El presidente saliente de la Anif, Mauricio Santa María, aseguró que decir que el Ministerio de Salud y la Adres están al día en el giro de los recursos es impreciso, debido a que hay un faltante de, al menos, $2,5 billones en giros de los presupuestos máximos
La dispensadora farmacéutica Cruz Verde informó que desde el 15 de noviembre del 2023 dejará de suministrar medicamentos que no estén en el Plan de Beneficios en Salud (PBS) a los usuarios de la EPS Sanitas. Esto, principalmente, porque le adeuda $400.000 millones.
No obstante, según el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, esto no se puede entender, ya que, según indicó en rueda de prensa, el Gobierno nacional le ha girado $8 billones a la entidad promotora de salud, lo que para el presidente de esta, Juan Pablo Rueda, no son recursos suficientes.
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La situación es tan crítica que la Contraloría General de la República declaró el conflicto como de impacto nacional para verificar qué sucedió con las reservas técnicas que la EPS Sanitas debió haber constituido para pagar el pago a proveedores y prestadores de servicios médicos.
La misma ha tenido diferentes reacciones, entre ellas la del presidente Gustavo Petro, que cuestionó “¿por qué tienen deudas si se les gira a tiempo?”.
Ante esto, el presidente saliente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif), Mauricio Santa María, hizo un análisis sobre lo que está sucediendo.
De acuerdo con el experto, toda la culpa es del Gobierno. Según él, lo que está haciendo este, a través del Ministerio de Salud, con el sector salud, especialmente con las EPS, es muy desconcertante y atenta de manera directa contra el bienestar, la salud y la vida de los colombianos.
“Esto, literalmente, es un tema de vida o muerte. En vez de atender una crisis que es real y evidente, salen los altos funcionarios a vociferar y regañar a todo el mundo, como si fueran emperadores castigando unos vasallos que se atrevieron a contradecirlos”, señaló por medio de X (antes Twitter).
De acuerdo con Santa María, economista y exministro de Protección Social, en medio de todos los gritos y regaños, también fueron evidentes algunas inexactitudes que dijeron los funcionarios en la rueda de prensa citada por el Ministerio de Salud en la que se habló de la situación de las EPS.
Aseguró que se oyeron verdades a medias y argumentos falsos para defender un cambio radical e improvisado. Por eso, resaltó las más evidentes. Son las siguientes:
- Se habla mucho de las deudas de las EPS a las IPS (y que Sanitas es de los principales deudores). Se usan las cifras de los reportes de las cuentas por cobrar de las IPS, cuando es de conocimiento que esas cifras requieren cautela. El bajo nivel de coincidencia entre las cuentas por cobrar de las IPS y la cuentas por pagar de las EPS ha sido un problema que se ha incrementado con el giro directo. Como ejemplo, el ministro Guillermo Jaramillo menciona que Sanitas debe $900.000 millones a hospitales y clínicas, cuando el valor de coincidencias de cartera reportado por el mismo ministerio es de $300.000 millones (circular 030).
- Decir que el ministerio y la Adres (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) están al día en el giro de los recursos es, por decirlo menos, impreciso. Hay un faltante de, al menos, $2,5 billones en giros de los presupuestos máximos, que son los recursos con los que se financian los servicios y medicamentos fuera del PBS, que es, precisamente, lo que alega Cruz Verde que le deben. De esos $2,5 billones, cerca de medio billón corresponde a Sanitas. Valga decir que el financiamiento de servicios fuera del PBS, por ley, es responsabilidad exclusiva del Gobierno. De hecho, el ministro reconoce que lo corriente se ha girado (con retraso, se giró el jueves pasado), pero que hay una deuda de $800.000 millones por concepto de ajuste de los PM de 2022 ($90.000 millones de Sanitas).
- Las cuentas que ya se reconocieron en el acuerdo de punto final no corresponden a las que mencionan las EPS. Esos recursos tienen una línea presupuestal específica en la Adres que cuenta con una apropiación no ejecutada en 2023 de $250.000 millones. El ministro mezcla conceptos.
- El ministro hace una mención vaga a la integración vertical, como si esta no tuviera en la ley un tope de 30%. Decir entonces que Sanitas desvía los recursos a sus IPS es conjetura.
- A todo esto súmenle que la “chambonada” del Soat (Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito) le quitó $1 billón al sistema y que los recursos (unidad de pago por capitación – UPC- ) no se ajustaron a la inflación. El apretón al sistema, especialmente a las EPS, es demasiado fuerte y ya “la pita se empezó a reventar”.
Según el presidente de la Anif, Mauricio Santa María, la rueda de prensa para tratar un serio problema de recursos, que afecta a los pacientes, terminó en un discurso para defender la reforma a la salud.
Recordó que hace un año, la entonces ministra Carolina Corcho le dijo a un medio que “había que visibilizar la crisis para que la gente entendiera la necesidad de la reforma”. Es decir, ella aceptaba que la gente no quería la reforma y había que hacer que la quisieran, así fuera a las malas.
“Exactamente, eso es lo que están haciendo. Lo malo es que es a costa de los pacientes de enfermedades complejas y crónicas”, concluyó el presidente de la Anif.
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