El decreto autoriza al Ejecutivo a expedir normas con fuerza de ley para enfrentar presiones fiscales, sociales y presupuestales, las cuales estarán sujetas al control posterior de la Corte Constitucional
El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, un documento de 20 páginas firmado por el mandatario y la totalidad de su gabinete ministerial, en el que se advierte que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que compromete la estabilidad fiscal del Estado y su capacidad para garantizar derechos fundamentales.
La declaratoria, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, le permitirá al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, con el fin de cerrar el faltante fiscal que dejó la no aprobación de la reforma tributaria, la cual buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
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Una crisis fiscal que el Gobierno califica como “grave”
En el decreto, el Gobierno sostiene que la Nación atraviesa una crisis que supera los márgenes normales de manejo fiscal. En uno de los apartados centrales del documento se advierte que el Estado se encuentra en “incapacidad de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, como consecuencia de una situación fiscal que “adquirió el carácter de grave”.
El Ejecutivo argumenta que el archivo de la reforma tributaria no es un hecho aislado, sino el punto crítico de una acumulación de presiones financieras que se han intensificado en los últimos años, en especial por la existencia de gastos rígidos y obligaciones inaplazables que no pueden ser recortadas sin afectar directamente a la población.
El fracaso de dos reformas tributarias consecutivas
Uno de los ejes centrales del decreto es la referencia explícita al archivo de dos reformas tributarias sucesivas, ambas impulsadas por el actual Gobierno. Según el documento, la primera iniciativa buscaba recaudar cerca de $12 billones, mientras que la más reciente aspiraba a obtener $16,3 billones, recursos considerados indispensables para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
El Gobierno señala que la imposibilidad de obtener estos ingresos por la vía legislativa agravó de manera sustancial el desbalance fiscal, obligando al Ejecutivo a acudir a los mecanismos excepcionales previstos en la Constitución.
Las ocho causas que precipitaron la emergencia económica
El Decreto 1390 enumera de manera detallada los factores que, según el Gobierno, llevaron a la declaratoria de emergencia económica. Entre los principales se destacan:
- El pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, que representa una de las mayores presiones sobre el gasto público.
- El deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales, que demandan mayores recursos en seguridad y defensa.
- Los efectos de la ola invernal, que han generado emergencias humanitarias y mayores costos de atención.
- Los subsidios a la energía, especialmente en regiones vulnerables del país.
- Sentencias judiciales pendientes por $1,5 billones, que deben ser atendidas de manera obligatoria.
- Obligaciones contractuales vencidas por $5,1 billones y deudas con víctimas del conflicto armado por $1,6 billones.
- Restricciones en el endeudamiento público, derivadas de la regla fiscal.
- Limitaciones en la caja de la Tesorería, que afectan el flujo normal de pagos del Estado.
Para el Gobierno, este conjunto de variables configura una situación excepcional que no puede ser atendida con los instrumentos ordinarios del presupuesto.
Qué podrá hacer el Gobierno durante la emergencia
Con la declaratoria vigente, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos legislativos “necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, tal como lo establece el decreto.
Aunque el documento no detalla de manera explícita cada una de las medidas tributarias que se adoptarán, sí define los principios generales que orientarán las decisiones del Gobierno. Entre ellos, se prioriza la adopción de impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos destinados a corregir externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
Cambios en IVA, patrimonio y sector financiero
El decreto anticipa que se evaluarán ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA), especialmente en lo relacionado con tarifas diferenciales y tratamientos especiales frente a la tarifa general del 19%. En la práctica, esto podría traducirse en incrementos del impuesto en determinados bienes y servicios.
Asimismo, el Gobierno plantea la creación de un impuesto al patrimonio de personas naturales con un enfoque más progresivo, un aumento en la tributación del sector financiero y el fortalecimiento de los impuestos saludables, que gravan el consumo de bebidas alcohólicas y productos como los vaporeadores.
Medidas aún en definición
Aunque en días previos circuló un borrador que mencionaba posibles decisiones como elevar el 4×1.000 al 5×1.000, imponer IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea, o crear un impuesto a la extracción de combustibles fósiles, el Decreto 1390 no consigna ninguna de estas medidas de forma expresa. Su eventual adopción dependerá de los decretos legislativos que se expidan durante el periodo de emergencia.
Este es el decreto de declaración de Emergencia Económica en Colombia
Control político y revisión de la Corte Constitucional
El decreto también establece que el Congreso de la República será convocado para ejercer control político sobre las normas que se expidan una vez finalice el estado de emergencia. De igual forma, todas las medidas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su constitucionalidad.
Aunque buena parte de la Rama Judicial se encuentra en vacancia de fin de año, el alto tribunal podría convocar sesiones extraordinarias, como ya ha ocurrido en el pasado, para evaluar la legalidad de la declaratoria.
Con esta decisión, el Gobierno Petro abre un nuevo escenario de debate político, económico y jurídico, mientras avanza en la implementación de medidas excepcionales para enfrentar una crisis fiscal que, según el Ejecutivo, amenaza con extender sus efectos sobre derechos fundamentales y servicios esenciales si no se actúa de manera inmediata.
INFOBAE
El decreto autoriza al Ejecutivo a expedir normas con fuerza de ley para enfrentar presiones fiscales, sociales y presupuestales, las cuales estarán sujetas al control posterior de la Corte Constitucional
El Gobierno del presidente Gustavo Petro declaró oficialmente el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional, luego del hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso de la República. La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, un documento de 20 páginas firmado por el mandatario y la totalidad de su gabinete ministerial, en el que se advierte que el país enfrenta una “situación grave e inminente” que compromete la estabilidad fiscal del Estado y su capacidad para garantizar derechos fundamentales.
