Los expertos coinciden que la crisis cocalera es la oportunidad de oro para transformar los territorios con más cultivos de uso ilícito; sin embargo, el negocio se reactivará, y sin una intervención, serían los grupos ilegales los que puedan sacar provecho
Al inicio de la jornada escolar del 2023, cientos de madres de familia se acercaron a la Alcaldía de Argelia, municipio del Cauca para solicitar ayudas con los útiles escolares de sus hijos. Según el alcalde Jhonatan Patiño esa situación no se presentaba desde hacía muchos años. La razón es que desde varios meses antes el negocio de la coca, del que dependen la mayoría de los campesinos de ese territorio, estaba en crisis.
“Se evidencia esa crisis en la cotidianidad de la gente. La gente empieza a necesitar ya las ayudas del municipio porque no tienen la plata de los cultivos. Un 90% de la población depende del cultivo, estamos hablando más o menos de unas 30.000 familias”, señaló Patiño a Infobae Colombia.
No está claro cuándo inició la disminución de la compra de la pasta base coca. El Ministerio de Justicia empezó a tener reportes desde el último trimestre de 2022 y la falta de plata en los campesinos cultivadores se hizo evidente a finales de año. “Para septiembre-octubre se veía con recelo, no era crítico todavía. Para diciembre que volví a hablar con campesinos ya era un escenario crítico de: no hay plata, hay hambre, no hay moneda”, señala Estefanía Ciro, socióloga, investigadora en conflicto y drogas y directora de A la Orilla del Río.
Para el 2021, la región Pacífico liderada el listado de territorios con más hectáreas de coca (89.000) en el país, según el más reciente informe de monitoreo de la Onudc. Ese año, se alcanzaron máximos históricos en cultivo y producción por múltiples factores que se desataron desde 2017 con la salida de las Farc del control territorial y comercial, la entrada de nuevos actores y un aumento de la demanda de cocaína a nivel mundial.
Según el informe, para ese año Argelia ya se encontraba dentro de un enclave productivo consolidado; es decir una concentración de los cultivos como un modelo agroindustrial en regiones específicas que aumenta la productividad y las ganancias. Se han establecido cinco zonas en total en Colombia y en ellas se concentra más del 40% de las hectáreas.
Las zonas de enclave permitieron que los cultivadores no se preocuparan tanto por la erradicación, sino por plagas y otras condiciones propias de las plantas. La Onudc encontró que “en los centros poblados próximos a los cultivos de coca se observa un incremento en las actividades comerciales lícitas y de servicios especializados, tales como gimnasios, centros de estética, compra y venta de motos, automotores y motores, servicios de entretenimiento, entre otros, según lo evidenciado en campo”.
El enclave Argelia–El Tambo, considerado así desde el 2019, mostraba un rendimiento de 12,2 toneladas de hoja fresca por hectárea anual; más del doble del resto de la región y el más productivo de los cinco. Para ese año, en ese municipio caucano la hoja valía hasta un 40% más que en el resto del país.
Los enclaves continuaron aumentando su producción al igual que las hectáreas cultivadas que, se estima, actualmente superarían las 240.000. Esa sobreproducción, habría producido una reducción en el precio de compra. “Se habla que, anteriormente, la pasta base la estaban comprando en $2′400.000 y hace un mes, de acuerdo la información que me fue suministrada para el Putumayo, la estaban pagando alrededor de $1′500.000 – $1′200.000. Se redujo casi un 40%”, señaló el coronel (r) Miguel Tunjano de la Policía Nacional, analista de política pública sobre drogas.
La falta de flujo de dinero tiene consecuencias en las economías lícitas. Por ejemplo, según análisis de la Comisión de la Verdad en los que participó la investigadora Ciro, al destruir los laboratorios de producción de cocaína se reducen los movimientos bancarios de menos de 500 mil pesos en las zonas de incidencia. Un efecto que se prevé en la actual crisis cocalera para las zonas más dependientes de esa economía.
