La población se abstuvo de votar en las elecciones parlamentarias mientras Estados Unidos volvió a imponer sanciones petroleras
Los venezolanos lo llaman las “elecciones fantasma”. El 25 de mayo, el régimen del presidente Nicolás Maduro organizó unas elecciones para elegir gobernadores, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional. La participación fue lamentable. Los colegios electorales estaban desiertos. “Nada cambiará con esta farsa”, afirma un votante octogenario del barrio obrero de Petare, en la capital, Caracas, que votó solo “por costumbre”.
El Gobierno proclamó triunfalmente una participación del 43%. Meganálisis, una empresa de sondeos, sitúa la cifra real en el 14%. La mayoría de los venezolanos tienen pocas ganas de votar después de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio. El candidato de la oposición, Edmundo González, respaldado por una popular ex congresista, María Corina Machado, ganó por mayoría aplastante, con el 67% de los votos. Pero ese resultado, confirmado por las impresiones oficiales de las máquinas de votación, no fue declarado. La autoridad electoral nacional, brazo del régimen, inventó una victoria para Maduro. Desde entonces, cientos de críticos del Gobierno han sido encarcelados. González está exiliado y Machado, escondida. Esta vez, ella pidió a los venezolanos que se abstuvieran.
Sus seguidores consideran que la baja participación es una victoria. Pero el mapa electoral es ahora del rojo intenso de un Estado unipartidista, sin que el régimen haya tenido siquiera que hacer trampas. La oposición se ha quedado con su última gobernación; el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder, tiene 23. Esa cifra incluye, absurdamente, el “estado” de Guayana Esequiba, una zona más grande que Grecia que constituye dos tercios de la vecina Guyana y que Venezuela reclama desde hace mucho tiempo. El régimen decretó que se añadiera a los mapas electorales oficiales en 2023. No se emitieron votos en ese territorio. En su lugar, su “gobernador” fue elegido por unos pocos votantes en el estado venezolano de Bolívar, al otro lado de la frontera.
Cuando comience la nueva legislatura, el 25 de enero del próximo año, el PSUV controlará 253 de los 285 escaños. Los otros 29 serán ocupados por una oposición mixta, falsa y genuina. Entre estos últimos se encuentra Henrique Capriles, exgobernador y dos veces candidato presidencial, que rompió con Machado antes de las últimas elecciones y pidió a los votantes que acudieran a las urnas, afirmando que votar es una oportunidad única para resistir al régimen.
Un tipo de voto diferente
A pesar de ser ya el beneficiario de una versión de la democracia en la que su victoria parece garantizada, Maduro espera hacerla aún más segura. Al emitir su voto, dijo que tenía la intención de cambiar la Constitución para que Venezuela avanzara hacia un sistema electoral “comunal”. No ha revelado detalles, pero podría marcar el fin del actual modelo de voto representativo del país, aunque sea abusivo. Los cargos electos, incluida la presidencia, podrían ser elegidos por “comunas”, cuya lealtad se comprueba previamente.
Sin embargo, se avecinan dificultades económicas. El 27 de mayo expiraron las exenciones de las sanciones que Estados Unidos había concedido a las empresas petroleras occidentales en Venezuela, incluida Chevron, un gigante estadounidense. El régimen tendrá que volver a vender su petróleo en el mercado negro con descuento, como hizo entre 2019 y 2023.
Solo Chevron exportaba alrededor de 240.000 barriles diarios de crudo desde sus operaciones en Venezuela, aproximadamente una cuarta parte de la producción total de petróleo del país. Ahora, su socio en la empresa conjunta, la pesada empresa petrolera estatal PDVSA, tendrá que hacerse cargo del 100% de la operación. Las complicaciones logísticas, como la importación de diluyentes, probablemente ralentizarán la producción. Francisco Monaldi, de la Universidad Rice de Houston, prevé “una caída global de entre 80.000 y 150.000 barriles diarios en los próximos 12 meses”. El impacto financiero que esto supondrá, según sus previsiones, será de unos 5000 millones de dólares al año, alrededor del 30% de los ingresos petroleros actuales del Estado petrolero. La consiguiente escasez de dólares probablemente aumentará la inflación y empujará a la economía, que se ha estabilizado recientemente, de nuevo a la recesión.