La declaratoria, que tendrá una vigencia inicial de 30 días, le permitirá al Ejecutivo expedir decretos legislativos con fuerza de ley, principalmente en materia tributaria, con el fin de cerrar el faltante fiscal que dejó la no aprobación de la reforma tributaria, la cual buscaba recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación de 2026.
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Una crisis fiscal que el Gobierno califica como “grave”
En el decreto, el Gobierno sostiene que la Nación atraviesa una crisis que supera los márgenes normales de manejo fiscal. En uno de los apartados centrales del documento se advierte que el Estado se encuentra en “incapacidad de garantizar el goce efectivo de algunos derechos fundamentales y la prestación de servicios públicos esenciales”, como consecuencia de una situación fiscal que “adquirió el carácter de grave”.
El Ejecutivo argumenta que el archivo de la reforma tributaria no es un hecho aislado, sino el punto crítico de una acumulación de presiones financieras que se han intensificado en los últimos años, en especial por la existencia de gastos rígidos y obligaciones inaplazables que no pueden ser recortadas sin afectar directamente a la población.
El fracaso de dos reformas tributarias consecutivas
Uno de los ejes centrales del decreto es la referencia explícita al archivo de dos reformas tributarias sucesivas, ambas impulsadas por el actual Gobierno. Según el documento, la primera iniciativa buscaba recaudar cerca de $12 billones, mientras que la más reciente aspiraba a obtener $16,3 billones, recursos considerados indispensables para garantizar la sostenibilidad fiscal del Estado.
El Gobierno señala que la imposibilidad de obtener estos ingresos por la vía legislativa agravó de manera sustancial el desbalance fiscal, obligando al Ejecutivo a acudir a los mecanismos excepcionales previstos en la Constitución.
Las ocho causas que precipitaron la emergencia económica
El Decreto 1390 enumera de manera detallada los factores que, según el Gobierno, llevaron a la declaratoria de emergencia económica. Entre los principales se destacan:
- El pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) del sistema de salud, que representa una de las mayores presiones sobre el gasto público.
- El deterioro del orden público y los riesgos para líderes sociales, que demandan mayores recursos en seguridad y defensa.
- Los efectos de la ola invernal, que han generado emergencias humanitarias y mayores costos de atención.
- Los subsidios a la energía, especialmente en regiones vulnerables del país.
- Sentencias judiciales pendientes por $1,5 billones, que deben ser atendidas de manera obligatoria.
- Obligaciones contractuales vencidas por $5,1 billones y deudas con víctimas del conflicto armado por $1,6 billones.
- Restricciones en el endeudamiento público, derivadas de la regla fiscal.
- Limitaciones en la caja de la Tesorería, que afectan el flujo normal de pagos del Estado.
Para el Gobierno, este conjunto de variables configura una situación excepcional que no puede ser atendida con los instrumentos ordinarios del presupuesto.
Qué podrá hacer el Gobierno durante la emergencia
Con la declaratoria vigente, el Ejecutivo queda facultado para expedir decretos legislativos “necesarios para conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos”, tal como lo establece el decreto.
Aunque el documento no detalla de manera explícita cada una de las medidas tributarias que se adoptarán, sí define los principios generales que orientarán las decisiones del Gobierno. Entre ellos, se prioriza la adopción de impuestos directos e indirectos dirigidos a personas naturales y jurídicas con mayor poder contributivo, así como tributos destinados a corregir externalidades negativas en materia ambiental y de salud pública.
Cambios en IVA, patrimonio y sector financiero
El decreto anticipa que se evaluarán ajustes en el impuesto al valor agregado (IVA), especialmente en lo relacionado con tarifas diferenciales y tratamientos especiales frente a la tarifa general del 19%. En la práctica, esto podría traducirse en incrementos del impuesto en determinados bienes y servicios.
Asimismo, el Gobierno plantea la creación de un impuesto al patrimonio de personas naturales con un enfoque más progresivo, un aumento en la tributación del sector financiero y el fortalecimiento de los impuestos saludables, que gravan el consumo de bebidas alcohólicas y productos como los vaporeadores.
Medidas aún en definición
Aunque en días previos circuló un borrador que mencionaba posibles decisiones como elevar el 4×1.000 al 5×1.000, imponer IVA a licores, cigarrillos y apuestas en línea, o crear un impuesto a la extracción de combustibles fósiles, el Decreto 1390 no consigna ninguna de estas medidas de forma expresa. Su eventual adopción dependerá de los decretos legislativos que se expidan durante el periodo de emergencia.
Este es el decreto de declaración de Emergencia Económica en Colombia
Control político y revisión de la Corte Constitucional
El decreto también establece que el Congreso de la República será convocado para ejercer control político sobre las normas que se expidan una vez finalice el estado de emergencia. De igual forma, todas las medidas deberán ser revisadas por la Corte Constitucional, que tendrá la última palabra sobre su constitucionalidad.
Aunque buena parte de la Rama Judicial se encuentra en vacancia de fin de año, el alto tribunal podría convocar sesiones extraordinarias, como ya ha ocurrido en el pasado, para evaluar la legalidad de la declaratoria.
Con esta decisión, el Gobierno Petro abre un nuevo escenario de debate político, económico y jurídico, mientras avanza en la implementación de medidas excepcionales para enfrentar una crisis fiscal que, según el Ejecutivo, amenaza con extender sus efectos sobre derechos fundamentales y servicios esenciales si no se actúa de manera inmediata.
INFOBAE
