El Decreto 0175 de 2026 autorizó la contratación directa y eliminó las restricciones a las adiciones contractuales en medio de la emergencia invernal, a la vez que exceptuó a las entidades públicas de la Ley de Garantías pese a encontrarse en época electoral
El Decreto 0175 de 2026, expedido por el Gobierno nacional en medio de la emergencia económica, producto de la emergencia invernal en la Costa Atlántica, permitiría la contratación directa y sin límites de adiciones, pese a que está en plena vigencia la Ley de Garantías durante el periodo electoral. Esta especie de “mico” en el documento firmado por el presidente Gustavo Petro causó una fuerte controversia y una clara amenaza del uso indebido de los recursos públicos.
Según la senadora Angélica Lozano, en el texto oficial, el referido decreto autoriza a las entidades públicas a contratar bienes, servicios y logística necesarios para la atención de la emergencia sin las restricciones ordinarias establecidas en la Ley. Esto significa que podrán adjudicar contratos de manera directa, sin adelantar procesos de selección competitivos habituales; contrario a lo dispuesto en los procesos habituales, dispuestos por la ley.
“En medio de la emergencia invernal, el gobierno @petrogustavo metió esta perla en el Decreto 0175. Un artículo amplia la contratación directa, elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías. En plena época electoral. Léalo usted mismo (sic)”, afirmó la congresista en la denuncia que hizo efectiva a través de las redes sociales y que encendió las alarmas de los entes de control, ante las peculiares características descritas.
Además, el decreto establece que estas contrataciones se regirán únicamente por los requisitos y formalidades de la contratación entre particulares, y se aplicarán artículos específicos de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, que regulan la contratación estatal en Colombia.
Contratación directa sin límites: el alcance del Decreto 0175 de 2026, bajo la lupa de Angélica Lozano
En sus redes sociales, Lozano calificó este apartado como una “perla” incluida por el Gobierno para modificar las reglas de la contratación pública en un momento particularmente sensible. “El documento elimina límites a las adiciones y elimina la restricción de la ley de garantías en plena época electoral”. Lozano reconoció la necesidad de agilidad para atender la emergencia, aunque subrayó que “eso no está en discusión”, agregó en la red social.
En su denuncia, la congresista precisó que uno de los puntos más polémicos es la eliminación del límite de adición de contratos estatales, que normalmente impide superar el 50% del valor inicial del contrato. Según el decreto, los contratos vigentes o suscritos para enfrentar la emergencia podrán adicionarse sin límite alguno; por lo que esta medida, inédita en medio de periodos próximos a las elecciones, se ha convertido en un detalle adicional de preocupación.
“Hoy no es claro cómo se va a ejecutar la plata de la emergencia invernal. ¿Quién la ejecuta? ¿Con qué plan de acción detallado? ¿En qué se va a gastar peso por peso? ¿Bajo qué cronograma? ¿Con qué mecanismo de rendición de cuentas pública y seguimiento en tiempo real?“, remarcó la senadora en su denuncia, con la que causó revuelo frente a lo que se estaría determinando con los recursos de los colombianos para atender, según el Gobierno, la crisis actual.
El decreto también exceptúa de manera explícita a las entidades de la Ley de Garantías, que prohíbe la celebración de contratos y la vinculación de personal en la administración pública durante los periodos previos a elecciones. “La emergencia no puede ser un cheque en blanco para la politiquería”, advirtió la senadora, que insistió en la necesidad de hacer un “blindaje total: plan de inversión público, control permanente y rendición de cuentas en tiempo real”.
En relación con este decreto, y los consiguientes como parte de la emergencia económica, el Ejecutivo señaló que las medidas excepcionales tienen como objetivo principal “dar mayor celeridad a la actuación administrativa y agilizar la ejecución de recursos en las zonas afectadas”. De acuerdo con el documento, el país atraviesa una crisis sin precedentes en el sector agropecuario, por lo que se requieren mecanismos ágiles para la contratación y ejecución.
Hasta el momento, organismos de control como la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación no han anunciado acciones específicas frente al Decreto 0175, aunque recordaron la importancia de la vigilancia sobre la contratación pública en situaciones de emergencia; con disposiciones que seguirán vigentes durante el periodo electoral, en el que no solo se elegirá el nuevo Congreso, el 8 de marzo, sino el sucesor de Petro.
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