El magistrado ponente del Consejo de Estado que estaba estudiando el caso del decreto de aumento del salario mínimo del 23,78% para 2026, expedido por la administración del presidente Gustavo Petro, determinó tomar como medida cautelar suspender los efectos del decreto.
Esto se haría en forma provisional, y le daría 8 días al Gobierno nacional para que expida un nuevo decreto, teniendo en cuenta los parámetros dictados por la ley. Es decir, que no sea una decisión política sino técnicos definidos por la norma.
En la providencia, el alto tribunal ordenó al Gobierno que, dentro de los ocho días siguientes a la notificación, expida y publique un nuevo decreto en el que fije un porcentaje transitorio de aumento del salario mínimo legal y determine su valor total para la vigencia 2026. Para ello, deberá aplicar integralmente los criterios económicos y constitucionales previstos en la Ley 278 de 1996, según lo expuesto en la parte motiva de la decisión.
El nuevo valor que se establezca tendrá carácter provisional y regirá mientras se profiere una sentencia definitiva dentro del proceso. Con esta determinación, el Consejo de Estado mantiene la discusión judicial abierta sobre la legalidad del decreto que fijó el salario mínimo en Colombia para 2026.
La demanda fue presentada por ciudadanos que cuestionaron la legalidad del acto administrativo y solicitaron su suspensión provisional, argumentando posibles vulneraciones a normas superiores.
El Consejo de Estado acogió esa solicitud al considerar que se cumplían los requisitos para adoptar la medida cautelar, lo que no implica aún una decisión definitiva sobre la nulidad del decreto, sino una determinación preventiva mientras avanza el proceso.
Los demandantes argumentan que el aumento se fijó utilizando el concepto de “salario vital” basado en referentes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), los cuales no tienen carácter vinculante en Colombia.
Ahora el proceso continuará hasta que el Consejo de Estado emita una sentencia definitiva que determine si el decreto demandado debe ser anulado o si se ajustó a derecho. Mientras tanto, el Gobierno deberá cumplir la orden judicial y expedir una nueva regulación provisional, en un contexto de alta sensibilidad económica y social.
Reacciones a la decisión del Consejo de Estado
Tras conocerse la decisión del Consejo de Estado, el ministro del interior, Armando Benedetti, reaccionó con fuertes críticas y calificó la determinación como una decisión de carácter político. “Me enteré que se cayó el salario mínimo vital. Eso demuestra otra vez que no se le quiere ayudar a los menos favorecidos. Que resulta que aquí hay una clase dirigente que tiene influencia en el Congreso, en las Altas Cortes y que, por lo tanto, no se le quiere dar ese beneficio”, afirmó.
El jefe de la cartera política sostuvo que, a su juicio, el incremento decretado respondía a condiciones económicas favorables. “Ya las grandes empresas estaban diciendo que estaba bien. La inflación no había sido como se quería, los alimentos no habían crecido”, señaló, al defender la decisión inicial del Gobierno sobre el salario mínimo.
Benedetti agregó que la suspensión tendrá efectos más allá del plano jurídico y económico. “Para mí es una decisión política antes que cualquier otra cosa. Esto va a tener también muchas consecuencias políticas. Vamos a ver qué va a pasar en la campaña. La gente va a tener que decidir quién está a favor de los menos favorecidos, quién está a favor del salario mínimo vital o quién está a favor de los dirigentes”, concluyó.
En otros espectros de la política, el partido Cambio Radical expresó a través de su cuenta de X que a pesar de la decisión del alto tribunal, el daño ya está hecho. “La inflación ya encendió las alarmas y, peor aún, miles perdieron su empleo o cayeron en la informalidad”