El Gobierno de Donald Trump no ha llegado a un consenso sobre la mejor manera de tratar con Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha apoyado sistemáticamente una estrategia de “máxima presión”. El enviado especial de Trump, Richard Grenell, había hablado de “generar confianza” con el régimen a cambio de la liberación de prisioneros estadounidenses si Venezuela acepta a los migrantes deportados de Estados Unidos.
Por ahora, prevalece la opinión de Rubio. Su Departamento de Estado ha confirmado que todas las licencias petroleras “que beneficiaban al régimen de Nicolás Maduro” expirarán. También reiteró su advertencia de que todos los estadounidenses en Venezuela “deben abandonar el país inmediatamente”. La decisión de Trump de adoptar una línea dura aparentemente se vio finalmente influida por los republicanos del Congreso de Florida, que advirtieron que no apoyarían su voto sobre el proyecto de ley de gastos el 22 de mayo si se renovaba la licencia de Chevron.
Desde su escondite, Machado envía mensajes para animar a sus seguidores. Un impulso para su movimiento, revelado el 5 de mayo, fue la aparente fuga de cinco miembros destacados de su equipo de campaña electoral de la residencia del embajador argentino en Caracas. Llevaban allí refugiados desde marzo de 2024, con las fuerzas de seguridad del Estado patrullando el exterior. Rubio dijo que habían salido gracias a una “operación precisa”. El Gobierno de Venezuela insiste en que fue mediante “negociación”.
Machado afirma que el régimen es débil. En un mensaje dirigido al pueblo venezolano el 26 de mayo, felicitó a los millones de personas que habían seguido su consejo de no votar. “El poder está en sus manos”, afirmó. La mayoría hizo oír su voz en las dos últimas elecciones de Venezuela: primero votando y luego absteniéndose. Es evidente que quiere ver el fin del mandato de Maduro. Pero, ¿cómo?
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INFOBAE
La población se abstuvo de votar en las elecciones parlamentarias mientras Estados Unidos volvió a imponer sanciones petroleras
Los venezolanos lo llaman las “elecciones fantasma”. El 25 de mayo, el régimen del presidente Nicolás Maduro organizó unas elecciones para elegir gobernadores, alcaldes y diputados a la Asamblea Nacional. La participación fue lamentable. Los colegios electorales estaban desiertos. “Nada cambiará con esta farsa”, afirma un votante octogenario del barrio obrero de Petare, en la capital, Caracas, que votó solo “por costumbre”.
El Gobierno proclamó triunfalmente una participación del 43%. Meganálisis, una empresa de sondeos, sitúa la cifra real en el 14%. La mayoría de los venezolanos tienen pocas ganas de votar después de lo que ocurrió en las elecciones presidenciales del pasado mes de julio. El candidato de la oposición, Edmundo González, respaldado por una popular ex congresista, María Corina Machado, ganó por mayoría aplastante, con el 67% de los votos. Pero ese resultado, confirmado por las impresiones oficiales de las máquinas de votación, no fue declarado. La autoridad electoral nacional, brazo del régimen, inventó una victoria para Maduro. Desde entonces, cientos de críticos del Gobierno han sido encarcelados. González está exiliado y Machado, escondida. Esta vez, ella pidió a los venezolanos que se abstuvieran.
Sus seguidores consideran que la baja participación es una victoria. Pero el mapa electoral es ahora del rojo intenso de un Estado unipartidista, sin que el régimen haya tenido siquiera que hacer trampas. La oposición se ha quedado con su última gobernación; el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en el poder, tiene 23. Esa cifra incluye, absurdamente, el “estado” de Guayana Esequiba, una zona más grande que Grecia que constituye dos tercios de la vecina Guyana y que Venezuela reclama desde hace mucho tiempo. El régimen decretó que se añadiera a los mapas electorales oficiales en 2023. No se emitieron votos en ese territorio. En su lugar, su “gobernador” fue elegido por unos pocos votantes en el estado venezolano de Bolívar, al otro lado de la frontera.
