La notificación de la autorización llegó el jueves anterior al deceso, cuando su estado médico era ya irreversible
La muerte de Jeisson Javier Pinzón Sandoval, un joven de 20 años con diagnóstico de leucemia linfoblástica aguda, ha expuesto la insuficiencia de los mecanismos de respuesta del sistema de salud colombiano y las graves demoras en la entrega de medicamentos oncológicos.
El caso, ligado a la Entidad Promotora de Salud, Nueva EPS bajo intervención estatal, estremeció a Colombia luego de que la autorización para el tratamiento indicado llegara varios días después de su fallecimiento, generando reclamos por la vulneración del derecho a la salud.
De acuerdo con el relato de la familia, el estudiante de Economía de la Universidad UPC de Tunja solicitó sin éxito el tratamiento a lo largo de varios meses.
El hecho más ilustrativo del colapso asistencial es la fecha específica que la familia recibió: el medicamento, solicitado desde octubre, fue autorizado para su entrega el 17 de marzo de 2026, tres días después del fallecimiento, ocurrido el sábado 14 de marzo en el cancerológico de Tunja.
“Apenas hasta el día jueves pasado nos llegó la notificación de la autorización, que ya estaba el medicamento, pero pues ya era demasiado tarde porque la salud de mi hijo ya estaba en, en un estado crítico”, explicó Gratiniano Pinzón a La FM.
Pese a tutelas, desacatos y gestiones ante las más altas instancias, ninguna de las acciones legales o administrativas consiguió la provisión oportuna del medicamento. “Hubo tutelas, desacatos, pronunciamientos públicos, incluso comunicación privada con altos funcionarios, como usted lo menciona, pero desafortunadamente eso no surtió el efecto que debía surtir”, manifestó el padre de Jeisson.
Según la familia Pinzón, la serie de obstáculos no solo fue institucional, sino también política. Giovany Pinzón, tío de la víctima y militante del Pacto Histórico en el departamento de Boyacá, realizó gestiones directas ante el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, sin recibir respuesta. “Inclusive él pidió ayuda al ministro de Salud, Guillermo Alfonso. Sin embargo, este nunca le respondió”, puntualizó el funcionario al medio de comunicación.
Para Giovany, la experiencia marca una frontera ética ineludible para el sistema: “Yo creo que es un llamado a la solidaridad y a de verdad sentir lo que la gente siente en, en cualquier rincón del país cada vez que tienen un paciente y tienen que esperar meses y meses por un medicamento, por una autorización. Yo creo que el llamado es a mi partido y a los dirigentes a que humanicemos el sistema. En realidad, sintamos que este es un gobierno que defienda la vida, que defienda al ser humano por encima de cualquier consideración”, declaró a La W.
La Defensoría del Pueblo y entidades nacionales han reiterado en días recientes que situaciones como la de Jeisson Pinzón configuran una vulneración estructural del derecho a la salud, agravada por las demoras en los tratamientos esenciales para patologías de alta complejidad.
El padre de la víctima enfatizó que su denuncia tiene un objetivo principal: “No quiero que ninguna otra familia colombiana tenga que vivir y pasar y sentir ese dolor tan inmenso por la pérdida de un hijo”, afirmó Pinzón.
El caso del joven Jeisson Javier Pinzón Sandoval expone, desde la voz de sus propios familiares y tras constatarse la fecha exacta de autorización frente a la del deceso, el núcleo del problema sanitario colombiano: los mecanismos judiciales como los son las tutela y las comunicaciones directas con altos funcionarios no garantizan la supervivencia de pacientes críticos.
Las políticas de intervención en la Nueva EPS tampoco impidieron que la autorización para el medicamento llegara únicamente cuando el paciente había fallecido.
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