La senadora investigada por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) permanece a la espera de que se cumpla la medida de prisión preventiva y se defina su reclusión
La senadora Karen Manrique, investigada por corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), se presentó voluntariamente ante la Sijín de la Policía en Tame, Arauca, el pasado 11 de marzo.
Sin embargo, hasta el 12 de marzo aún no se ha concretado su captura formal, de acuerdo con su abogado Andrés Garzón.
La Corte Suprema de Justicia había ordenado su prisión preventiva en el marco de un proceso por cohecho impropio, relacionado con posibles desvíos de aproximadamente 92.000 millones de pesos en contratos públicos.
La suspensión y “silla vacía” en el Congreso
La medida judicial activa la figura de la “silla vacía”, prevista por la legislación colombiana, que impide que cualquier otro miembro de su lista o partido asuma la curul.
Esto deja potencialmente sin representación al departamento de Arauca durante el resto de la legislatura y en el próximo período, tras su reciente reelección con 5.640 votos.
La Corte también ordenó la suspensión inmediata de Manrique en su cargo, mientras se define su destino judicial.
Presunto rol en la adjudicación de contratos
Según la investigación, Manrique habría actuado como nexo entre el Gobierno nacional y el Congreso durante negociaciones con el entonces ministro del Interior Luis Fernando Velasco, gestionando y haciendo seguimiento a contratos de la Ungrd dirigidos a municipios como Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y Carmen de Bolívar.
El exdirector de la Ungrd, Olmedo López, declaró que Manrique coordinó agendas oficiales y seguimiento directo a solicitudes de las comunidades de Arauca.
La Fiscalía ha presentado comunicaciones, incluyendo mensajes de WhatsApp, que evidencian su participación en temas de contratación y recursos públicos.
Aunque su rol fue reemplazado posteriormente por decisiones ministeriales, se le atribuye intervención en la definición de contratos valuados en 92.000 millones de pesos, relacionados con interventoría y obras en los territorios mencionados.
El caso de Karen Manrique se suma a situaciones anteriores en las que congresistas como Soledad Tamayo y Aída Merlano dejaron sus curules vacías por decisiones judiciales, lo que dejó sin representación a sus departamentos mientras avanzaban los procesos legales.
Por ahora, la senadora permanece a la espera de la formalización de su detención y del lugar de reclusión donde deberá cumplir la medida, mientras la Corte Suprema de Justicia continúa con la investigación.
Defensa asegura que la congresista no está detenida
El abogado de la parlamentaria, Andrés Garzón, confirmó que la senadora se presentó voluntariamente ante las autoridades, pero aclaró que no se encuentra detenida, ya que aún esperan instrucciones de la Corte Suprema.
Según explicó, Manrique llegó inicialmente a la estación de Policía de Tame y posteriormente se trasladó a la Sijín, donde permanece a la espera de que la Sala de la Corte indique el procedimiento a seguir.
“Ella está en la Sijín esperando las instrucciones de la Sala. Nos comunicamos con la Secretaría para solicitar que nos indiquen a dónde presentarnos, pero aún no nos han dado esa indicación”, afirmó el jurista en entrevista radial.
Garzón también cuestionó la decisión judicial y señaló que, a su juicio, se trata de una medida “sui generis”, ya que considera poco común que se revise la situación jurídica de un congresista en el momento de la acusación.
El abogado defendió que la actuación de la senadora se limitó a gestiones para su región, algo que —según dijo— está permitido por la Ley Quinta que regula el funcionamiento del Congreso.
“La ley permite que los representantes gestionen proyectos para sus regiones. Karen participó en mesas con comunidades de Arauca tras el paro cívico de 2023 por la ola invernal”, sostuvo.
De acuerdo con la defensa, esas gestiones estaban relacionadas con proyectos para atender emergencias y obras en la región, que habrían sido discutidas con comunidades y entidades del Gobierno antes de que surgieran las investigaciones actuales.
Garzón aseguró además que la congresista no aceptará cargos y que su defensa buscará demostrar su inocencia durante el juicio.
“Karen Manrique está convencida de que actuó conforme al reglamento del Congreso y que las gestiones que hizo fueron para su región”, concluyó.
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