El ajuste extraordinario, del que se conoció vía decreto al inicio del 2026, impactará la ejecución estatal y planteará una presión inédita sobre la administración de recursos en áreas sensibles como infraestructura y los programas sociales
El Gobierno confirmó un ajuste sin precedentes al Presupuesto General de la Nación durante el cierre del 2025, con un recorte presupuestal total que supera los 16,2 billones de pesos para la vigencia del 2025. La reducción, resultado de un aplazamiento previo de $12 billones y un recorte adicional de 4,2 billones, respondería a un escenario fiscal adverso, caracterizado por un menor ingreso estatal en la recta final de la administración Petro.
Además de la imposibilidad de aprobar una ley de financiamiento en el Congreso, por lo que desde el Ejecutivo se declaró emergencia económica; con la que se prevé recoger a través de nuevos tributos cerca de 16,3 billones para terminar de financiar, según el presidente Gustavo Petro, sus ejecutorias. Esta medida afecta a la mayoría de entidades y compromete sectores críticos como educación superior, salud, infraestructura y programas sociales.
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El ajuste anunciado se compone de dos fases principales. Primero, un aplazamiento de gasto tras el fracaso de la reforma en el legislativo, destinado a obtener recursos adicionales. Esto retuvo temporalmente 12 billones, que, con la nueva decisión, quedaron recortados definitivamente del presupuesto. A esto se suma un recorte extra de $4,2 billones, debido a que no hubo recaudo suficiente o se quedaron sin ejecutar en la vigencia fiscal anterior.
En efecto, la decisión fue impulsada principalmente por la caída del recaudo tributario, que cerró el año por debajo de las metas establecidas hasta noviembre de 2025. Así, la suma total recortada ascenderá a $16,2 billones, lo que afectará prácticamente a todas las entidades estatales y restringirá la ejecución de proyectos y servicios; como la Superintendencia de Notariado y Registro, con una reducción de $210.000 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, “el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”, lo que refleja la presión para equilibrar ingresos y gastos estatales.
Así se recortaron $4,2 billones del presupuesto al terminal el 2025
El Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, que ya publicado en la página de la presidencia, formalizó la reducción y ordenó a todas las entidades estatales hacer ajustes contables inmediatos. El propósito principal, de acuerdo con los argumentos expuestos en el documento, es evitar el incumplimiento de la regla fiscal, que limita el déficit permitido y obliga a adecuar el presupuesto a los recursos efectivamente recaudados.
La cartera de Hacienda informó que la situación fiscal permanece deficitaria y que el Estado no dispone del flujo de caja necesario para mantener el gasto inicialmente planificado. Este contexto genera presión sobre sectores clave y exige una ejecución presupuestaria mucho más austera. El recorte impacta especialmente a programas de inversión social y áreas estratégicas, en lo que supone un duro golpe para las promesas hechas por Petro.
En educación superior, se oficializó una disminución superior a $1,38 billones en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, con consecuencias en la financiación y fortalecimiento de las universidades públicas. La reducción también afecta a la Presidencia, con un ajuste superior a $122.000 millones, que repercute en recursos del Fondo Colombia en Paz, iniciativas de derechos humanos y procesos de modernización tecnológica.
Otras entidades impactadas comprenden el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sectores donde se avizora una ralentización en obras de infraestructura y reformas agrarias. En salud, por su parte, tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como el Invima operarán con menores recursos para funcionamiento y adquisición de bienes, en medidas que han causado cierta alerta en el sector público.
El decreto establece que toda la administración central y descentralizada debe responder de inmediato con cambios contables, ajustando compromisos y programas a la nueva realidad presupuestal. Y aunque el PGN de 2025 fue expedido por decreto presidencial tras no obtener aprobación en el Congreso; en el 2026 los parlamentarios de oposición evitaron que recurriera a la misma vía, y llegaron a acuerdos de última hora.
No obstante, la presión sobre las finanzas públicas continuará el año siguiente. Para 2026, el Gobierno tendrá el presupuesto más alto registrado hasta la fecha, con 546,97 billones de pesos, según el Decreto 1477; aunque parte de él esté aún desfinanciado. Este monto pretende asegurar la operación de los servicios estatales, el pago de la deuda pública y la continuidad de inversiones esenciales, incluso bajo el estado de emergencia económica.
