Antonio Sanguino aseguró que el Ejecutivo cuenta con argumentos legales para sostener el ajuste salarial, mientras distintos sectores insisten ante la justicia en anular el incremento decretado para el 2026
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, declaró que el Gobierno nacional no contempla la posibilidad de reversar el aumento del salario mínimo decretado para el 2026 y anticipó una movilización popular en defensa de este derecho.
La medida, que fijó un incremento del 23%, enfrenta actualmente una disputa jurídica ante el Consejo de Estado, impulsada por sectores que buscan anular el ajuste.
De acuerdo con lo expuesto por Sanguino a Portafolio, el Ejecutivo cuenta con una defensa jurídica sólida para sustentar el decreto. El jefe de la cartera de Trabajo aseguró que el aumento está fundamentado en la legislación vigente y representa un “derecho adquirido” para los trabajadores colombianos.
“Ya se pagó la primera quincena, o se debe estar pagando la primera quincena, lo que significa que el salario vital se convierte en un derecho adquirido”, precisó el ministro de Trabajo.
El titular de Trabajo subrayó que, hasta el momento, el impacto del incremento no ha generado evidencias de efectos negativos sobre la inflación ni sobre el empleo.
Según los datos del Ministerio de Trabajo, los precios de los alimentos mantienen una tendencia estable, con variaciones mínimas en algunos productos como la papa pastusa y el plátano hartón, mientras otros, como los huevos, han presentado bajas en sus precios recientes.
“No ha habido un efecto demostrable del incremento del salario mínimo sobre la inflación y sobre el costo de la vida de la gente”, afirmó Sanguino en sus declaraciones al medio citado.
Respecto a la situación del empleo, Sanguino indicó que no se han reportado despidos masivos ni alteraciones negativas en el mercado laboral. Explicó que el Gobierno ha habilitado una línea especial para recibir denuncias relacionadas con despidos colectivos y que, según el reporte de las empresas consultadas, no se prevén recortes de personal derivados de la medida.
“Lo que estamos observando es que hay una rápida adaptación del mercado laboral y, en particular, no hemos observado un comportamiento negativo en relación con el desempleo”, puntualizó el ministro.
El ministro también cuestionó los argumentos que anticipan un aumento de la informalidad y el desempleo. Según él, estas advertencias suelen surgir tras cada decisión gubernamental de ajuste salarial, pero los indicadores recientes muestran una tasa de desempleo por debajo del 8% al cierre del año pasado y una informalidad del 55%.
Al mismo tiempo, el crecimiento económico se sitúa en 2,9%, cifras que, según el Gobierno, reflejan la adaptabilidad de la economía colombiana.
En relación con los precios de bienes y servicios, Sanguino reconoció incrementos aislados en algunos sectores, como el transporte público y la vivienda de interés social, pero atribuyó estos cambios a factores relacionados con el índice de precios al consumidor más que al aumento del salario mínimo.
“Si antes el corrientazo costaba $15.000, hoy vale $16.000; es decir, unos incrementos razonables que tienen que ver más con el comportamiento de la inflación y del IPC que con el impacto del salario vital”, detalló el funcionario.
Sobre la batalla jurídica en curso, el jefe de la cartera laboral afirmó que el Gobierno articula una estrategia legal conjunta entre la Secretaría Jurídica de la Presidencia, el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Trabajo, respaldada por la jurisprudencia constitucional y convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El ministro recordó un antecedente similar en 2016, cuando se anuló un decreto de incremento salarial tras una demanda de trabajadores y centrales sindicales.
Ante la posibilidad de que el Consejo de Estado invalide el decreto, Sanguino fue enfático: “Pues yo no lo podría creer. Yo creo que los trabajadores no se van a dejar quitar esta conquista y ya está activado una convocatoria de movilización popular y ciudadana, y de los trabajadores, en defensa del salario vital. Nosotros no consideramos ese escenario y, si hipotética y desafortunadamente ocurriera, seguramente tendremos que adoptar decisiones en la línea de preservar el concepto de salario vital”, declaró el ministro.
Por último, el jefe de la cartera anunció que el Gobierno tiene “casi listo” un proyecto de ley para fortalecer el concepto de salario vital. Detalló que la iniciativa será presentada ante el Congreso en los próximos días, en desarrollo del compromiso de la administración con la protección del ingreso mínimo de los trabajadores.
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