En su reaparición en la red social X, tras un fin de semana en el que se desatendió de los temas que abarcaron la agenda nacional, el presidente de la República, Gustavo Petro, en la tarde del lunes 7 de octubre, cuestionó la decisión del Consejo de Estado: que admitió una tutela en la que pide al mandatario explicaciones por la alocución del miércoles 4 de septiembre; pleno paro de camioneros en el territorio nacional, y cuando se esperaba un pronunciamiento suyo.

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En su comparecencia en cadena nacional, que se extendió por cerca de 15 minutos, el primer mandatario dio a conocer al país el contenido de un documento confidencial en el que la Impa, autoridad fiscal de Suiza, le indicó del director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), Luis Eduardo Llinás, de una serie de transacciones por 11.000.000 hacia un banco de Israel, con las que, según Petro, se habría adquirido por el gobierno de Iván Duque el programa Pegasus.

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Este poderoso sistema tecnológico de espionaje, de acuerdo con la versión que está empeñado en imponer el jefe de Estado, habría sido utilizado para interceptar las comunicaciones de miembros de la oposición durante la campaña presidencial del 2022, pues busca relacionar la filtración de los famosos Petrovideos con la implementación de esta herramienta; además de las supuestas “chuzadas” contra líderes juveniles y demás protestantes durante el paro nacional de 2021.

“Mi alocución es conforme a la ley de seguridad. Al presidente no se le puede acorralar en sus decisiones legales y constitucionales. No hay un discurso oficial que prescribir (sic) contra la personalidad libre del ser humano. El presidente habla y actúa con libertad porque los seres humanos solo somos libres en una democracia. Al voto popular se le respeta”, expresó el jefe de Estado en su perfil, al replicar la información de un medio de comunicación nacional.

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Con este mensaje, el presidente de la República se refirió a la determinación del Consejo de Estado de pedirle explicaciones por el tema del software Pegasus – crédito @petrogustavo/X

Es válido rescatar que en aquella oportunidad, Petro indicó que el dinero se habría llevado en efectivo, en dos cantidades iguales, desde territorio colombiano hacia territorio israelí, en aviones de la fuerza pública, para la adquisición de este programa para que fuera usado por la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). La firma que habría puesto a disposición de las autoridades colombianas el mencionado programa sería SNO Group Technologies Limited; pese a la falta de evidencias.

“¿Cómo es que salen del país 11.000.000 de dólares en efectivo en un avión, o dos, desde oficinas estatales, Catam, quizás, o la Dipol, para comprar un software que espía celulares, comunicaciones privadas, políticas, quizá durante meses, del principal partido de la oposición, que terminó siendo la primera fuerza del país?”, se preguntó Petro en su intervención, en la que pidió a la fiscal General de la nación, Luz Adriana Camargo, que adelante las investigaciones respectivas.

En su decisión, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en su sección Tercera, admitió la acción de tutela del ciudadano Stefan Bravo Martínez, representante legal de la veeduría ciudadana Antioqueños por Colombia, en la que alegó que se vulneraron sus derechos fundamentales a la vida, a la libertad de expresar y difundir pensamientos y opiniones, la de informar y recibir información veraz e imparcial, la de fundar medios masivos de comunicación y honra.

Y todo por la alocución dada por Petro, en la que en su concepto se dio a conocer información confidencial acerca de la compra del software Pegasus. Con ello, el presidente tendrá que responder, en el término de dos días, con informe con respecto a los hechos objeto de la solicitud de amparo. La decisión vincula a la Fiscalía General de la Nación y al Ministerio de Defensa, en calidad de terceros con interés, que podrán hacer uso de su derecho a intervenir en el proceso de la referencia.

Lo anterior, debido a que el Consejo de Estado hizo énfasis que, a un mes y tres días de la alocución de Petro, “no hay pruebas y evidencias sobre la utilización sobré el software Pegasus”, como lo han dicho la propia fiscal Camargo, el ministro de Defensa e, incluso, el titular de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus.

Esta revelación de Petro trajo consigo duras consecuencias para Colombia, pues el Grupo Egmond, la red conformada en 1995 y que es integrada por cerca de 177 países, y que se dedica a rastrear movimientos financieros de los que tengan sospecha sobre su origen ilegal, castigó al Gobierno colombiano; pues dio a conocer datos confidenciales. Hasta el momento no se conoce hasta cuándo se extenderá la medida impuesta por esta organización.

INFOBAE