El Congreso de la República avanza en el estudio de una iniciativa legislativa orientada a regular la adquisición y activación de tarjetas SIM y e-SIM en Colombia, en un contexto marcado por el aumento de las extorsiones en distintas regiones del país. La propuesta, conocida como ‘Ley SIM Card’, se encuentra en segundo debate en la Cámara de Representantes y fue reportada por Semana.

De acuerdo con la información divulgada, el proyecto busca establecer controles más estrictos sobre las líneas de telefonía móvil, un instrumento que, según estadísticas de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, es utilizado de manera recurrente para cometer extorsiones, especialmente desde establecimientos carcelarios.

Uno de los datos citados durante la discusión legislativa señala que el 70 % de los casos de extorsión se originan desde cárceles del país, situación que ha llevado a los congresistas impulsores de la iniciativa a plantear cambios en el marco regulatorio de las telecomunicaciones móviles.

El representante a la Cámara por Cambio Radical, Julio César Triana, uno de los autores del proyecto, explicó que la ausencia de controles efectivos sobre la venta de tarjetas SIM ha facilitado la comisión de este delito. Según lo expuesto, actualmente no existen restricciones suficientes para adquirir y activar una línea móvil, lo que dificulta identificar a los responsables cuando estos números son utilizados con fines delictivos.

La propuesta legislativa establece que toda línea telefónica móvil deberá estar obligatoriamente registrada a nombre de una persona plenamente identificada. Para ello, se exige un proceso de verificación que incluye identificación personal y validación biométrica del usuario.

En el articulado se detalla que, para la venta y activación de una tarjeta SIM, “los Proveedores de Redes y Servicios de Telecomunicaciones Móviles, incluyendo los operadores móviles virtuales que presten los servicios de telecomunicaciones en Colombia, deberán registrar de inmediato en sus respectivas bases de datos: nombre y apellidos completos del suscriptor o usuario, número de identificación, tipo de identificación de documento (CC, CE, Pasaporte, NIT, TI), número del móvil, IMEI, correo electrónico y datos biométricos del suscriptor o usuario que permitan verificar su identidad, prevenir suplantaciones y establecer un responsable por servicio de telecomunicación móvil”.

De esta manera, cada número celular quedaría vinculado a un usuario específico, quien respondería por las actividades asociadas a esa línea. El objetivo es eliminar la comercialización libre de SIM card sin trazabilidad y reducir el uso anónimo de líneas móviles.

Otro componente del proyecto se centra en el control de las llamadas originadas desde centros penitenciarios. La iniciativa plantea que el Gobierno nacional deberá colaborar para “implementar el control a las llamadas desde los centros de reclusión contemplado en el artículo 11 de la Ley 1908 del 2018”, mediante el uso de sistemas tecnológicos que permitan identificar el origen de las comunicaciones.

Según el texto del proyecto, los usuarios que reciban llamadas desde cárceles deberán ser advertidos de dicha procedencia. En este punto, se establece que “los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones móviles estarán obligados a advertir al receptor sobre la procedencia de la llamada, respetando los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad”.

La propuesta también incorpora la cancelación de líneas asociadas a actividades delictivas. En ese sentido, se indica que “la Policía Nacional periódicamente solicitará a los operadores de telefonía móvil, en los casos que sea pertinente, la cancelación de líneas de telefonía celular asociadas a denuncias o condenas de estafas, robos o delitos tipificados por la ley”. Asimismo, se establece que los operadores deberán hacer efectiva esta solicitud de forma inmediata.

Este punto busca reforzar la capacidad de reacción de las autoridades frente a números telefónicos identificados como instrumentos para la comisión de delitos, especialmente en casos de extorsión reiterada.

Durante la exposición del proyecto, Triana señaló que el trámite de esta iniciativa resulta relevante frente al crecimiento sostenido de la extorsión en distintas regiones del país, un fenómeno que afecta a comerciantes, transportadores y ciudadanos en general. De acuerdo con el congresista, la regulación de las SIM card es una de las herramientas que se plantean desde el Legislativo para abordar este problema.

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