“No hay dinero circulante, por lo tanto, los establecimientos comerciales tampoco perciben ese dinero circulante y también puede ser afectada su economía. Hay una economía del café, que está muy buena; otras economías que han logrado medio transportar en algunas veredas del municipio, sobre todo alrededor de la cabecera municipal, en la parte sur, pero es muy mínimo en comparación con lo que movía o mueve la coca y esto ha afectado las finanzas del municipio. Lo que lo que pensamos nosotros es que se va a disminuir, de pronto, el recaudo de impuestos de Industria y Comercio”, sostiene el alcalde de Argelia.
A esta situación se suma la situación de inseguridad en la cabecera municipal en donde se han presentado más hurtos y delincuencia común, que luego resultan fusilados por disidencias como el frente Carlos Patiño del EMC Farc. Sin dejar de lado que desde hace tres años el enfrentamiento de grupos armados ha sido incesante que ha producido siete desplazamientos masivos de más de 13.000 familias y cinco confinamientos.
Las causas de la crisis cocalera
El fenómeno de disminución de la demanda de hoja y pasta base de coca es multifactorial. Uno de los rumores en las regiones del Cauca y Putumayo es que el cambio de la cúpula de Policía por parte del Gobierno impactó en la seguridad de las rutas del narcotráfico, pues no es un secreto que en algunas regiones miembros de la fuerza pública han sido cooptados para servir a los intereses ilícitos. Ese factor es clave para que se negocien, según Onudc, grandes cantidades de pasta base.
“En la Comisión de la Verdad, entrevistamos exmiembros de las fuerzas armadas que describían bien ese escenario en el Cauca, unos escenarios de unos contubernios muy claros. Los líderes regionales de Nariño, de Cauca, contaban que lo que ellos veían en su territorio después de los acuerdos de paz era enfrentamiento entre brigadas, que una brigada estaba con unos, otros con otros, y se enfrentaban por el río, etc. Entonces estamos viviendo un escenario de mucha fractura, una fractura del mercado, una fractura del conflicto y una fractura de los actores. El cambio general que genera Petro y esa reestructuración de una u otra forma también alteró ciertos pactos que hay en terrenos sobre ciertos negocios”, señala Ciro.
A este ‘conflicto fracturado’ se suma un aparente nerviosismo –dice el alcalde de Argelia– “de los inversionistas de la industria del narcotráfico de mandar recursos o plata para ciertas regiones dadas las disputas territoriales que hay entre grupos armados, ninguno le puede garantizar la seguridad para esas rutas. Por un lado, los generales y por otro los grupos armados están disputas, entonces tal vez eso hace que ellos frenen la inversión”.
El viceministro de Política Criminal y Drogas del Ministerio de Justicia explicó a Infobae Colombia cómo ve el Gobierno nacional la situación que afrontan los campesinos cultivadores de coca en el país
Ya no se trata de los grandes carteles colombianos que ponían la cocaína en las grandes ciudades del extranjero. Tras la salida de las Farc que controlaba gran parte de la cadena del narcotráfico con una organización estructurada, los grupos armados posacuerdo pasaron a ser intermediarios, en varios casos con personas que no tienen experiencia ni formación más que militar.
“Cuando usted genera esa inestabilidad en el mercado, los compradores no van a entrar con la tranquilidad que esperarían. Como comprador mexicano, brasilero, peruano, usted tiene que saber con quién trata. Ellos siempre han estado en el mercado, pero ellos bajan porque necesitan asegurar que la transacción se dé y si se prenden las cosas, si el financiero con el que acuerda una cosa cambia o no aparece o te roba eso genera una incertidumbre”, explica Ciro.
Tunjano, según la información que ha recibido, señala que en el Cauca donde confluyen grupos disidentes de las Farc y otras estructuras es donde hay menor control de la cadena productiva por parte de estos actores, lo que produce un menor control de la producción y de los precios. Diferente a lo que ocurre en zonas como el norte o nororiente que tienen predominancia del ELN y las Autodefensas Gaitanistas.
