La acción judicial se suma a iniciativas regionales que cuestionan el sustento jurídico de la medida y advierten posibles efectos sobre la seguridad y el equilibrio institucional en Antioquia
El Concejo de Medellín también demandará la nulidad por la suspensión de órdenes de captura a 23 cabecillas vinculados a la mesa de paz urbana de Itagüí, en una acción que busca frenar de inmediato los efectos de la resolución expedida por la Fiscalía General de la Nación.
Según Blu Radio, la demanda será presentada el lunes 6 de abril e incluirá la solicitud de una medida cautelar urgente para suspender provisionalmente la decisión mientras se resuelve de fondo su legalidad.
El anuncio fue hecho por el presidente del Concejo, Alejandro de Bedout, que advirtió que la resolución podría tener efectos inmediatos en la seguridad de la ciudad.
Esta acción se suma a la estrategia jurídica impulsada por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, que, junto con las alcaldías del Valle de Aburrá y la de Rionegro, también prepara una demanda ante el Consejo de Estado para tumbar la medida.
La controversia gira en torno a la resolución 00072 del 27 de marzo de 2026, firmada por la fiscal general Luz Adriana Camargo, que ordenó la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 23 cabecillas de estructuras criminales que participan en la mesa de diálogo del denominado proceso de paz urbana. La medida tiene una vigencia inicial de seis meses, prorrogables, y aplica en zonas como el Valle de Aburrá, Rionegro y Bogotá.
Según han reiterado tanto la Fiscalía como la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la decisión no implica la liberación automática de los procesados. De hecho, de los 23 beneficiados, siete ya se encontraban en libertad antes de la expedición de la resolución, mientras que los otros 16 permanecen recluidos en centros penitenciarios, principalmente en la cárcel de Itagüí.
No obstante, el Concejo de Medellín sostiene que la suspensión de las órdenes de captura podría facilitar escenarios de impunidad o ser utilizada por las defensas de los cabecillas para solicitar beneficios adicionales ante jueces de ejecución de penas. De Bedout aseguró que la medida podría convertirse en un “blindaje” frente a eventuales delitos futuros.
“Solicitamos una medida cautelar urgente para que esta resolución quede sin efectos de manera inmediata, mientras se estudia su nulidad”, señaló el concejal, que también afirmó que algunos de los beneficiados ya se encuentran en las calles de Medellín.
Las críticas no se limitan al cabildo local. Desde la Gobernación de Antioquia se ha insistido en que la decisión pone en riesgo a las víctimas, a operadores judiciales y a la institucionalidad. Rendón ha cuestionado que la medida se haya adoptado sin consultar a las autoridades territoriales, pese a su impacto directo en la seguridad regional.
El debate también ha sido alimentado por voces académicas y expertos en seguridad, quienes advierten sobre la fragilidad jurídica de la medida en ausencia de una legislación específica de sometimiento a la justicia en Colombia. Señalan que la suspensión de órdenes de captura, sin mecanismos robustos de verificación, podría incentivar a las estructuras criminales a dilatar los procesos sin comprometerse con resultados concretos.
A esto se suma la preocupación por antecedentes recientes. Autoridades han citado casos en los que actores armados con beneficios jurídicos similares habrían continuado delinquiendo, lo que incrementa el escepticismo frente a la efectividad de este tipo de decisiones en contextos urbanos complejos como el del Valle de Aburrá.
Por su parte, el Gobierno Nacional ha defendido la resolución argumentando que forma parte de las herramientas necesarias para avanzar en la desescalada de violencias y consolidar espacios de diálogo con estructuras criminales. Según datos oficiales, la implementación del espacio de conversación sociojurídica en Itagüí ha coincidido con una reducción en indicadores como homicidios y desplazamientos intraurbanos.
Sin embargo, las autoridades locales insisten en que esos resultados no son suficientes para justificar la suspensión de capturas sin controles más estrictos. También advierten sobre posibles efectos en el contexto político y electoral, en medio de un país que se prepara para las elecciones presidenciales de 2026.
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