El Gobierno nacional ha optado por entregar jugosos contratos a tres medios de comunicación públicos para difundir los avances y estrategias del presidente. Además, los influenciadores siguen teniendo un gran rubro del Ejecutivo
En medio de la crisis económica por la que atraviesa el Gobierno nacional, anunciada por el propio presidente Gustavo Petro, que llevó al reajuste de presupuestos para todos los Ministerios y dependencias públicas, el jefe de Estado está en el centro de la opinión pública después de que se conociera los que, hasta ahora, se ha gastado para promocionar su mandato.
De hecho, según un reciente informe revelado por El Espectador, el Gobierno nacional ha destinado más de 131.535 millones de pesos a contratos relacionados con publicidad desde el inicio de su mandato en agosto de 2022.
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Este gasto, que incluye acuerdos con medios tradicionales, plataformas digitales e influenciadores, ha generado debate sobre el uso de los recursos públicos en medio del llamado del presidente a ejecutar un plan de austeridad fiscal y crisis económica.
En comparación, el gobierno anterior de Iván Duque invirtió poco más de $40.000 millones en pauta oficial durante todo su cuatrienio, a pesar de la polémica que generó la creación de su programa diario durante la pandemia por el covid-19.
De acuerdo con los datos oficiales, solo en 2024, el gasto en publicidad alcanzó los $63.508 millones, distribuidos principalmente entre tres centrales de medios públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé.
Estas entidades han sido claves en la difusión de las políticas gubernamentales, especialmente en temas prioritarios para el presidente como la reforma agraria. Sin embargo, el panorama podría cambiar en 2025, ya que el Ministerio de Hacienda ha propuesto recortes en este rubro como parte de un plan de austeridad.
Según reveló el medio nacional, el contrato más costoso para el Gobierno, hasta ahora, fue suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Rtvc, por un valor de 20.700 millones de pesos, incluyendo adiciones.
Este acuerdo, vigente hasta abril de 2025, tiene como objetivo divulgar la oferta institucional de la ANT y posicionar su imagen en medio de las críticas por la reforma agraria. Según el análisis, Rtvc también ha firmado contratos con varios ministerios, como Cultura ($5.405 millones), Educación ($2.500 millones) e Interior ($1.973 millones), entre otros, acumulando un total de $38.432 millones en 2024.
Por su parte, Teveandina gestionó contratos con entidades como los ministerios de Salud ($10.778 millones) y Educación ($2.099 millones), alcanzando un total de $17.084 millones.
Telecafé, en tanto, firmó acuerdos con el Ministerio de Ambiente ($3.900 millones) y otras entidades, sumando $7.991 millones, lo que refleja la apuesta del Gobierno por los medios públicos como vehículos para comunicar su gestión, aunque también han surgido cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre los directivos de estas entidades y el Ejecutivo.
Además de los medios tradicionales, el Gobierno ha recurrido a los llamados influenciadores para promover su narrativa en redes sociales. Según El Espectador, al menos cinco creadores de contenido con marcada presencia digital tienen contratos con el Estado que suman más de $620 millones.
Entre ellos se encuentran Celso Tete Crespo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con una asignación mensual de $13.39 millones, y Walter Alfonso Rodríguez, conocido como “Wally Opina”, contratado por Rtvc con un salario mensual de $10.13 millones.
Pero ellos no son los únicos. En la Superintendencia de Salud también está contratada María Nini Echeverry, con un salario que ronda los 10.13 millones de pesos.
Además, en la Superintendencia de Industria y Comercio, Laura Daniela Beltrán, más conocida en redes como Lalis, tiene un jugoso contrato por un poco más de seis millones de pesos mensuales.
Estos influenciadores han utilizado sus plataformas para defender las políticas del Gobierno y contrarrestar las críticas de la oposición. Sin embargo, su participación ha generado controversia, especialmente tras la difusión de una imagen que mostraba a un grupo de creadores de contenido vinculados al Ejecutivo.
En respuesta, el presidente Petro defendió su derecho a contratar a personas afines a su ideología y solicitó a la Fiscalía investigar posibles ataques en su contra.
Además, en noviembre de 2024, el presidente Petro emitió una directiva que establece que, a partir de 2025, las entidades públicas deberán destinar un 33,3% de su presupuesto para publicidad a medios comunitarios, alternativos y digitales.
Según indicó el Ejecutivo, esta medida busca diversificar la pauta oficial y reducir la dependencia de los llamados por el presidente como “medios hegemónicos”, con los que el mandatario ha tenido tensiones desde el inicio de su Gobierno.
Asimismo, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, defendió esta estrategia al señalar que la pauta oficial no solo beneficia al Gobierno, sino que también contribuye a la sostenibilidad de los medios de comunicación.
Según Lizcano, “si el Gobierno no les ayuda, tampoco hay libertad de prensa”. Sin embargo, esta política ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de controlar la narrativa mediática y fortalecer la presencia del progresismo en el ámbito comunicativo.
