La Secretaría Jurídica argumentó que las sentencias de la jurisdicción especial no cumplen con las condiciones exigidas en la ley actual para la eliminación de condecoraciones en las Fuerzas Armadas
El proyecto de decreto del Ministerio de Defensa que retiraba las medallas y honores militares a los uniformados condenados por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos, quedó en suspenso, luego de que la Secretaría Jurídica de la Presidencia le pusiera freno a la iniciativa.
El Gobierno detuvo el trámite del decreto porque considera que, según un documento oficial expedido en 2015, antes del Acuerdo de Paz con las Farc, solo las condenas dictadas por la justicia ordinaria o penal militar permiten retirar oficialmente las medallas, según documentos conocidos por la revista Cambio.
Las sentencias de la JEP no están contempladas en dicha normativa, de modo que, hasta que no haya una actualización legal, los militares señalados podrían conservar sus reconocimientos, aun si existen exhortos judiciales para su revocatoria.
El borrador preparado por la cartera de Defensa surgió tras la sentencia de la JEP que, en septiembre de 2025, condenó a 12 militares del Batallón La Popa, incluidos el teniente coronel (r) Heber Hernán Gómez Naranjo, segundo comandante del Batallón de Artillería No. 2 La Popa de Valledupar, y otros, quienes admitieron su responsabilidad en más de 130 asesinatos de civiles presentados como bajas en combate.
Ese documento reclamaba que quien haya cometido ejecuciones no debe conservar distinciones oficiales y citaba la Constitución y el reglamento militar para argumentar la necesidad de sanción simbólica.
Según el texto, revelado por Cambio y firmado por el asesor Rubén Darío Calderón Jaramillo, la Secretaría Jurídica de la Presidencia fundó su negativa en que el Decreto de 2015 solo admite el retiro de medallas con condena de la justicia ordinaria o penal militar.
Insistió en que los exhortos de la JEP no constituyen orden suficiente para quitar condecoraciones, advirtiendo que “el llamamiento o apremio no puede confundirse con una orden judicial”.
“La figura del exhorto debe entenderse como un llamamiento o apremio que se hace a una autoridad determinada y no puede confundirse con una orden judicial, aspecto que no se ha acreditado hasta el momento por el Ministerio de Defensa Nacional allegando la decisión judicial que así lo ordene”, se lee en la respuesta de la secretaría.
Implicaciones legales y políticas del rechazo al decreto de medallas militares
El rechazo evidenció un choque de criterios: mientras la cartera de Defensa planteó que las sentencias de la JEP y la aceptación de crímenes de guerra son causales de indignidad incompatibles con el honor militar, la Presidencia sostiene que la actual regulación no permite una remoción forzosa de condecoraciones. Calderón Jaramillo resaltó que el artículo 122 de la Constitución no es suficiente para ejecutar este tipo de sanción sin una reforma normativa explícita.
Abogados y voces externas, citadas por Cambio, advirtieron que mantener intacto el reglamento limita gravemente la reparación simbólica y desatiende el mandato constitucional de garantizar la “no repetición” de graves violaciones de derechos humanos.
La situación no es nueva: otros procesos, como el del general Henry William Torres Escalante—quien admitió ante la JEP 316 ejecuciones extrajudiciales—quedaron bloqueados por vacíos legales semejantes, lo que impide el retiro automático de condecoraciones cuando no existe condena en la justicia penal ordinaria o militar.
El debate sobre las medallas tiene antecedentes directos en decisiones de la Jurisdicción Especial para la Paz. En 2025, la JEP condenó a integrantes del Batallón La Popa y exhortó expresamente al Gobierno a revocar sus reconocimientos oficiales. Los militares implicados admitieron haber recibido permisos y distinciones como recompensa por resultados operacionales, que en realidad encubrieron crímenes contra civiles.
El caso impulsó acciones simbólicas. La JEP acompañó la exposición ‘Renunciar al silencio y a la negación’ en Granada, Antioquia, donde se exhiben 30 medallas que exintegrantes del Batallón Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez entregaron en un acto de reparación simbólica. En Antioquia, la justicia documentó al menos 589 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2007, reportó la desaparición de 228 personas y registró que 42 máximos responsables aceptaron su culpabilidad.
Abogados como José Hilario López y asociaciones de víctimas sostienen que retirar las medallas debe convertirse en un acto institucional de justicia, no solo en una decisión voluntaria de militares. Señalan que el verdadero significado de estos símbolos se transforma cuando el Estado los resignifica como parte de la memoria histórica y el reconocimiento de las víctimas.
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