“Las AGC parece que tienen más intervenciones dentro de la cadena de valor; entre tanto el Sur y el Pacífico han perdido ese espacio del tráfico internacional, ahora lo hacen organizaciones extranjeras criminales y ahí perdieron parte de esa academia de valor, o sea que el que más se acerque al consumidor es el que más gana, y ellos han perdido ese acercamiento al consumidor, entonces los que están ganando y fortaleciendo es el los dos carteles grandes de México que es el de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación”, sostiene Tunjano.
La seguridad de la compra es apenas un factor que aplica, principalmente, para la zona sur y pacífico. Pero expertos como el coronel (r) Tunjano consideran que no sería suficiente para detener el negocio del narcotráfico del que dependen esas mismas estructuras. En ese sentido, en lugar de impedirlo, optarían cobrar ‘vacunas’ para sacar provecho.
En cambio, la participación de actores extranjeros con más frecuencia en la compra de la pasta base de cocaína sí podría tener incidencia en la crisis. Debido a que han diversificado, desde hace años, sus portafolios de drogas con sintéticas y opioides, compran las cantidades de coca para suplir su demanda de cocaína, a bajos precios, y el excedente de la sobreproducción se mantiene represado.
La mejor oportunidad posible
Camilo Umaña, viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, no se decanta por llamar a la situación cocalera como una crisis porque también se presenta como una oportunidad. Sin embargo, por todas las condiciones del cultivo de la coca, no era un fenómeno previsible para el Estado. Tienen claro que la forma de aprovecharlo involucra a múltiples carteras.
El viceministro de Política Criminal y Drogas del Ministerio de Justicia explicó a Infobae Colombia cómo ve el Gobierno nacional la situación que afrontan los campesinos cultivadores de coca en el país
“Lo que hemos hablado en el Ministerio es que no se trata sencillamente de hacer una política de sustitución de una semilla por otra, sino que se trata de la sustitución de unas condiciones sociales y de una cadena productiva mucho más extendida. Si lográramos tener unos ritmos de producción a través de una semilla que dé unos réditos interesantes, aun no igualando a la hoja de coca ante esta crisis, seguimos teniendo el problema de la cadena productiva, de quien compra, desde donde se transporta, insumos, electricidad, condiciones mínimas de salud, alimentación”, señaló Umaña a Infobae Colombia.
Para el coronel (r) Tunjano este problema se puede convertir en una oportunidad, pero se debe actuar rápido. Este escenario podría llegar a impactar directamente los enclaves cocaleros, las principales regiones productoras, para centrar allí ofertas que atraigan a los campesinos en ofertas institucionales y económicas. Pero si no se actúa, la oportunidad la pueden tomar los narcos.
“Yo lo veo que eso ha sido más una oportunidad para el narcotráfico que para el Gobierno. Una oportunidad para el narcotráfico en que grupos delincuenciales muy pequeños, que apoyaban las organizaciones criminales armadas, conocen el negocio y se pueden apropiar de ese negocio. Entonces vamos a tener más fragmentación, más organizaciones, más difíciles de detectar, más difíciles de controlar y ellos sacando cocaína por diferentes partes de de Colombia”, sostuvo Tunjano a este medio.
El viceministro de Política Criminal y Drogas del Ministerio de Justicia explicó a Infobae Colombia cómo ve el Gobierno nacional la situación que afrontan los campesinos cultivadores de coca en el país
“Es la oportunidad que tiene el Gobierno. No pudo entrar en un mejor escenario, pero ya lo está perdiendo, no hicieron nada, pero era el momento porque la gente se está desplazando, está dejando las fincas y está buscando qué hacer”, señala Ciro quien considera que se puede llegar con oferta para los campesinos, al menos, aquellos que vieron la coca como una forma de conseguir recursos para transitar a una economía lícita.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito señala que en las zonas donde hay personas abandonando los cultivos se pueden focalizar las acciones para reducir las vulnerabilidades de la población, que potencian la producción de pasta base de coca con proyectos de transformación territorial. El Gobierno lo tiene claro y lo evalúa con todas las autoridades, pero puede ser una carrera contra el tiempo.
infobae