos aumentos generaron un desincentivo a la contratación de empleo formal, es decir, que a quienes más afecta es a los trabajadores más vulnerables.
Por eso, nuestro llamado siempre es a respetar esa regla técnica de un salario mínimo que debe crecer con la inflación del año corriente y con la productividad laboral para evitar los efectos negativos en el empleo.
¿El hecho de que siga siga reduciéndose la inflación le abre la puerta a otras reducciones más fuertes a la tasa de interés del Banco de la República?
La Junta Directiva del Banco de la República tiene otras tres reuniones este año (dos son adicionales), en donde podrá discutir eventuales reducciones en la tasa de interés. No nos cabe duda que se continuará con ese proceso de reducción de tasas. Es posible que se acelere un poco más el ritmo, que no sean 50 puntos básicos (pbs) para completar 100 pbs en lo que resta del año, sino que sean 75 pbs para completar 150 en estos dos meses que restan decisiones de tasas.
Eso nos dejaría con una tasa de intervención por debajo del 9% al cierre de 2024 y que podría generar un poco más de estímulo de la demanda.
Adicionalmente, para el próximo año, en la medida en que las expectativas indiquen que la inflación llegará a nivel, ligeramente por encima del 4%, el Emisor también continuará la reducción de la tasa de interés y eso es muy positivo, ya que es una reducción en el costo del endeudamiento para las empresas y los hogares y será un estímulo para la recuperación de la actividad productiva, tanto en estos meses que restan de este año y para el próximo 2025.
infibae
