Ante el polémico hecho de soldados y oficiales intimidando a campesinos en Tierralta, Córdoba, el Ejército Nacional expuso que ya se tomaron los correctivos necesarios para avanzar en la investigación.

El retiro inminente de los ocho militares va de la mano con un plan de acción encabezado por un seguimiento de actos en contra de los Derechos Humanos, la implementación de la Línea fucsia y, así mismo, la investigación del ataque que sufrió el helicóptero que transportaba las comisiones de la Fiscalía y la Procuraduría encargadas de investigar los hechos.

Todos los militares implicados en este escándalo fueron sometidos a rigurosas medidas por parte del Ejército Nacional, que también, en su comunicado explicó el retiro de seis oficiales y cuatro suboficiales que según la institución, comprometieron los valores y principios del las tropas.

“El Comando del Ejército Nacional, atendiendo la necesidad de tomar medidas administrativas independientes a las que puedan adoptarse en el ámbito disciplinario y penal, dentro de las facultades legales contempladas en el Decreto Ley 1790 de 2000 artículo 100, ha decidido retirar con pase a la reserva a un personal de 6 Oficiales y 4 Suboficiales, que con su actuar han comprometido los principios y valores de la institución”, sentenció la institución en su comunicado.

Sin embargo, las medidas tomadas no son solo contra los militares que estuvieron operando en la zona, pues los correctivos se extienden contra otros uniformados que según el Ejército Nacional no participaron de manera directa en estos hechos. A pesar de no tener estar involucrados de manera explícita, fueron trasladados 13 soldados profesionales que solo realizarán tareas administrativas mientras avanza la investigación.

El Ejército ponderó: “Ahora bien, con relación al personal orgánico del Pelotón, que no habría participado en forma directa en los hechos y en virtud de lo descrito en el artículo 24 del Decreto Ley 1793 de 2000, se ordenó el traslado de 13 Soldados Profesionales a Unidades en las que no realizarán actividades operacionales, ni de inteligencia, y cumplirán labores administrativas y servicios de régimen interno, en tanto se definen los procesos de investigación activos”.

En este sentido, el oficial encargado de la compañía que incursionó en la zona cumplirá con la incapacidad a la que está sometido, pero no está exento de la investigación, pues el proceso continúa y en cualquier momento se tomará una decisión puntual sobre su futuro.

La situación en el departamento de Córdoba sigue generando alarma en el país, pues día a día se conocen más detalles sobre las amenazas a las que fue sometida la comunidad de Bocas del Manso en Tierralta. Según el Ejército, se extremarán medidas en todos los territorios para que las unidades militares actúen conforme a la ley y no vulneren los derechos de la comunidad, resaltando que es necesario que estos se rijan por los reglamentos institucionales que no alteren las líneas de mando.

“Igualmente, se están adoptando otras medidas tendientes a fortalecer el aprendizaje desde las Escuelas de formación y capacitación, así como en los Batallones de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento, en aras de evitar estos comportamientos individuales, que se apartan de las políticas y lineamientos institucionales, que han sido recabados de manera constante en los diferentes programas radiales que se difunden a todos los niveles del mando”, añadió el Ejército.

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