• Durante 2025 se realizó inversión por $8.619 millones, se formaron 620 policías y se vincularon 31 Gestores de Convivencia para fortalecer la seguridad y la convivencia en el departamento.

Pereira, Risaralda, 23 de diciembre de 2025. La Gobernación de Risaralda, a través de la Secretaría de Gobierno, presentó el balance de ejecución de la vigencia 2025, con resultados significativos en seguridad y convivencia ciudadana, derechos humanos, fortalecimiento comunal, participación ciudadana, sector religioso y atención a poblaciones priorizadas, en el marco de la dimensión de Buen Gobierno y Fortalecimiento Institucional.

En el programa Fortalecimiento de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana se reportó una inversión de $3.299.199.826, orientada a mejorar la coordinación interinstitucional, fortalecer la prevención y optimizar el uso de herramientas para la protección ciudadana en los municipios.

CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA

Entre las principales acciones del año se destacan la aprobación de 15 proyectos a través del Comité Territorial de Orden Público y una inversión total de $8.619.481.433; la realización del Consejo Regional de Seguridad con la participación del ministro de Defensa; el refuerzo institucional con el BAFUR y la FUDRA N.º 5; la implementación del Plan Cosecha Cafetera; la creación del Bloque de Búsqueda con más de 400 policías; y el pago de 35 recompensas por información efectiva, con una inversión superior a $200 millones, lo que permitió un aumento del 25 % en las denuncias ciudadanas.

Como parte de la estrategia de convivencia, la Secretaría vinculó 31 Gestores de Convivencia y adelantó acciones de articulación con organismos de seguridad, justicia, migratorios y de protección, mediante la realización de 12 sesiones del Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

En materia de prevención y bienestar, se desarrollaron jornadas de bienestar animal que incluyeron atención médico-veterinaria, desparasitación, vacunación y aplicación de vitaminas a 2.000 animales de compañía, además de campañas pedagógicas en los 14 municipios del departamento.

OPTIMIZACIÓN DE TECNOLOGÍA

De manera paralela, se ejecutaron acciones para mejorar la respuesta ante emergencias y prevenir el delito mediante la optimización tecnológica, con la adquisición de equipos para fortalecer el GAULA Militar y la cofinanciación para el mejoramiento del CCTV y del SIES 123, con inversiones de $105.044.046 y $47.961.030, respectivamente.

En Derechos Humanos, con una inversión de $192.973.098, se brindó asistencia técnica a los 14 municipios, se acompañaron los comités de justicia transicional y se avanzó en medidas de prevención y garantías de no repetición, incluyendo el seguimiento de casos y contextos priorizados.

FORTALECIMIENTO COMUNAL Y SECTOR RELIGIOSO

En fortalecimiento comunal, con una inversión de $1.289.994.794, se realizaron asistencias técnicas en 12 municipios no certificados, con seguimiento a 670 organismos de acción comunal, la intervención de 70 salones comunales y la dotación de 50 salones comunales.

En participación ciudadana y sector religioso, se avanzó con el programa de iniciativas de cooperación, soportado en la Ordenanza 002 del 7 de marzo de 2025, con 13 proyectos viabilizados, un aporte de la Gobernación por $207.234.718 y una proyección de impacto de más de 15.700 beneficiarios, además del modelo de contrapartida de las organizaciones religiosas.

ATENCIÓN A VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO

Finalmente, en atención a víctimas del conflicto armado y comunidades étnicas, se reportó una inversión de $393.291.784, destinada a la financiación de plenarios y ejecutivos de la Mesa Departamental de Víctimas, la realización de comités departamentales de justicia transicional y acciones de inclusión y fortalecimiento organizativo con población indígena y afrodescendiente.

El secretario de Gobierno, Israel Londoño Londoño, señaló: “Este balance evidencia una gestión basada en la articulación institucional y la presencia en el territorio. Seguimos fortaleciendo capacidades para prevenir el delito, proteger los derechos humanos y promover una participación real de las comunidades, porque la seguridad y la convivencia se construyen con hechos, inversión y trabajo conjunto”.