Cuando comience la nueva legislatura, el 25 de enero del próximo año, el PSUV controlará 253 de los 285 escaños. Los otros 29 serán ocupados por una oposición mixta, falsa y genuina. Entre estos últimos se encuentra Henrique Capriles, exgobernador y dos veces candidato presidencial, que rompió con Machado antes de las últimas elecciones y pidió a los votantes que acudieran a las urnas, afirmando que votar es una oportunidad única para resistir al régimen.
Un tipo de voto diferente
A pesar de ser ya el beneficiario de una versión de la democracia en la que su victoria parece garantizada, Maduro espera hacerla aún más segura. Al emitir su voto, dijo que tenía la intención de cambiar la Constitución para que Venezuela avanzara hacia un sistema electoral “comunal”. No ha revelado detalles, pero podría marcar el fin del actual modelo de voto representativo del país, aunque sea abusivo. Los cargos electos, incluida la presidencia, podrían ser elegidos por “comunas”, cuya lealtad se comprueba previamente.
Sin embargo, se avecinan dificultades económicas. El 27 de mayo expiraron las exenciones de las sanciones que Estados Unidos había concedido a las empresas petroleras occidentales en Venezuela, incluida Chevron, un gigante estadounidense. El régimen tendrá que volver a vender su petróleo en el mercado negro con descuento, como hizo entre 2019 y 2023.
Solo Chevron exportaba alrededor de 240.000 barriles diarios de crudo desde sus operaciones en Venezuela, aproximadamente una cuarta parte de la producción total de petróleo del país. Ahora, su socio en la empresa conjunta, la pesada empresa petrolera estatal PDVSA, tendrá que hacerse cargo del 100% de la operación. Las complicaciones logísticas, como la importación de diluyentes, probablemente ralentizarán la producción. Francisco Monaldi, de la Universidad Rice de Houston, prevé “una caída global de entre 80.000 y 150.000 barriles diarios en los próximos 12 meses”. El impacto financiero que esto supondrá, según sus previsiones, será de unos 5000 millones de dólares al año, alrededor del 30% de los ingresos petroleros actuales del Estado petrolero. La consiguiente escasez de dólares probablemente aumentará la inflación y empujará a la economía, que se ha estabilizado recientemente, de nuevo a la recesión.
El Gobierno de Donald Trump no ha llegado a un consenso sobre la mejor manera de tratar con Venezuela. El secretario de Estado, Marco Rubio, ha apoyado sistemáticamente una estrategia de “máxima presión”. El enviado especial de Trump, Richard Grenell, había hablado de “generar confianza” con el régimen a cambio de la liberación de prisioneros estadounidenses si Venezuela acepta a los migrantes deportados de Estados Unidos.
Por ahora, prevalece la opinión de Rubio. Su Departamento de Estado ha confirmado que todas las licencias petroleras “que beneficiaban al régimen de Nicolás Maduro” expirarán. También reiteró su advertencia de que todos los estadounidenses en Venezuela “deben abandonar el país inmediatamente”. La decisión de Trump de adoptar una línea dura aparentemente se vio finalmente influida por los republicanos del Congreso de Florida, que advirtieron que no apoyarían su voto sobre el proyecto de ley de gastos el 22 de mayo si se renovaba la licencia de Chevron.
Desde su escondite, Machado envía mensajes para animar a sus seguidores. Un impulso para su movimiento, revelado el 5 de mayo, fue la aparente fuga de cinco miembros destacados de su equipo de campaña electoral de la residencia del embajador argentino en Caracas. Llevaban allí refugiados desde marzo de 2024, con las fuerzas de seguridad del Estado patrullando el exterior. Rubio dijo que habían salido gracias a una “operación precisa”. El Gobierno de Venezuela insiste en que fue mediante “negociación”.
Machado afirma que el régimen es débil. En un mensaje dirigido al pueblo venezolano el 26 de mayo, felicitó a los millones de personas que habían seguido su consejo de no votar. “El poder está en sus manos”, afirmó. La mayoría hizo oír su voz en las dos últimas elecciones de Venezuela: primero votando y luego absteniéndose. Es evidente que quiere ver el fin del mandato de Maduro. Pero, ¿cómo?
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