El ajuste extraordinario, del que se conoció vía decreto al inicio del 2026, impactará la ejecución estatal y planteará una presión inédita sobre la administración de recursos en áreas sensibles como infraestructura y los programas sociales
El Gobierno confirmó un ajuste sin precedentes al Presupuesto General de la Nación durante el cierre del 2025, con un recorte presupuestal total que supera los 16,2 billones de pesos para la vigencia del 2025. La reducción, resultado de un aplazamiento previo de $12 billones y un recorte adicional de 4,2 billones, respondería a un escenario fiscal adverso, caracterizado por un menor ingreso estatal en la recta final de la administración Petro.
Además de la imposibilidad de aprobar una ley de financiamiento en el Congreso, por lo que desde el Ejecutivo se declaró emergencia económica; con la que se prevé recoger a través de nuevos tributos cerca de 16,3 billones para terminar de financiar, según el presidente Gustavo Petro, sus ejecutorias. Esta medida afecta a la mayoría de entidades y compromete sectores críticos como educación superior, salud, infraestructura y programas sociales.
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El ajuste anunciado se compone de dos fases principales. Primero, un aplazamiento de gasto tras el fracaso de la reforma en el legislativo, destinado a obtener recursos adicionales. Esto retuvo temporalmente 12 billones, que, con la nueva decisión, quedaron recortados definitivamente del presupuesto. A esto se suma un recorte extra de $4,2 billones, debido a que no hubo recaudo suficiente o se quedaron sin ejecutar en la vigencia fiscal anterior.
En efecto, la decisión fue impulsada principalmente por la caída del recaudo tributario, que cerró el año por debajo de las metas establecidas hasta noviembre de 2025. Así, la suma total recortada ascenderá a $16,2 billones, lo que afectará prácticamente a todas las entidades estatales y restringirá la ejecución de proyectos y servicios; como la Superintendencia de Notariado y Registro, con una reducción de $210.000 millones.
De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, “el recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”, lo que refleja la presión para equilibrar ingresos y gastos estatales.
Así se recortaron $4,2 billones del presupuesto al terminal el 2025
El Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025, que ya publicado en la página de la presidencia, formalizó la reducción y ordenó a todas las entidades estatales hacer ajustes contables inmediatos. El propósito principal, de acuerdo con los argumentos expuestos en el documento, es evitar el incumplimiento de la regla fiscal, que limita el déficit permitido y obliga a adecuar el presupuesto a los recursos efectivamente recaudados.
La cartera de Hacienda informó que la situación fiscal permanece deficitaria y que el Estado no dispone del flujo de caja necesario para mantener el gasto inicialmente planificado. Este contexto genera presión sobre sectores clave y exige una ejecución presupuestaria mucho más austera. El recorte impacta especialmente a programas de inversión social y áreas estratégicas, en lo que supone un duro golpe para las promesas hechas por Petro.
En educación superior, se oficializó una disminución superior a $1,38 billones en el programa de “Calidad y fomento de la educación superior”, con consecuencias en la financiación y fortalecimiento de las universidades públicas. La reducción también afecta a la Presidencia, con un ajuste superior a $122.000 millones, que repercute en recursos del Fondo Colombia en Paz, iniciativas de derechos humanos y procesos de modernización tecnológica.
Otras entidades impactadas comprenden el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Tierras (ANT), sectores donde se avizora una ralentización en obras de infraestructura y reformas agrarias. En salud, por su parte, tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como el Invima operarán con menores recursos para funcionamiento y adquisición de bienes, en medidas que han causado cierta alerta en el sector público.
El decreto establece que toda la administración central y descentralizada debe responder de inmediato con cambios contables, ajustando compromisos y programas a la nueva realidad presupuestal. Y aunque el PGN de 2025 fue expedido por decreto presidencial tras no obtener aprobación en el Congreso; en el 2026 los parlamentarios de oposición evitaron que recurriera a la misma vía, y llegaron a acuerdos de última hora.
No obstante, la presión sobre las finanzas públicas continuará el año siguiente. Para 2026, el Gobierno tendrá el presupuesto más alto registrado hasta la fecha, con 546,97 billones de pesos, según el Decreto 1477; aunque parte de él esté aún desfinanciado. Este monto pretende asegurar la operación de los servicios estatales, el pago de la deuda pública y la continuidad de inversiones esenciales, incluso bajo el estado de emergencia económica.
