La decisión de la Corte Constitucional de poner en pausa el decreto que declaró la emergencia económica cambió de golpe el tablero fiscal del Gobierno de Gustavo Petro.
Con esa herramienta congelada, el Ejecutivo perdió un atajo clave para asegurar recursos y ahora enfrenta un escenario de alta tensión: un presupuesto General de la Nación aprobado, pero sin el respaldo pleno de ingresos para ejecutarlo como estaba planeado.
De hecho, versiones conocidas por el medio La República señalan que el Ejecutivo ya da por descontado que deberá presentar una ley de financiamiento o una reforma tributaria ordinaria para compensar el vacío que dejó la suspensión del decreto. La idea es insistir en el Legislativo, esta vez por la vía regular, luego de que el atajo excepcional fuera frenado por la Corte Constitucional.
El plan B del Gobierno tras la suspensión
La postura oficial quedó clara en declaraciones recientes del viceministro técnico de Hacienda, Leonardo Pazos, que reconoció que el margen de maniobra se redujo de manera drástica. Según explicó, la emergencia económica no fue un capricho político, sino la última carta disponible luego de haber agotado los mecanismos ordinarios de recaudo.
Con el decreto suspendido, el panorama cambia: la normativa vigente obliga a hacer un ajuste automático si no se aprueba una ley que respalde los ingresos faltantes. En números gruesos, el recorte potencial rondaría los $16 billones, una cifra que pondría en aprietos a varias carteras y programas estratégicos del Gobierno.
Para evitar ese escenario, el Ejecutivo ya empezó a enviar señales de que insistirá en el Congreso. El mensaje es que, aunque la tributaria no sea popular y encuentre resistencias políticas, sigue siendo la alternativa preferida frente a un tijeretazo generalizado al gasto público.
Deuda, una opción incómoda, pero latente
En paralelo, el Ministerio de Hacienda mantiene abierta una puerta que hasta ahora había tratado de cerrar: un mayor recurso al endeudamiento. El propio ministro Germán Ávila ha admitido que, si la coyuntura lo exige, el Gobierno podría acudir a la emisión de deuda interna mediante la colocación de Títulos de Tesorería (TES).
Desde Hacienda insisten en que financiar el presupuesto con más deuda va en contravía del objetivo de sanear las cuentas públicas y aumenta la presión sobre las finanzas futuras del Estado. Por eso, la prioridad sigue siendo fortalecer los ingresos tributarios, incluso si eso implica volver a librar una batalla política en el Congreso.
Este enfoque refuerza la idea de que la suspensión del decreto de emergencia no cerró el capítulo fiscal, sino que abrió uno nuevo: el de una posible reforma tributaria que retome, por la vía legislativa, varios de los elementos que el Gobierno había intentado implementar bajo la figura excepcional.
Lo que estaba en juego: el recaudo esperado
Antes del frenazo de la Corte, el Ejecutivo había calculado que el paquete de medidas asociadas a la emergencia permitiría un recaudo cercano a los $12 billones. Ese dinero era clave para cuadrar las cuentas de 2025 y darle oxígeno al Presupuesto General.
Buena parte de esos recursos provenía de cambios administrativos y alivios fiscales que, paradójicamente, buscaban mejorar la eficiencia del sistema tributario. A eso se sumaban ajustes a impuestos ya existentes, como el gravamen al patrimonio, y nuevos cargos al consumo de productos como alcohol y tabaco. El sector financiero y la actividad minero-energética también figuraban entre las principales fuentes de ingresos proyectadas.
En ese contexto, según el análisis hecho por La República, el Gobierno enfrenta un triple desafío: evitar un recorte abrupto del gasto, no disparar la deuda y, al mismo tiempo, convencer al Congreso de aprobar una nueva reforma tributaria. Tras la caída del decreto de emergencia, la vía que parece tomar el Gobierno es seguir apostando a una propuesta fiscal, solo cambia de escenario.
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