El representante Heráclito Landínez alegaba derechos políticos, en el caso de la campaña Petro, pero el tribunal negó su solicitud por falta de legitimación y fundamentos suficientes
El Tribunal Superior de Bogotá rechazó una acción de tutela presentada por el representante a la Cámara por el Pacto Histórico, Heráclito Landínez, que buscaba anular las investigaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la campaña presidencial de Gustavo Petro.
Estas investigaciones están relacionadas con presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial de 2022. La decisión del tribunal se basó en la improcedencia de la solicitud, según informó el medio.
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Landínez argumentó que las investigaciones del CNE podrían llevar a la destitución de Petro, lo que afectaría su derecho a elegir y ser elegido, así como el de los 11 millones de colombianos que votaron por el presidente.
Sin embargo, los magistrados del tribunal, Nubia Ángela Burgos Díaz, Jaime Humberto Araque González y Carlos Alejo Barrera Arias, concluyeron que no se vulneraba ningún derecho fundamental del congresista, ya que su derecho a elegir fue ejercido plenamente en el momento legal correspondiente.
El tribunal también señaló que Landínez carecía de legitimación para solicitar el amparo, puesto que no era titular de las prerrogativas que alegaba y no acreditaba una circunstancia de gravedad que impidiera al interesado directo ejercer sus propios derechos. Además, el congresista pretendía que el CNE trasladara la investigación a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, lo cual también fue desestimado.
Las investigaciones del CNE se originaron en 2022 tras recibir varias quejas, incluida una anónima, sobre posibles irregularidades en los informes de ingresos y gastos de la campaña presidencial de Petro. Estas quejas se centran en la campaña del Pacto Histórico y abarcan tanto la primera como la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de ese año.
A pesar de las preocupaciones de Landínez sobre el impacto de estas investigaciones, el tribunal determinó que no había fundamento para detener el proceso y aseguró que las investigaciones deben continuar en las instancias competentes. El caso sigue siendo un tema de interés público debido a las implicaciones políticas y legales que podría tener para el presidente y su administración.
INFOBAE