INFOBAE
El Gobierno nacional ha optado por entregar jugosos contratos a tres medios de comunicación públicos para difundir los avances y estrategias del presidente. Además, los influenciadores siguen teniendo un gran rubro del Ejecutivo
En medio de la crisis económica por la que atraviesa el Gobierno nacional, anunciada por el propio presidente Gustavo Petro, que llevó al reajuste de presupuestos para todos los Ministerios y dependencias públicas, el jefe de Estado está en el centro de la opinión pública después de que se conociera los que, hasta ahora, se ha gastado para promocionar su mandato.
De hecho, según un reciente informe revelado por El Espectador, el Gobierno nacional ha destinado más de 131.535 millones de pesos a contratos relacionados con publicidad desde el inicio de su mandato en agosto de 2022.
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Este gasto, que incluye acuerdos con medios tradicionales, plataformas digitales e influenciadores, ha generado debate sobre el uso de los recursos públicos en medio del llamado del presidente a ejecutar un plan de austeridad fiscal y crisis económica.
En comparación, el gobierno anterior de Iván Duque invirtió poco más de $40.000 millones en pauta oficial durante todo su cuatrienio, a pesar de la polémica que generó la creación de su programa diario durante la pandemia por el covid-19.
De acuerdo con los datos oficiales, solo en 2024, el gasto en publicidad alcanzó los $63.508 millones, distribuidos principalmente entre tres centrales de medios públicos: RTVC, Teveandina (Canal Trece) y Telecafé.
Estas entidades han sido claves en la difusión de las políticas gubernamentales, especialmente en temas prioritarios para el presidente como la reforma agraria. Sin embargo, el panorama podría cambiar en 2025, ya que el Ministerio de Hacienda ha propuesto recortes en este rubro como parte de un plan de austeridad.
Según reveló el medio nacional, el contrato más costoso para el Gobierno, hasta ahora, fue suscrito entre la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y Rtvc, por un valor de 20.700 millones de pesos, incluyendo adiciones.
Este acuerdo, vigente hasta abril de 2025, tiene como objetivo divulgar la oferta institucional de la ANT y posicionar su imagen en medio de las críticas por la reforma agraria. Según el análisis, Rtvc también ha firmado contratos con varios ministerios, como Cultura ($5.405 millones), Educación ($2.500 millones) e Interior ($1.973 millones), entre otros, acumulando un total de $38.432 millones en 2024.
Por su parte, Teveandina gestionó contratos con entidades como los ministerios de Salud ($10.778 millones) y Educación ($2.099 millones), alcanzando un total de $17.084 millones.
Telecafé, en tanto, firmó acuerdos con el Ministerio de Ambiente ($3.900 millones) y otras entidades, sumando $7.991 millones, lo que refleja la apuesta del Gobierno por los medios públicos como vehículos para comunicar su gestión, aunque también han surgido cuestionamientos sobre posibles vínculos políticos entre los directivos de estas entidades y el Ejecutivo.
Además de los medios tradicionales, el Gobierno ha recurrido a los llamados influenciadores para promover su narrativa en redes sociales. Según El Espectador, al menos cinco creadores de contenido con marcada presencia digital tienen contratos con el Estado que suman más de $620 millones.
Entre ellos se encuentran Celso Tete Crespo, asesor del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), con una asignación mensual de $13.39 millones, y Walter Alfonso Rodríguez, conocido como “Wally Opina”, contratado por Rtvc con un salario mensual de $10.13 millones.
Pero ellos no son los únicos. En la Superintendencia de Salud también está contratada María Nini Echeverry, con un salario que ronda los 10.13 millones de pesos.
Además, en la Superintendencia de Industria y Comercio, Laura Daniela Beltrán, más conocida en redes como Lalis, tiene un jugoso contrato por un poco más de seis millones de pesos mensuales.
Estos influenciadores han utilizado sus plataformas para defender las políticas del Gobierno y contrarrestar las críticas de la oposición. Sin embargo, su participación ha generado controversia, especialmente tras la difusión de una imagen que mostraba a un grupo de creadores de contenido vinculados al Ejecutivo.
En respuesta, el presidente Petro defendió su derecho a contratar a personas afines a su ideología y solicitó a la Fiscalía investigar posibles ataques en su contra.
Además, en noviembre de 2024, el presidente Petro emitió una directiva que establece que, a partir de 2025, las entidades públicas deberán destinar un 33,3% de su presupuesto para publicidad a medios comunitarios, alternativos y digitales.
Según indicó el Ejecutivo, esta medida busca diversificar la pauta oficial y reducir la dependencia de los llamados por el presidente como “medios hegemónicos”, con los que el mandatario ha tenido tensiones desde el inicio de su Gobierno.
Asimismo, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, defendió esta estrategia al señalar que la pauta oficial no solo beneficia al Gobierno, sino que también contribuye a la sostenibilidad de los medios de comunicación.
Según Lizcano, “si el Gobierno no les ayuda, tampoco hay libertad de prensa”. Sin embargo, esta política ha sido interpretada por algunos sectores como un intento de controlar la narrativa mediática y fortalecer la presencia del progresismo en el ámbito comunicativo.
INFOBAE
