La determinación se dio en respuesta a la medida cautelar solicitada en la acción popular interpuesta por Diego Escallón Arango y Juan Esteban Matallana, según el documento
Por orden de un juez del Juzgado 35 administrativo de Bogotá se deben suspender los procesos de licitación que se adelantan para la obra del corredor verde de la carrera Séptima en Bogotá. La medida aplicaría, además, para la apertura de nuevas licitaciones.
La determinación decreta medidas cautelares en favor de los dos ciudadanos que presentaron una acción popular en contra de la Alcaldía y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) el pasado 5 de septiembre, quienes señalaron en su recurso que la construcción proyectada amenazaría derechos colectivos, a la moralidad administrativa, al patrimonio público y al goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público.
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A principios de octubre desde el mismo juzgado administrativo había admitido las denuncias hechas por Escallón y Matallana, además de solicitar que los oferentes del proyecto entregaran toda la información requerida por el juez, puesto que se reconoció que el proyecto actuaba en contra de la buena fe de la ciudadanía, porque de acuerdo con los denunciantes, este tendría similitudes con el proyecto de implementar Transmilenio por la carrera séptima, lo cual está prohibido según el artículo 105 del Plan Distrital de Desarrollo.
El documento, en efecto, reconoce que las medidas cautelares en cuestión están basadas en el hecho de que “La Alcaldesa Mayor de Bogotá defraudó la buena fe y confianza de las personas que habitan en la ciudad de Bogotá, pues en su campaña indicó en múltiples oportunidades que por la Carrera Séptima no se implementaría un sistema de transporte como el de Transmilenio; pero en atención a las licitaciones iniciadas por el Instituto de Desarrollo Urbano, se concluye que el proyecto del Corredor Verde que será implementado por dicha vía sí contempla la implementación del sistema de movilidad con troncales y buses biarticulados”, se lee en la decisión.
De hecho, la orden decretada por el juez lo indica así, cuando suspende las licitaciones concedidas por la Administración a los oferentes hasta que el proyecto del corredor quede ajustado y la construcción de troncales para la instauración de un posible sistema de transporte público sea retirada del deseño.
El documento, de hecho, lo expresa así: “ORDENAR a la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. y al Instituto de Desarrollo Urbano -IDU-, SUSPENDER el proceso licitatorio No. IDU-LP-DG-003-2023, hasta tanto el proyecto del Corredor Verde por la carrera séptima sea ajustado y eliminado de su diseño la construcción de troncales para la implementación de un sistema de transporte público masivo, o se profiera sentencia que resuelva de fondo el objeto del litigio planteado (sic)”.
Además, la decisión judicial advierte que no solo se cubre la mencionada licitación, sino las que posiblemente se confieran a los oferentes de los tramos que no han sido adjudicado: “lo aquí señalado, aplica también para la apertura de las licitaciones para los demás tramos a contratar respecto del dicho Corredor Verde”, como se lee en la providencia.
De los 5 tramos tramos que estarían planeados por construirse, 3 ya contaban con propuestas, mientras que los proceso de licitación para los tramos 1 y 2, el primero que iría desde la calle 24 hasta la 76, mientras que el segundo continuaría desde el punto de finalización del primero hasta la calle 99, habrían sido declarados desiertos a principios del mes de octubre.
Por su parte, de acuerdo con lo que iba avanzando del proyecto por parte de la Alcaldía y el IDU, los consorcios cuyas propuestas fueron consideradas para los tres tramos restantes, que parten de la calle 100 hasta la 200, fueron “Consorcio Vial del Norte, integrado por Indugravas Ingenieros Construcciones S.A.S, Coherpa Ingenieros Constructores S.A.S e Incoherp Ingenieros Constructores S.A.S. Consorcio THC Corredor Verde 99, integrado por Termotécnica Coindustrial S.A.S, HB Estructuras Metálicas S.A.S, Compañía de Iluminaciones Especiales S.A.S y el Consorcio CC-P 7MA L3, integrado por la constructora Conconcreto S.A, Conconcreto Proyectos S.A.S, Autopista Sumapaz S.A.S y Procopal S.A”, de acuerdo un un comunicado del IDU.
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