El fallo que dejó sin efecto el incremento del salario mínimo proyectado por el Ejecutivo generó reacciones divergentes entre oficialismo y oposición, abriendo posibilidades para capitalizar el descontento social y reorientar narrativas
Por primera vez, el Consejo de Estado suspendió de forma cautelar el decreto que fijaba el incremento del salario mínimo en 23,8% para 2026 establecido por el Gobierno de Gustavo Petro, en medio de la campaña para las elecciones legislativas programadas para el 8 de marzo.
Esta decisión, que se dictó por una supuesta falta de criterios técnicos que justificaran el alza, reconfigura el panorama político y se convierte en un nuevo eje de disputa electoral en Colombia.
Diversos actores coinciden en que la resolución del tribunal abre escenarios inesperados en la recta final de la campaña, generando oportunidades para que distintos sectores capitalicen el descontento y movilicen a sus bases.
La suspensión del decreto responde a una falta de justificación técnica en la cifra establecida para el aumento del salario mínimo, que, según la medida temporal del Consejo de Estado, carecía de respaldo en criterios verificables.
Esta actuación se inscribe en una serie de resoluciones judiciales que han marcado el debate público colombiano durante el primer semestre de 2026. El tribunal adoptó la inédita decisión de frenar cautelarmente el decreto tras identificar problemas en la argumentación utilizada por el Ejecutivo para defender el incremento.
Funcionarios y dirigentes vinculados al gobierno de Gustavo Petro interpretan la suspensión como una posibilidad de reposicionar su mensaje, sugiriendo que la resolución no solo busca frenar una política social sino que atenta directamente contra los intereses populares.
“Es una ventana de oportunidad”, afirmó Juan Federico Pino, académico de Flacso Ecuador, en declaraciones a El Tiempo, al destacar que el contexto potencia la capacidad del oficialismo para reforzar la necesidad de una reforma estructural, incluso a través de una asamblea constituyente.
Pino sostuvo que la decisión refuerza la idea de un bloqueo institucional contra la voluntad popular y “acrecienta la dicotomía de pueblo y casta corrupta que no quiere el bienestar del pueblo”. En ese sentido, consideró que la medida judicial “le están haciendo un favor a Petro y a sus candidatos”.
El propio Ejecutivo reconoce el peso electoral de la instancia. “Lo que sí queda muy claro es que esta decisión va a tener una consecuencia política muy grande en plena época electoral. Eso no lo puede soslayar nadie. Y creo que, al contrario, esta campaña que había sido tan tenue y aburrida, esto le va a poner mucho calor”, sostuvo el ministro Armando Benedetti.
Congresistas afines al Gobierno como Iván Cepeda condenaron abiertamente el fallo, al calificarlo como “arbitrario y regresivo” y convocar a manifestaciones masivas: “Se trata de un nuevo atentado contra las políticas sociales del gobierno nacional y del presidente Gustavo Petro, que buscan el bienestar y el progreso para las trabajadoras y los trabajadores de Colombia”, declaró Cepeda, que advirtió: “Esta arbitraria suspensión tendrá el más fuerte rechazo, que se expresará en las calles y en la movilización social”.
El exsenador Roy Barreras también exigió acciones inmediatas: “¡Atención! Todos a las plazas. Mañana es quincena, es un acto insensible y debemos rodear al presidente en este ataque que afecta a todos los trabajadores de Colombia”.
Analistas como Yann Basset, de la Universidad del Rosario, y Ángel Tuirán, de la Universidad del Norte, consideran que el impacto electoral no será monopolio del oficialismo.
Basset valoró que el aumento del salario mínimo ya tenía un sentido ligada a obtener rédito electoral y que, ahora, su suspensión puede tener efectos ambiguos, ya que “muchos sectores sintieron el alza como un golpe a las empresas”. Advirtió que “no es claro el efecto que va a tener el fin de la medida. Es claro que el Gobierno Petro lo intentará hacer y dirá que no lo dejaron. Pero hay otros sectores que verán como un alivio la determinación del Consejo de Estado”, dijo a El Tiempo.
En el mismo sentido, para Tuirán, lo que está en juego es la apropiación del relato dominante: “La decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto de aumento del salario mínimo para 2026 introduce un elemento de alta sensibilidad en la contienda electoral, puesto que traslada el debate del terreno técnico al simbólico”.
Añadió que el efecto político dependerá de quién logre imponer su interpretación en los próximos días: “Si se impone la tesis de defensa del poder adquisitivo, el Gobierno puede movilizar base social; si prevalece la idea de inseguridad jurídica y desorden macroeconómico, la oposición podría movilizar apoyos a su favor”.
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