Por: Wilson Escobar Gaviria
Sobrevivir a la emergencia sísmica fue el primer golpe para miles de familias en Pereira; el segundo, y quizás más silencioso, está golpeando directamente al bolsillo. En las últimas semanas, la capital de Risaralda enfrenta una crisis inmobiliaria sin precedentes: la demanda de vivienda se disparó de forma drástica, provocando que los precios de los arriendos alcancen techos históricos y, en muchos casos, abusivos.
Tras la orden de demolición y evacuación de múltiples estructuras en sectores clave, cientos de hogares salieron simultáneamente al mercado a buscar un nuevo techo donde vivir. Esta urgencia colectiva ha sido aprovechada por algunos propietarios e inmobiliarias para incrementar los cánones de arrendamiento muy por encima de lo normal, desatando la indignación ciudadana en redes sociales.
Ante esta situación, la Lonja de Propiedad Raíz de Risaralda y diversos expertos legales han lanzado un llamado de cordura a no especular con la tragedia. La Ley 820 de 2003 es clara: el valor del arriendo mensual no puede superar el 1% del valor comercial del inmueble. Sin embargo, la escasez de oferta presiona los precios al alza, dejando a los pereiranos entre la espada y la pared: pagar tarifas exorbitantes o quedarse sin un lugar digno para habitar.
Aunque el Gobierno Nacional y la Alcaldía avanzan en la entrega de subsidios temporales de arrendamiento, la comunidad insiste en que las ayudas se quedan cortas frente a la realidad del mercado actual. La reconstrucción de la “Querendona” no solo requiere cemento y ladrillos, sino también la protección urgente del derecho a una vivienda justa para su gente.
