Pese a las advertencias hechas por la Procuraduría y la Fiscalía, dentro del documento final se autorizó la posibilidad de cerrar acuerdos con Asociaciones Público-Populares
Pese a las dificultades que ha tenido en las últimas semanas, el Gobierno nacional para concretar acuerdos con las mayorías en el Congreso para avanzar en algunos temas transversales de su administración, hace algunos días fue aprobado el Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de que tuvo un apoyo significativo, dentro del documento quedaron algunos artículos que han generado dudas y que abren el debate, entre los temas polémicos se encuentran los parámetros de contratación que, según algunas personas, da puerta para que se exacerbe la corrupción.
De acuerdo con lo mencionado, en su momento, por la Fiscalía y la Procuraduría, el artículo 82, que dice: “Las Entidades Públicas podrán contratar de manera directa mediante esquema o modalidad de Asociaciones Público-Populares con unidades de la economía popular, organismos de acción comunal, social o comunitaria u otras formas de organización social, grupos y comunidades étnicas. De igual forma, las Entidades Públicas podrán reservar la contratación de programas o políticas sociales con los actores mencionados organizados bajo esquemas asociativos”, podría abrir una puerta preocupante a los temas de corrupción y hasta justificación a personas que ya han sido o están siendo investigadas por este tipo de crímenes.
“Es una figura que no es nueva, es legal. Lo que pasa es que tiene una cantidad de excepciones de controles que incrementa el riesgo de corrupción porque no están sujetos a la veeduría de la ciudadanía que el régimen público”, señaló para la Silla Vacía, Andrés Hernández, director de Transparencia Colombia.
Lo anterior se encuentra justificado en que esta nueva figura que propone el Gobierno de Asociaciones Público-Populares es ambigua y permite justificar el respaldo mediante organizaciones que puede que no tengan la experiencia suficiente, tanto en la administración de recursos públicos como en los temas que el Estado de apertura a contratos. También se le suma que para la escogencia de quién puede ejecutar un plan se reducen las exigencias, los controles y los filtros.
En este sentido, el representante del Centro Democrático, Christian Garcés cuestionó, según citó El Tiempo: “El Ejecutivo va a poder contratar directamente con entidades sin ánimo de lucro. ¿Quién va a controlarlo? A lo largo de todo el país van a estar repartidos ‘contratitos’ de 1.000 millones de pesos”.
Lo último se refiere a que si bien en el pasado ya se han hecho contratos con este tipo de organizaciones por sumas de hasta 1.000 millones, ahora se podrá aumentar o disminuir esta cifra sin ningún tipo de problema o restricción.
Por su parte, la Cámara Colombiana menciono sobre el tema que no solo sería un tema para que los recursos públicos se encuentren más expuestos, sino que el riesgo es que los contratos puedan ser ejecutados de mala forma y los estándares no sean revisados como se debe:
“No solo allanan el camino para expandir la corrupción, sino que también abren un enorme boquete para que prolifere la entrega de obras civiles fallidas, con bajísimos estándares de calidad” anotó el colectivo.
A lo anterior se le suma, que como forma de impulsar la contratación pública, dentro del documento también se metió un artículo que señala que los empleados del sector público no tendrán la posibilidad de elegir su administradora de riesgos laborales, sino que automáticamente serán inscritos a la empresa del Estado que maneja este tipo de seguros.
Pese a que en parte logra cumplir el objetivo del Gobierno, esto podría traer también riesgo significativo como afectar a la libre competencia que existe y aportar a que se cree un mono polio estatal. Sumado a que no estaría sujeto a veedurías de la empresa, pues, se crean conflictos de intereses que finalmente pueden atentar contra los derechos del trabajador.
INFOBAE
